Cuatro inspectores jefe de la Policía Nacional investigados por las cargas del 1-O han admitido este lunes ante el juez que, la víspera, visitaron los centros de votación para determinar en cuáles era "más factible" actuar y que durante la intervención utilizaron canales de comunicación paralelos.

Este lunes han declarado ante el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que investiga las cargas policiales del 1-O, cuatro de los ocho inspectores jefe de la Policía Nacional imputados por su actuación en el operativo, después de que el pasado jueves prestasen declaración otros cuatro de ellos.

Según fuentes jurídicas, los cuatro inspectores, que han respondido solo a las preguntas del juez, el fiscal, la Abogacía del Estado y sus defensas, han ratificado que recibieron la orden de actuar de un comisario con el nombre clave de "Marte", que identifican como el jefe de los antidisturbios, a partir de las 08:00 horas del 1 de octubre de 2017.

Los inspectores jefe, según los abogados de la acusación, han explicado ante el juez que se celebraron dos briefing previos al domingo 1 de octubre, ambos presididos por "Marte": uno el viernes por la tarde, donde recibieron un listado de los puntos de votación, y otro el sábado, en el que se concretaron algunos detalles del operativo policial de cara al referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

De acuerdo con estas fuentes, los inspectores jefe visitaron el sábado por la mañana los diferentes centros de votación para determinar en cuáles de ellos era "más factible" actuar, de manera que se siguió este criterio. La tarde de ese sábado, según han declarado los imputados, se celebró el segundo de los briefing en el que se concretaron algunos detalles, como el uso de canales de comunicación paralelos a las emisoras oficiales, con teléfonos móviles, o que recibieron la instrucción de no practicar detenciones.

Además, uno de ellos ha admitido, a diferencia de lo que han declarado otros mandos, que los agentes de la Policía Nacional pueden activar y desactivar las cámaras que llevan incorporadas, de forma que podían actuar con "cierta discrecionalidad" para decidir cuándo grababan.

Anaïs Franquesa, abogada de la organización pro-derechos Iridia, que ejerce entre otros la acusación popular, y el abogado Lluís Mestres, por parte del colegio Joan Fuster donde resultaron lesionadas tres personas, han señalado que tras dos días de declaraciones de estos inspectores jefe ante el juez "queda muy claro" que las instrucciones de actuar se dieron antes del 1-O, "no el mismo día ni in situ".

Consideran, así, que hubo una coordinación entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, al margen de los Mossos d'Esquadra, y sin contrastar los planes o la actuación de la policía catalana."Está clarísimo, fue así desde el primer momento", añaden.

Respecto a si van a pedir la imputación de "Marte", que las acusaciones identifican como José Miguel Ruiz Iguzquiza, Franquesa ha dicho que "todavía quedan muchas cosas por aclarar", pero que tomarán una decisión los próximos días.