Indignación y tristeza son los términos empleados este lunes por el Ministerio de Igualdad al conocer que el PSOE ha registrado en solitario en el Congreso una proposición de ley para modificar la ley del solo sí es sí. Para el Departamento que dirige Irene Montero, las negociaciones no estaban rotas, pero esta decisión de los socios de Gobierno muestra hasta que punto las discrepancias en el seno del Ejecutivo por una de sus leyes estrella siguen muy vivas.

Este domingo, los socialistas dieron unilateralmente por rotas las negociaciones y a primera hora del lunes presentaron en el Congreso una proposición de ley para modificar la norma. Entre las medidas propuestas por los socialistas figura una de las líneas rojas de Igualdad: meter en el artículo 178, donde se regula el consentimiento, una cláusula que vuelve a introducir el concepto de violencia e intimidación.

Para Justicia, esta medida, junto con un incremento de las penas a niveles en los que estaban en el anterior Código Penal, suponen el parche que buscaban para enmendar la norma ante la constante rebaja de penas que se han dado en distintos tribunales en los últimos dos meses. Sin embargo, dichas rebajas no se pueden frenar con una nueva norma y desde Igualdad acusan al PSOE de devolver la ley al sistema anterior, sacando el consentimiento fuera del centro del texto legal. 

En una comparecencia este lunes ante los medios de comunicación, la delegada del Gobierno, Victoria Rosell, aseguró ver con gran preocupación cómo se vuelve a introducir en la ley el viejo esquema de la violencia y la intimidación, que responde a un modelo contrario al que se trabajó durante los más de dos años y medio de tramitación de la norma. La propuesta de Igualdad pretendía incluir la violencia y la intimidación como una agravante en la ley, pero no como un subtipo en el propio artículo que regula el consentimiento. 

"Nuestra propuesta suponía respetar el modelo y subir las penas cuando haya violencia e intimidación como una agravante. Sin embargo, la propuesta de Justicia es simple y llanamente volver al viejo sistema que no ha funcionado y que llevamos tantos años comprobado sus dañinos efectos sobre las mujeres, sobre el número de denuncias, sobre el numero de condenas, y el dolor que causan las pruebas. Nos parece un retroceso", afirmó la exmagistrada.

Una segunda ola de revisiones

Rosell, además, advirtió de la posibilidad de que el cambio de la norma propuesto ahora por los socialistas pueda provocar una segunda oleada de revisiones de condenas. El cambio propuesto por Justicia y presentado este lunes como una proposición de ley incluye hasta cuatro artículos transitorios, es decir, los que explican la forma en que se debe transitar o aplicar la ley entre la antigua y la nueva. Entre ellos está el que actualmente contiene el Código Penal, que afirma que las penas no deben ser revisadas y que Igualdad defendió que debía utilizarse en las revisiones de penas porque estaba vigente.

A lo largo de estos meses hubo mucha discusión sobre si a la ley del solo sí es sí le había faltado introducir un derecho transitorio. Igualdad y otros juristas consultados por este periódico afirmaron que no era necesario, puesto que este texto está ya incluido en las medida transitoria quinta del Código Penal. Para Rosell, incluir ahora este mismo texto en la ley, tal como recoge la proposición del PSOE, supone que muchos tribunales que no revisaron las penas con la ley del solo sí es sí , porque ese texto estaba vigente, puedan considerar ahora que no lo estaba al haberse introducido en la ley y que vuelvan a mirar las revisiones con esta salvedad en mente. 

"Justicia dice que no va a haber revisión de penas cuando ente en vigor su propuesta. En absoluto estoy de acuerdo con eso. Lo que he leído en la proposición de Justicia puede dar pie a revisiones en tribunales que hasta ahora no han revisado. Nosotras hemos hecho propuestas que no incurrían en el riesgo de abrir la puerta a lo que se quería evitar", afirmó la exmagistrada. Rosell añadió que las revisiones de condenas por la ley del solo sí es sí ya debían estar terminando o debían haber acabado, cinco meses después de publicarse la ley, pero que con la reforma del PSOE se corre el riesgo de "volver a abrir la puerta a nuevas revisiones".

Desde Igualdad afirman que desde el mes de diciembre han presentado a Justicia hasta seis posibles reformas de la norma que incrementaban las penas, pero no tocaban el corazón de la ley, que es el consentimiento. Sin embargo, éstas han sido rechazadas por los socialistas.

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, reconoció ante los medios de comunicación que "estamos ante un momento delicado y muy preocupadas. Es triste para las feministas que hoy se tenga que reabrir un debate que creímos cerrado. Y este debate tiene que ver con un posible retroceso que pasa por esa vuelta al código penal de La Manada que tantos problemas y revictimización causó a las mujeres que habían sufrido agresión sexual".

Rodríguez aseguró también que esta huida hacia adelante del PSOE en solitario supone "fallar a las mujeres y también a este Gobierno de coalición" . La secretaria de Estado subrayó que esta ley basada en el consentimiento era "un acuerdo de coalición".

Rodríguez recordó que tanto el Convenio de Estambul como el Grevio (un órgano independiente que vigila la aplicación de dicho convenio en cada país) obligan a España a poner el consentimiento como eje para juzgar la violencia  sexual. Y explicó que la paralización que le sucede a muchas víctimas de violencia sexual "hace que sea imposible que en muchos casos pueda demostrarse que hubo resistencia o violencia, porque no se resistieron". Por eso, insistió en que introducir, como propone Justicia, la violencia y la intimidación como subtipo dentro del articulado de la ley es volver a ese viejo modelo.

Rodríguez confirmó que no dejarán Igualdad, porque el Ministerio es ahora más necesario que nunca. La número dos del Departamento subrayó que seguirán haciendo propuestas para evitar que la proposición del PSOE siga adelante "porque aún es posible un acuerdo".