La respuesta de los Gobiernos de todo el mundo a la emergencia sanitaria causada por la enfermedad Covid-19 "no tiene precedentes", según recoge en un comunicado la Fundación Salud por Derecho, una fundación sin ánimo de lucro que trabaja en la promoción de un sistema global de protección social para que todas las personas, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la salud.

La organización ha elaborado un estudio llamado La inversión pública en la I+D en COVID-19 en el que concluye que la investigación en vacunas y tratamientos "se ha visto acelerada en los últimos meses" y que "los Estados y organismos públicos internacionales están siendo uno de los principales impulsores de estas investigaciones".

El informe recoge las principales iniciativas de investigación en China, EEUU y Europa: "Una muestra de la respuesta rápida [de los Gobiernos] son los numerosos ensayos clínicos que ya se han registrado y que aumentan a diario en todo el mundo, en los que el liderazgo de los centros públicos es muy notable".

Así, el estudio destaca los siguientes datos: "Desde el 1 de enero de este año, hay 557 ensayos clínicos relacionados con la Covid-19 registrados en China. Le sigue el registro estadounidense con 424 ensayos, de los cuales 360 son no comerciales. En Europa, el registro recoge 44 ensayos, de los cuales la mayoría están liderados por universidades, centros públicos de investigación y otras entidades sin ánimo de lucro, mientras que solo siete cuentan con financiación exclusiva de la industria farmacéutica. Esta misma tendencia se observa en España. El Registro Español de Ensayos Clínicos contiene 31 ensayos y, de ellos, 23 son no comerciales".

La fundación recoge también el ejemplo de Canadá, que ha invertido en proyectos nacionales de I+D en coronavirus unos 180 millones de euros; el de Alemania, que ha destinado un total de 145 millones de euros, y el de Reino Unido en donde "aportaciones diversas para investigación superan los 200 millones de libras". "El mapa actual de inversiones públicas en I+D es cada vez más amplio y complejo y a diario se van sumando nuevas contribuciones y proyectos en todo el mundo", agrega el estudio.

En España, "se están invirtiendo 30 millones de euros repartidos principalmente entre dos instituciones: el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Además, varios equipos de investigación españoles se suman a este impulso a través de proyectos europeos con 2,4 millones de euros de financiación".

La Fundación apunta también que otro estudio, este de la revista Nature Review Drug Discovery,  contabilizaba a fecha 8 de abril un total de 115 candidatos a vacuna, de los cuales 78 se encontraban en investigación, 73 en etapas exploratorias o pre-clínicas y 5 en fase clínica.

Salvaguardar la inversión pública

La Fundación asegura que es de capital importancia que "España salvaguarde toda la inversión pública que se está destinando a estos proyectos para que cuando los resultados de la investigación pasen de las instituciones públicas a manos de las compañías farmacéuticas, para que desarrollen y comercialicen los tratamientos y vacunas, su acceso esté asegurado y tengan precios asequibles".

"Partimos de un modelo de innovación y desarrollo que se asienta en las patentes y la exclusividad como incentivos a la innovación y que permite el establecimiento de un sistema de monopolios que no solo impone serios límites a la producción y la disponibilidad de nuevas terapias y tecnologías sanitarias, sino que permite que las empresas propietarias impongan precios altos e injustificados", asegura el estudio.

"Estos altos precios -prosigue el informe- suponen una de las principales barreras de acceso para pacientes en todo el mundo, especialmente, en las poblaciones más vulnerables y en los países de menores ingresos. Al mismo tiempo, los altos precios tensionan gravemente los presupuestos de los sistemas sanitarios públicos, debilitándolos y ejerciendo un impacto negativo sobre la atención sanitaria".

Este modelo de I+D sanitaria, remacha la Fundación Salud por Derecho, "responde a una agenda de investigación alejada de las necesidades reales de salud de la población". El estudio continúa: "Las experiencias pasadas con otros coronavirus y enfermedades infecciosas muy graves avisaban de la posibilidad de una tragedia inevitable. Sin embargo, la atención a estas amenazas y, en general, a las enfermedades infecciosas víricas y bacterianas ha continuado siendo escasa y dependiente de la apuesta del sector público por ser considerada un área poco rentable para la industria farmacéutica".

Así, según el informe, "el sector público toma las riendas en estas áreas de bajo interés para la industria a través de la financiación directa de proyectos que se llevan a cabo directamente en instituciones públicas o por medio de la puesta en marcha de colaboraciones público-privadas que incentiven la participación de la industria farmacéutica". "En ambos casos, el esfuerzo público termina invisibilizado", alerta Salud por Derecho.

Por ello, considera la fundación, "es necesario que, en España y en la Unión Europea, se incluyan condiciones en los contratos de financiación para garantizar que los medicamentos y vacunas que lleguen al mercado tengan precios justos y que haya acceso abierto a los datos —sin monopolios —para que puedan ser fabricados y comercializados por diversos proveedores". "Países como Australia o Canadá ya contemplan cláusulas de este tipo en sus contratos", se lee en el estudio.