Izquierda Unida se está planteando emprender acciones judiciales tras reconocer el Gobierno que la Fundación Nacional Francisco Franco, pese a ser una entidad privada, dispone de documentos oficiales declarados secretos.

En una respuesta parlamentaria adelantada por Europa Press, el Gobierno ha reconocido que la Fundación Franco dispone de documentos clasificados como secretos, fundamentalmente de la Secretaría de la Jefatura del Estado y de la Presidencia del Gobierno hasta junio de 1973, cuando se nombró presidente al almirante Luis Carrero Blanco.

El Ejecutivo asegura haber pedido que se retiren de consulta pública y que se traslade a la Administración la oportuna información para poder protegerlos y que no se divulguen.

El aviso lo había dado el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien se interesó por este asunto temeroso de que esos documentos secretos en manos de la citada entidad privada, no estuvieran adecuadamente custodiados en el archivo del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales o en el Archivo General de Palacio".

Recuperar los originales

"El Gobierno de Rajoy reconoce, ahora sí de forma explícita y por escrito, que no ha hecho nada en relación con los originales que contienen información clasificada como secretos oficiales y que, por lo que parece, no tiene intención de hacerlo", sostiene IU.

Tras recibir la contestación, el líder de IU ha puesto "en manos del equipo jurídico de esta formación" el contenido de la respuesta parlamentaria: "Vamos a estudiar detenidamente qué nuevas acciones jurídicas y también políticas ponemos en marcha para analizar y, en su caso, impedir, que se pueda estar cometiendo una presunta vulneración de la Ley de Secretos Oficiales", ha avisado.

A su juicio, el Gobierno de Mariano Rajoy podría estar incurriendo en una clara dejación de sus funciones al no exigir a la Fundación Francisco Franco la entrega de toda la documentación original que entra dentro de esa categoría de secreto oficial, no sólo copias". Y es que el Ejecutivo sólo señala que ha reclamado que los documentos se retiren de consulta pública, pero no explica "nada" del destino final de la documentación original.

Esta iniciativa de Garzón forma parte de la batería de acciones parlamentarias puestas en marcha por IU a partir del trabajo que llevan a cabo su Secretaría de Memoria Democrática que coordina Esther López Barceló, quien considera que el Gobierno del PP "muestra desde hace años una pasividad cómplice frente a los flagrantes incumplimientos de una fundación que actúa en contra de la legalidad vigente".

Cerrar el archivo

Garzón y López Barceló coinciden en que "aplicando simplemente la lógica y el sentido común", la citada documentación debería ser custodiada por una institución pública competente y no en una entidad privada.

Los diputados de IU, adscritos al grupo de Unidos Podemos, tienen también registrada en el Congreso una proposición no de ley en la que se insta al Ministerio del Interior a que firman Alberto Garzón y el diputado portavoz de IU en la Comisión de Interior, Ricardo Sixto, instan al Gobierno del PP, entre otras cuestiones, a "cerrar cautelarmente el acceso público al archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco en tanto no se recuperen los documentos públicos clasificados".