La Comunidad de Madrid es la región más afectada por el coronavirus, con más de 24 mil positivos y 3.392 muertes, según los últimos datos del ministerio de Sanidad. Durante estas semanas la presidenta madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso, ha presumido a través de decenas de entrevistas y de sus redes sociales de la gestión que está realizando el gobierno autonómico que ella preside, en contraposición a la actuación del Gobierno estatal, que ha tachado de ineficaz.

La dirigente del Partido Popular llegó a asegurar que el coronavirus no le pillaba por sorpresa. "Esto se veía venir. Era de esperar que esto iba a llegar. La conexión de China es directa, no hay una sola goma del pelo que no sea made in China", afirmó. Es más, en diversas ocasiones ha presumido de que la Comunidad de Madrid creó su propio comité de crisis del coronavirus el pasado 20 de enero, cuando la autonomía tenía la plena gestión de las compras, lo que ha llevado a la popular a reconocer cierta "imprevisión" por parte de su ejecutivo para hacerse acopio del material que ahora se demanda desde los hospitales.

En los últimos siete días, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha visto envuelta en diversas polémicas respecto a la gestión autonómica en la crisis sanitaria: el caos en el hospital improvisado de Ifema, los aviones de China con material sanitario que todavía no ha aparecido, las discrepancias con su socio de gobierno (Ciudadanos) a propósito de las residencias de mayores y la orden judicial para proveer de material sanitario en 24 horas son algunas de ellas.

La caótica gestión del improvisado hospital en Ifema

Con una sanidad madrileña al borde del colapso por la falta de camas para los enfermos por coronavirus, desde el gobierno regional se habilitó el pabellón de Ifema —un espacio utilizado habitualmente para congresos y eventos de calado— como un hospital improvisado. Tanto Ayuso como su vicepresidente, el dirigente de Ciudadanos Ignacio Aguado, han comparado la construcción desde cero de un hospital en Wuhan, China, con la adaptación del Ifema a ese uso. 

Este hospital tiene el objetivo de descargar de trabajo a los hospitales para evitar el colapso pero, como explica Público, no todos están convencidos de que funcione. Los trabajadores del hospital de campaña denuncian una falta de dirección que les coordine. No hay equipos de protección para todos y algunos tienen que recurrir a batas desechables y bolsas de basura. El personal allí presente también avisa de que hay más enfermos graves de los previstos.

Son varios los sindicatos, como Comisiones Obreras (CCOO) o la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) los que alertaron de toda esta situación tras recibir denuncias de profesionales de todas las categorías (facultativos del SUMMA 112, médicos, personal de enfermería, celadores y personal administrativo). La queja más repetida es la falta de equipos de protección y el "hacinamiento" en las zonas en las que los trabajadores esperan hasta pasar a los recintos de hospitalización. Ante el colapso, la Comunidad de Madrid ha habilitado otro pabellón, el 7, para trasladar a algunos pacientes.

Los aviones de China y la falta de material

Ayuso ha llegado a acusar, sin pruebas, al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber bloqueado en la aduana material sanitario. Sin embargo, según el Ministerio de Sanidad, la compra centralizada se ha hecho en paralelo a la de las comunidades. Fue la propia Isabel Díaz Ayuso la admitió ciertas "complicaciones" a la hora de conseguir este material tras anunciar una compra millonaria por parte de su gobierno, fletando dos aviones desde China de los que, actualmente, nada se sabe. "Es un mercado persa", justificó el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero.

En una reciente entrevista, Ayuso admitía desconocer la cuando llegarían dichos aviones: "Ya explicaré todo cuando aterricen", explicó a modo de respuesta. Desde el ejecutivo madrileño aseguran que la gestión con los proveedores ya está hecha pero denuncian las dificultades del mercado. Una problemática que también trasladan desde el Ejecutivo de Sánchez que sostiene que hay una "auténtica guerra" entre todos los países del mundo por hacerse con material y lamentan que los problemas de abastecimiento llegan porque "los proveedores no están cumpliendo".

Otra de las críticas de la presidenta madrileña es que el Estado no les da material sanitario que necesitan para hacer frente a la pandemia. Un dato que desmienten desde el Gobierno. El titular de Sanidad, Salvador Illa, afirmó durante su comparecencia en el Congreso el pasado miércoles que del total de material sanitario repartido (6.748.268 mascarillas repartidas entre el 10 y el 25 de marzo), la Comunidad de Madrid había recibido 1.922.068 de ellas.

Bajar los impuestos y pedir donaciones para Sanidad

En agosto de 2019, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid prometió en su discurso de investidura "la mayor bajada de impuestos de la historia" en la región y durante esta emergencia sanitaria, el ejecutivo madrileño ha aprobado un aplazamiento del pago de algunos impuestos en Madrid —como el de sucesiones y donaciones— como consecuencia del coronavirus. La parte fundamental de la recaudación impositiva va a parar a las pensiones y otras prestaciones sociales. Le sigue sanidad (14%) y educación y asuntos económicos.

