La tramitación de los dos impuestos sobre los beneficios extraordinarios de las grandes compañías eléctricas y entidades financieras echará a andar previsiblemente el próximo martes, cuando el Congreso examine la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos.

Con el regreso de la actividad ordinaria en la Cámara Baja tras el parón estival, los socialistas utilizarán su cupo para llevar esta iniciativa al primer pleno. Una vez se admita su toma en consideración, fuentes de ambos grupos parlamentarios señalan que la intención es tramitar la medida de manera urgente y que el nuevo gravamen quede aprobado antes de que finalice 2022.

Tras el rechazo de las derechas a la creación de estos dos impuestos, el Gobierno es consciente de que tiene que pactar con sus socios habituales para sacarlos adelante. En este sentido, aunque a priori dan los números para ello al existir una amplia mayoría de acuerdo con "el fondo y la necesidad" de la ley, el PNV y EH Bildu ya han avisado de que no comparten "la forma".

El motivo es que estos gravámenes están configurados en el texto legislativo como "prestación patrimonial pública no tributaria", por lo que choca con los sistemas fiscales propios de Euskadi y de Navarra. Esto es, a pesar de que su función es tributaria, escapan del control de las Haciendas forales de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.

Ante la petición de estos grupos de que se reconozca la capacidad de gestión sobre estos gravámenes por parte de estos sistemas propios, fuentes cercanas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señalan la predisposición para negociar durante la tramitación parlamentaria de la norma el encaje de este mecanismo y que, de este modo, salga adelante.

Los impuestos buscarán recaudar 7.000 millones

La propuesta registrada a finales de julio por las formaciones que sostienen el Gobierno plantea un gravamen temporal del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año.

Según recoge el texto, el nuevo impuesto al sector energético estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.

En cuanto al gravamen relativo a las grandes entidades financieras, beneficiadas por la subida de los tipos de interés, tendrá una duración de dos años, en concreto sobre los ejercicios 2022 y 2023, y buscará recaudar 1.500 millones cada año.

Para impedir que las empresas trasladen el coste del impuesto a los clientes, la iniciativa legislativa establece una sanción del 150% del importe que se traslade al usuario. Así, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) será la encargada de velar de que no se repercuta sobre los clientes en el caso de las energéticas, mientras que para los bancos, el organismo regulador deberá colaborar con el Banco de España.