Los 27 ministros de Energía, reunidos en un Consejo de Energía extraordinario, marcan la hoja de ruta para hacer frente a uno de sus inviernos más inciertos y fríos. En un encuentro que no ha sido fácil y probablemente no sea el último de este mes, los Veintisiete han acordado cuatro áreas de interés: un gravamen a los beneficios extraordinarios de las compañías fósiles y un límite a los de las renovables, un mecanismo de emergencia temporal para imponer un precio límite al gas, una estrategia de ahorro energético y la puesta en marcha de instrumentos de liquidez en los mercados financieros.

La pelota está ya en el tejado de la Comisión Europea. La presidenta Ursula von der Leyen deberá recoger estas directrices y darles forma en torno a una propuesta legislativa detallada que verá la luz la próxima semana. Será este el documento clave que determinará el calendario y el alcance de las medidas europeas para hacer frente a unos precios de la electricidad astronómicos. 

La ambición es cerrar la nueva legislación este mismo mes de septiembre, por lo que otro Consejo de Energía es más que probable en las próximas semanas con las medidas sobre la mesa mucho más detalladas. Entre las medidas que parecen generar más consenso se encuentran el límite a las energías inframarginales –nucleares y renovables- y una "contribución solidaria" a las compañías fósiles, todo ello con el objetivo de redirigir las ganancias a los consumidores y quizá a las empresas más vulnerables.

"Hay que ser claros. Estamos en una guerra energética con Rusia. Manipulando el mercado del gas, Putin está tratando de romper la paz social de nuestros países atacando nuestras economías y condicionando nuestro estilo de vida. Haremos todo lo que haga falta para proteger a nuestros ciudadanos y para garantizar que habrá energía suficiente a precios competentes", señalaba Josef Sikela, ministro de Industria y Comercio checo, en nombre de la Presidencia del Consejo a su llegada.

Las capitales llegaban muy divididas en torno a varias de las medidas sobre la mesa. Especialmente complicado es el punto sobre imponer un límite al gas ruso, un paso de altura por el que abogan los Bálticos y Polonia, pero que genera resistencias en otras capitales por las posibles consecuencias. Putin ya ha advertido de que respondería a esta medida vetando cualquier energía –petróleo, carbón o gas- hacia el territorio comunitario.

No está claro si la medida definitiva se materializará en torno a un tope a todo el gas importado o solo al ruso. Es la iniciativa más complicada desde el punto de vista intervencionista, de unidad, logístico y de implicados.

En el seno del Consejo y entre las propias instituciones hay opiniones muy diferentes. La Comisión Europea ya se declina por el segundo escenario. "Es razonable poner un límite al precio del gas ruso porque el contexto es que Rusia está cosechando grandes beneficios a través de manipular de formas artificial los precios en el suministro", ha asegurado en rueda de prensa Kadri Simson, comisaria de Energía.

Bruselas alega que extender la medida a todo el gas importado por la UE generará tensiones con sus principales suministradores, como Noruega o Argelia, y posibles desequilibrios en un momento de gran competición por, por ejemplo, el gas natural licuado. En cualquier caso, el documento que vea la luz la próxima semana establecerá "medidas sin precedentes en una situación sin precedente".

La otra arteria sobre la que el Ejecutivo comunitario debe concretar es la de ahorro energético. Y aquí se espera un posible choque con la institución hermana que reúne a los 27 Estados miembros. Von der Leyen quiere una reducción de la electricidad obligatoria en las horas de mayor demanda y, por tanto, las más caras. Pero todo lo que huele a paso vinculante genera resistencias en las capitales, que prefieren un mecanismo con base voluntaria como el que rige el ahorro de gas del 15% actual. 

Según la Presidencia checa del Consejo, el escenario más probable pasa por un ahorro de electricidad adaptado a cada país con un posible botón en caso de que se llegue a una situación de emergencia.

Los europeos llegan a la cita con las reservas de gas llenas en un 83%. Pero con la inflación récord, los potenciales cortes energéticos rusos y los precios de las facturas de la luz por las nubes, enfrentan uno de sus inviernos más inciertos. Algunos países como Bélgica avisan de que la crisis es estructural y será larga. Su primer ministro Alexander de Croo aseguraba que tenemos por delante "cinco o diez inviernos duros".

Por ello, una de las estrategias de España en la cita ha sido ampliar la mira a largo plazo empujando el debate hacia la necesidad de acelerar las interconexiones energéticas.

España, "satisfecha"

Al final de la cita, España ha mostrado su satisfacción tras celebrar que el tiempo le ha terminado dando la razón. El país lleva un año, antes de la guerra, dando la batalla en la capital comunitaria para reformar el mercado eléctrico europeo.

Aplicará hasta marzo del próximo año la excepción ibérica que, junto a Portugal, le permite desacoplar el precio del gas al del coste de la electricidad. A su llegada al edificio del Consejo, la responsable de Transición Ecológica afeaba que la UE iba un año tarde, pero al final ha terminado aplaudiendo el consenso en el momento actual de "desasosiego".

Varios Estados miembros están estudiando aplicar una medida que el Ejecutivo de Pedro Sánchez asegura ha permitido ahorrar millones de euros a los consumidores sin necesidad de echar mano del presupuesto europeo. La Comisión Europea es, sin embargo, reticente a aplicar este mecanismo al conjunto de la UE. Ni siquiera consta entre las cinco medidas que presentó Von der Leyen esta semana.

Los técnicos de Bruselas alegan que esta medida funciona en la península por su carácter peculiar de isla energética pero creen que extenderlo al conjunto del bloque daría lugar a distorsiones en el mercado con otros países muchos más interconectados. Por otro lado, el Ejecutivo comunitario alega que el mecanismo ibérico es a largo plazo controvertido con el pacto verde porque aumenta la dependencia del gas.

En el otro gran debate de la jornada, el del tope a la compra de gas, España se sitúa en el grupo de países que piden analizar más a fondo las consecuencias de tal medida. Nuestro país fue en julio y agosto el mayor importador de gas licuado ruso y, por ello, se expone a las repercusiones que puede generar esta medida.

No obstante, solo un país, la habitual Hungría de Víktor Orbán, se opone con vehemencia a topar el gas importado de Rusia. Sobre el ahorro energético, Madrid apoyaría que se establezcan límites en las horas punta, pero pide "flexibilidad" teniendo en cuenta que la situación de cada país es diferente. Según los cálculos de La Moncloa, el plan de ahorro energético ha contribuido a reducir el 3,6% el consumo de electricidad.