Hace ya tiempo que la apuesta neoliberal y conservadora del PP de Madrid por la privatización de los servicios públicos, especialmente de la sanidad, se ha convertido en norma habitual. Desde los tiempos de Esperanza Aguirre el PP siempre ha mostrado su afán más privatizador y ni tan siquiera la pandemia ha logrado frenar sus planes. Buen ejemplo de ello es lo que ha ocurrido en el nuevo hospital de emergencias Isabel Zendal, con el que el Gobierno madrileño presidido por Isabel Díaz Ayuso ha seguido repartiendo el pastel entre las empresas privadas. Ahora un demoledor informe elaborado por el grupo ciudadano Audita Sanidad pone cifras concretas a ese reparto: uno de cada dos euros del presupuesto de la Consejería de Sanidad es gestionado por empresas privadas.

Esa es la principal conclusión del informe titulado El papel del sector privado en la sanidad pública madrileña, un documento que a lo largo de sus 115 páginas muestra con datos extraídos de los presupuestos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid como en los últimos años "no sólo se ha producido un progresivo proceso de privatización del sistema sanitario público madrileño sino que, al mismo tiempo, se ha desposeído de la capacidad de gestión a la Consejería de Sanidad".

Los autores del informe no dudan en denunciar que en Madrid "se están entregando demasiados segmentos de la sanidad pública a la sanidad privada" a partir de "decisiones políticas e ideológicas orientadas fundamentalmente a transferir recursos desde el sector público al privado".

Las cifras son elocuentes. El informe de Audita Sanidad bucea en los presupuestos ya liquidados de la consejería de Sanidad entre los años 2015 y 2018. Entre esos años el dinero público que pasó a ser gestionado por empresas privadas en la sanidad madrileña aumentó en un 15,6%.

En 2015, las empresas privadas hicieron un buen negocio con la sanidad pública: gestionaron 3.575 millones de euros de dinero público sobre un presupuesto total de 7.697 milones, el 46% de todo el dinero dedicado a la sanidad. Tres años más tarde, en 2018, el sector privado controló 4.131 millones en actividades relacionadas con la sanidad, lo que supuso un 49,4% del presupuesto liquidado, que fue de 8.365 millones de euros.

El sector público ya apenas pinta nada. Sirva como ejemplo, que cerca del 80% del dinero gestionado en 2018 por la consejería de Sanidad (3.543 millones de euros), fue destinado a pagar los gastos de personal, por lo que la capacidad financiera para gestionar recursos sanitarios de la Comunidad de Madrid se vio reducida a un 8,3% del presupuesto, o lo que es lo mismo a un importe de 691 millones euros.

Este último dato es bastante llamativo, sobre todo porque se han dejado en manos del sector privado todo tipo de servicios en la gestión sanitaria, desde la limpieza, la seguridad o la lavandería hasta la gestión de las listas de espera o de muchos hospitales en la Comunidad de Madrid. 

Bajo muy diversa terminología y lenguaje – "colaboraciones público-privadas", "conciertos", "convenios singulares" o "acuerdos marco"– los autores del informe aseguran que en Madrid se ha seguido una premeditada y calculada estrategia de privatización gracias, entre otras circunstancias, a la connivencia entre los responsables públicos y las empresas privadas del sector, muchas de ellas ya copadas por fondos de inversión. 

El mal ejemplo de los hospitales

Nada ejemplifica mejor esta renuncia a lo público en Madrid que la gestión de los hospitales que Esperanza Aguirre construyó a partir de 2007 gracias a la llamada "colaboración público-privada".

Hay dos modelos de hospitales, los de Colaboración Público-Privada, en los que se privatiza por completo toda  la gestión, incluyendo los servicios sanitarios, y en los que la Consejería de Sanidad paga, con periodicidad anual, a las empresas adjudicatarias por la población que cubren (pago capitativo), y los hospitales PFI (del inglés Private Finance Initiative), en los que la administración controla los servicios claves y subcontrata la gestión del resto de servicios (construcción, mantenimiento, limpieza, seguridad, catering, hostelería, servicios auxiliares, logística, gestión documental con empresas privadas).

