Madrid es la comunidad autónoma con más personas contagiadas por coronavirus, con más de la mitad de los casos del conjunto del estado español. La presidenta autonómica, la popular Isabel Díaz Ayuso, ha decidido ir por libre en esta crisis y propone medidas al margen del Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, que desde que decretó el estado de alarma el pasado domingo es quien centraliza las competencias para combatir la pandemia.

Pese a esta situación, Ayuso ha protagonizado más de un encontronazo con el Ejecutivo al realizar anuncios sin su visto bueno. El pasado domingo afirmó que las peluquerías se cerrarían en la Comunidad de Madrid. "La única autoridad para adoptar decisiones respecto a la eventual suspensión de actividades comerciales es el Gobierno. La Comunidad no tiene ninguna competencia legal para cerrar establecimientos", le recordó el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Finalmente, y tras comentar el caso con el resto de líderes autonómicos, Moncloa zanjó la polémica y decidió que estos establecimientos permanecieran cerrados.

La historia se hubiera quedado en una anécdota si durante esta semana la presidenta madrileña no hubiera seguido haciendo anuncios en ese sentido. El lunes Ayuso y su consejero de Educación, Enrique Ossorio, presumían en redes sociales del acuerdo alcanzado por su Gobierno con la cadena de comida rápida Telepizza para que ésta se encargara de la comida de los 11.500 alumnos de esta comunidad que se benefician de un precio reducido en los comedores escolares por pertenecer a familias con pocos recursos. Desde el Ministerio de Sanidad volvieron a llamar la atención de la presidenta y trasladaron "la necesidad de preservar los menús saludables y de garantizar alimentación a la infancia". 

El miércoles, el gobierno regional decidió hacer pública su propia web (coronamadrid.com) que permite a los posibles contagiados de coronavirus "examinar síntomas para recibir recomendaciones de actuación y descongestionar las líneas de atención telefónica". Madrid se desmarcó —junto con Catalunya—, del proyecto del Gobierno de preparar una app para el conjunto del territorio. 

Este viernes, el equipo de Ayuso ha asegurado que empezará a buscar material sanitario por su cuenta o a fabricarlo después de acusar al Ejecutivo central  de tener "bloqueado" en las aduanas el material sanitario y de crear "un cuello de botella" tras convertirse en el mando único de la crisis. Salvador Illa se apresuró a desmentir las acusaciones de la conservadora: "No hay requisación en aduanas". Es más, el titular de Sanidad aseguró que se habían mandado a Madrid 320.000 mascarillas.

"Si es verdad que no bloquean nada, eso es que tengo luz verde para empezar a fabricar material desde Madrid, así que nos vamos a poner a todo tren y a no hacer otra cosa que fabricar material para proteger al personal sanitario, ya que están diciendo que nadie lo va a impedir", ha señalado la líder madrileña en una entrevista en Antena 3.

Ayuso se hace eco de la estrategia de Pablo Casado

Pablo Casado ha puesto en marcha su estrategia de oposición —que ha creado cierto malestar en las filas populares— a través de Díaz Ayuso. Como líder del PP, Casado no tiene foco mediático en este estado de alarma y utiliza a la presidenta madrileña para trasladar el mensaje del PP. Ayuso fue una apuesta personal suya y, al contrario que Alberto Nuñez Feijóo o Alfonso Fernández Mañueco, siempre ha cerrado filas con las decisiones de la dirección nacional.

El conservador ha vuelto a endurecer su tono este viernes. Pese a que asegura que está siendo "leal" al Gobierno, ha lanzado duros reproches al Ejecutivo a propósito de las manifestaciones feministas del pasado 8 de marzo: "Solicitamos que se armonicen los criterios para evaluar el número de infectados y de fallecidos. Desgraciadamente, estas cifras coinciden con el pico de las concentraciones multitudinarias que tuvieron lugar hace casi dos semanas, fue irresponsable alentar a manifestarse", ha asegurado.

Además, los populares se han sumado a Vox y han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la disposición final segunda del Real Decreto de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico del coronavirus, que incluyó la entrada del vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, en la comisión delegada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)