El Congreso admitirá a trámite previsiblemente este martes los dos impuestos sobre los beneficios extraordinarios de las grandes compañías eléctricas y entidades financieras, una proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos y que colocará al PP, el principal partido de la oposición, frente al espejo al tratarse de una medida similar a la incluida en la hoja de ruta de la UE para hacer frente a un invierno incierto ante los potenciales cortes energéticos rusos.

Fuentes de la dirección del grupo popular aún no concretan su posición en la votación de este martes. Si bien, otras fuentes del PP adelantan el rechazo a esta medida, en la misma línea que lo que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo votó en julio a través de una propuesta de resolución de los socialistas para la fase final del debate sobre el estado de la nación. Pese al no de los populares, la medida fue aprobada por un amplio espectro de la Cámara Baja).

Cuando Pedro Sánchez avanzó la creación de los dos nuevos gravámenes, Feijóo le acusó de "copiar" las propuestas de Podemos, el otro partido que integra el Gobierno de coalición, y advirtió, sin conocer más detalles del texto, que ambos impuestos "acabarán repercutiendo en los ciudadanos".

En estos términos se pronunció este mismo lunes el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP. "Parece claro que esos impuestos acabarán siendo pagados por los ciudadanos, con lo cual a nosotros nos pone en una situación en la que no compartimos", señaló sin rechazar de manera expresa la medida.

Multas de hasta el 150% de los impuestos que repercutan a sus clientes

Lo cierto es que, para impedir que las empresas trasladen el coste del impuesto a los clientes, la iniciativa legislativa establece una sanción del 150% del importe que se traslade al usuario. Así, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) será la encargada de velar de que no se repercuta sobre los clientes en el caso de las energéticas, mientras que para los bancos, el organismo regulador deberá colaborar con el Banco de España.

La propuesta registrada a finales de julio por PSOE y Unidas Podemos plantea un gravamen temporal del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año.

Según recoge el texto, el nuevo impuesto al sector energético estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023. En cuanto al gravamen relativo a las grandes entidades financieras, beneficiadas por la subida de los tipos de interés, tendrá una duración de dos años, en concreto sobre los ejercicios 2022 y 2023, y buscará recaudar 1.500 millones cada año.

Propuestas que ya se aplican en otros países de la UE

Cabe destacar que Feijóo también aludió en una entrevista en La Razón a que estos gravámenes "no encajan en un país de la UE", a pesar de que el impuesto a las empresas energéticas ya se aplica en Italia, Grecia y Rumanía, mientras que Portugal, Bélgica o Francia, entre otros, gravan de diferentes formas los beneficios de las entidades financieras a raíz de la crisis de 2008.

A ello se le suma que el plan diseñado en el seno de la UE para hacer frente a la crisis energética recoge un gravamen a los beneficios extraordinarios de las compañías fósiles y un límite a los de las renovables. Esta es una de las cuatro medidas consensuadas por los 27 ministros de Energía en un consejo extraordinario del ramo celebrado el pasado viernes.

Esta propuesta recoge el guante lanzado días antes por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: "Nos enfrentamos a una situación extraordinaria porque Rusia es un proveedor en el que no se confiar y está manipulando nuestro mercado energético. Hacemos frente a unos precios astronómicos para consumidores y compañías y a una enorme volatilidad del mercado", sostuvo la mandataria, que es también miembro del Partido Popular Europeo.