A su vez, este mismo lunes, Diaz Ayuso ha anunciado la puesta en marcha de una web para solicitar donaciones (donamadrid.madrid) destinadas íntegramente a la Sanidad para atender la situación de emergencia con el objetivo de recaudar más dinero para los hospitales y centros de la región. Todo ello a cambio de deducciones fiscales para quien colabore. La presidenta ha estrenado esta iniciativa efectuando una aportación personal, según han informado desde el Ejecutivo autonómico.

En los últimos años han disminuido las camas de los hospitales y las plantillas de trabajadores y aumentaron las listas de espera. Desde el Gobierno de Esperanza Aguirre han bajado el número de camas de atención a los enfermos en los hospitales de la Comunidad de Madrid, que figura entre las regiones de España con menor gasto sanitario público en relación con su población. En la última memoria publicada de 2018 por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), las camas instaladas eran 14.334 y funcionaban 12.565, lo que supone un descenso de casi una de cada cinco camas (2.966 menos) respecto a 2012.

El rechazo de la Comunidad de Madrid a los impresores 3D

En un nuevo choque entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad, los de Ayuso se han visto obligados a rechazar las viseras de impresión 3D fabricadas por la red de voluntarios Coronavirus Makers. El gobierno regional enmendó su postura inicial y retiró la autorización que se expidió desde su Consejería de Sanidad en la que permitía la utilización de estos productos. El motivo que han aducido es que no cuentan con el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios (AEMPS), algo que desmienten desde el ministerio que dirige Illa.

Según la versión de la Comunidad, este caos organizativo comenzó el pasado martes, cuando el director del Proceso Integrado de Salud Manuel de la Puente dio luz verde al uso de viseras de fabricación solidaria en impresoras 3D. Lo hizo amparándose en que el material había sido "revisado, editado y validado por el personal médico de la Comunidad de Madrid", según detalla la Cadena Ser. Pero apenas 3 días después, se emitió una nueva orden en la que dejaba sin efectos esta directriz.

La Consejería de Salud madrileña aseguró que esta marcha atrás venía provocada porque la AEMPS no ha homologado todavía el material las viseras para su uso por profesionales médicos, pero desde el ministerio de Sanidad se apresuraron a desmentirlo: "Los equipos de protección individual no son productos sanitarios, por lo que no son competencia de la AEMPS", señalan. Finalmente, desde el gobierno madrileño se ha enviado una carta dirigida a Illa en la que le plantean si desde la comunidad pueden homologar dicho material.

La destititución de Cs al frente de las residencias madrileñas

El pasado jueves por la noche, desde el Gobierno de Madrid se informó de que Consejería de Sanidad, en manos del PP, asumiría el control de las residencias de mayores de la región, apartando de su competencia al Área de Políticas Sociales, liderada por Alberto Reyero, de Ciudadanos. Una decisión que se produjo después de  conocerse que un total de 1.065 ancianos han muerto en lo que va de mes de marzo en las residencias madrileñas. De ellos, 760 lo hicieron en su propio centro, y 305 en un hospital.

Durante la pasada semana, las desavenencias entre Reyero y la parte del Gobierno regional del PP fueron públicas y notorias. El anterior jueves, el consejero de la formación 'naranja' pidió que el Ejército interviniese en las residencias tras observar que se estaba reproduciendo un patrón peligroso para los ancianos, grupo de mayor riesgo mortal para el coronavirus. Sin embargo, Ayuso se apresuró a desautorizar al consejero de Cs: "No se va a hacer", afirmó.

A pesar de la orden de la presidenta popular, el viernes las Fuerzas Armadas entraron a las residencias de la Comunidad de Madrid y encontraron con "ancianos y mayores absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas", según aseguró el Ministerio Público.

La orden judicial para suministrar material en 24 horas

El sindicato de médicos y titulados superiores de Madrid (Amyts) presentó el pasado martes un escrito contra la Consejería de Sanidad de Madrid en el que reclamaba para que se dotara de material de protección a todos los centros de la red del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Al día siguiente, el Juzgado de lo Social número 31 de Madrid admitió las medidas cautelarísimas y emplazaba a la comunidad a proveer a todos los centros de batas impermeables, mascarillas, gafas de protección y contenedores de grandes residuos a la red del SERMAS en un plazo máximo de 24 horas.

La respuesta de Ayuso fue desentenderse de su responsabilidad. "Lo vamos a elevar a la autoridad pertinente, que en este caso es el mando único del ministerio de Sanidad, y más desde que se decretó el estado de alarma", justificó la conservadora en una entrevista. Su Consejero de Sanidad calificó de "despropósito" el requerimiento judicial: "Ahora nos hacen responsables a las comunidades autónomas. Es un despropósito", lamentó.

Aun así, desde el gobierno regional se apresuraron a recurrir la sentencia en base a la resolución del Tribunal Supremo que, ante una demanda similar pero en este caso de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra el Ministerio de Sanidad, resolvió a favor del Ejecutivo central.