Desde que a mediados de noviembre empezaran a conocerse las primeras rebajas de condena a los agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley de libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, las formaciones que apoyaron la norma en el Congreso, en su mayoría socios parlamentarios del Gobierno, se mostraron favorables a retocarla para asegurar una "correcta aplicación" de la misma e impedir estos "efectos indeseados". En ese momento, ni PSOE ni Unidas Podemos sopesaban esa opción, o al menos no en público, a pesar de la campaña política y mediática de la derecha en torno a esta cuestión.

Más de dos meses después, el goteo de rebajas y la alarma social ha continuado. Y, aunque las dos almas del Gobierno coinciden en señalar que la ley es "buena" y que son más las sentencias que no han rebajado las penas a los agresores sexuales que las que sí  –todavía no hay datos oficiales de cuántas se han rebajado y cuántas son firmes–, la división del Ejecutivo sobre la respuesta a esta crisis se ha materializado en el Congreso.

El PSOE ha registrado este lunes su propuesta de reforma en solitario al no haber alcanzado un acuerdo con Unidas Podemos, cuyas negociaciones estaban encalladas pese al intercambio de propuestas por ambas partes en las últimas semanas. El portavoz socialista, Patxi López, ha reconocido que la reforma de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual no frenará las rebajas de condena, pero que se hace para "corregir los efectos no deseados" de "una buena ley" y "acabar con la alarma social".

En esencia, la proposición de ley propone aumentar las penas a los agresores sexuales cuando actúen con violencia o intimidación y "acota" las horquillas para que las condenas sean "mucho más correctas" cuando la reforma entre en vigor. De este modo, aunque no recupera el modelo anterior, el cual distingue entre abuso y agresión sexual, para determinar las penas sí se tiene en cuenta "si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación".

Este es el principal punto de discrepancia con sus socios de la coalición, ya que entienden que, al recuperar la violencia y la intimidación, se desplaza el núcleo de la norma basado en la necesidad de que exista consentimiento en las relaciones sexuales. Por su parte, los socialistas rechazan esta afirmación al sostener que la reforma no toca el artículo del consentimiento.

En el marco de esta división, cuya batalla se traslada ahora al Congreso con la tramitación de la norma –será por el procedimiento de urgencia para que entre en vigor "cuanto antes"–, PSOE y Unidas Podemos miran hacia los socios que respaldaron el texto hace unos meses para que la balanza de la reforma se incline hacia un lado u otro.

Al margen de estos votos, el apoyo del PP puede ser determinante para que la propuesta del PSOE vea luz verde. De hecho, los conservadores han vuelto a tener este lunes la mano a los de Pedro Sánchez, pero estos han dejado claro que no negociarán el apoyo con el PP y sí "con todos los demás", en vistas a llegar a un acuerdo durante la tramitación parlamentaria con Unidas Podemos. Cabe recordar que los de Feijóo, aunque también alertaron de la posible rebaja de penas, como otras formaciones e informes preceptivos, centraron su voto en contra de la norma estrella de Igualdad en el argumento de que "eliminaba la presunción de inocencia".

De cara a las negociaciones que se abren a partir de ahora, en medio de mensajes cruzados entre Justicia e Igualdad, el foco se posa sobre fuerzas como ERC, PNV, EH Bildu, Más País o Compromís. A la espera de que estas formaciones analicen el texto legislativo del PSOE y anuncien el sentido del voto, todas ellas han puesto un límite muy claro a la reforma, y es mantener intacto el corazón de la ley, es decir, dejar el consentimiento en el centro. 

ERC y EH Bildu han insistido además en que cualquier reforma tiene que contar con el visto bueno del Ministerio de Igualdad, algo que hasta la fecha no se ha producido. De hecho, tanto estas formaciones como el resto de socios han criticado las disputas en el Gobierno en torno a esta cuestión, pues han convertido el debate de la reforma de la ley "en algo ideológico o de toma de posiciones electorales más que de contenido", como ha afirmado este lunes el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

En cualquier caso, para determinar una respuesta a dicha reforma, estos partidos deberán estudiar si la propuesta de los socialistas supone o no un retroceso en la ley en lo relativo al consentimiento ante las dos versiones que ofrecen las formaciones del Gobierno. Hay un consenso generalizado en que su eventual reforma es imparable, la cuestión será el cómo y con qué apoyos.