En el informe de Audita Sanidad también se señala: "Bajo este modelo PFI, los proyectos de construcción de hospitales son financiados por el sector privado de forma que un grupo de empresas privadas, generalmente sin experiencia en el campo sanitario (suelen coincidir empresas de la construcción, servicios y bancos), financian y construyen un nuevo hospital". 

Luego, la administración pública paga un alquiler o arrendamiento durante un plazo de entre 30 y 60 años al grupo de empresas propietarias del hospital. "De esta forma se cubren gastos de construcción, el alquiler del edificio, el gasto de servicios de soporte y los supuestos riesgos transferidos al sector privado", añade el informe de Audita Madrid.

El informe también denuncia la cada vez mayor presencia de fondos de inversión en la gestión de la sanidad madrileña. De hecho, de los siete hospitales del modelo PFI existentes en la Comunidad de Madrid, seis son ya propiedad de fondos de inversión.

Estas  prácticas suponen de facto un encarecimiento cuantioso de la sanidad para las arcas públicas. La Cámara de Cuentas de Madrid ya advirtió en su momento que una desviación desde la sanidad pública para los hospitales privados, PFI y otros, multiplicaba por seis o siete el coste de muchas operaciones quirúrgicas, sin aumento de la calidad.

Pero la voluntad privatizadora ha sido tan voraz en los últimos años que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid es la única que tiene privatizados todos los servicios de informática. Las empresas más favorecidas, por supuesto, son las del sector farmacéutico, que sólo en 2018 se embolsaron 2.183 milllones de euros, entre el suministro de productos farmacéuticos y el gasto en recetas, que en 2018 alcanzó los 1.297 millones de euros.

Falta de transparencia y falsas coartadas

Toda este procesos adelante con una evidente falta de transparencia . Los autores del informe acusan al PP y sus socios de tener una agenda oculta: aseguran que los gobernantes de la Comunidad de Madrid pretenden "ceder la gestión estratégica del sector sanitario público a entidades a privadas".

Para ello buscan todo tipo de coartadas, como la del incremento la deuda pública de Madrid, que entre 2010 y 2018 pasó de 14.323 millones de euros a 33.270 millones. "El hecho de que invoquen la deuda para reducir los gastos públicos, muy especialmente para transferir recursos sanitarios del sector público al sector privado, sin que se note ninguna preocupación por reducir la deuda de la Comunidad de Madrid, nos hace pensar que lo que buscan, con agenda oculta, no es reducir la deuda, sino desmantelar los servicios públicos para entregarlos a empresas privadas: de hecho el énfasis les gusta ponerlo en la reducción y elusión de impuestos", aseguran los autores del informe.

Audita Madrid sospecha que detrás del aumento de la deuda de la Comunidad de Madrid y de la permanente bajada de impuestos con la que se llenan la boca los responsables del PP madrileño no hay otro objetivo que "la laminación de los servicios públicos y de la capacidad de financiación pública". Pero sin que se note.

Y para ello se recurre al clásico troceo de contratos en las adjudicaciones: a lo largo de 2018, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid adjudió 2025 contrato a empresas privadas por un importe de 865 millones de euros. Además, ese mismo año se adjudicaron 456.291 contratos menores por importe de casi 794 millones de euros.

Un número ingente de contratos que evidencian, según los autores del informe, "manifiestas irregularidades en el cumplimiento de las Leyes de Contratación del Sector Público vigentes durante el año 2018" y en el control y seguimiento de estps contratos por los poderes públicos, entre ellos la Asamblea de Madrid y los partidos políticos. 

Esas irregularidades también se materializan en la pertinaz desviaciones presupuestarias. El informe señala que cada año, especialmente en los años 2015 y 2018, se producen desviaciones de entre un 5% y un 6% de cantidad inicial (hablamos de entre 400 y 600 millones de euros anuales) que en buena también van a parar a las empresas privadas.

Ante este escenario, los autores del informe proponen varias soluciones para frenar esta fiebre privatizadora de la que hace gala el Gobierno de la Comunidad: auditorías ciudadanas, estrategias reversión al sector público de servicios ya privatizados,como se ha hecho en la Comunitat Valenciana, además de derogar el artículo 90 de la Ley General de Sanidad que permite a entrada del sector privado en la Sanidad Pública. Todo ello junto a otras reformas legales y fiscales que permitan un mayor control ciudadano sobre un servicio esencial del Estado de bienestar