Pedro Sánchez ha avanzado un paquete de medidas para paliar las consecuencias económicas que llegarán a España tras las sanciones a Rusia para aislar a Vladímir Putin. "Debemos hablar con claridad a los españoles y españolas, las medidas van a tener un coste y van a exigir sacrificios, porque las sanciones a Rusia repercutirán en la economía de las familias y en los productos básicos", ha advertido, en la línea de este análisis avanzado por Público, como consecuencia de la inflación y la incertidumbre económica incrementada por la guerra en Ucrania. 

El presidente del Gobierno ha alertado que es muy probable, además, que las sanciones tengan efectos en las exportaciones y en los flujos de turistas y que se produzca interrupciones bruscas en las importaciones en Ucrania, uno de los principales suministradores de cereales de aceite y de girasol y otras importaciones de productos agropecuarios. 

En el caso energético, Sánchez ha reconocido que España tiene menor dependencia que otros países europeos, pero aun así adelanta que habrá efectos por las subidas en los mercados del gas y del crudo. El líder del Ejecutivo prevé que los precios se mantendrán altos repercutiendo en el IPC y, por lo tanto, en el poder de compra de los españoles. Ha avisado que esto ralentizará el crecimiento económico y provocará una caída de las inversiones. "El coste de la no respuesta sería aún mayor", ha manifestado. 

Medidas en el plano europeo y nacional

El presidente ha desentrañado un paquete de medidas en "dos frentes": europeo y nacional. En el ámbito de la Unión Europea ha pedido actuar para tener mayor autonomía estratégica y reducir las dependencias, especialmente del gas ruso. De hecho, ha añadido que España ha propuesto reducir la volatilidad y desacoplar temporalmente los precios del gas y de la electricidad para evitar que la subida extraordinaria del precio mayorista del gas marque el precio de toda la electricidad, que luego se traduce en incrementos en las facturas de los hogares. Del mismo modo, ha subrayado la necesidad de implementar políticas para frenar la especulación en el mercado de emisiones de CO2. 

En cuanto a la fiscalidad, Sánchez ha sostenido que "en el actual contexto no parece razonable volver a las reglas fiscales anteriores, que provocarían un desajuste desproporcionado", reduciendo el gasto social y, en consecuencia, socavando "la cohesión social". Respecto a la actuación en el ámbito nacional, el jefe del Ejecutivo ha indicado que se debe establecer "un gran pacto de rentas" para dar estabilidad "desde la perspectiva de los costes salariales y desde la moderación de los márgenes y beneficios de las empresas para no caer en una espiral inflacionaria y ponga en riesgo la recuperación económica".

Política energética

Uno de los puntos centrales de su intervención ha estado relacionado con la política energética. Ha anunciado que el Gobierno extenderá hasta el 30 de junio las medidas fiscales de tipos más reducidos para la energía. Por lo tanto, se mantendrá el IVA al 10%, continuará la suspensión del Impuesto al Valor sobre la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) y se mantendrá al 0,5% el impuesto especial de la electricidad, tributo que grava el coste de fabricar energía. 

A largo plazo, Sánchez ha asegurado que su Gabinete trabaja en un plan para reducir el consumo energético de los edificios de la Administración del Estado. Destinarán una partida de 100 millones de euros para la sustitución de alumbrado público y asignarán otros 500 millones para "acelerar el autoconsumo". Ha hecho hincapié en la necesidad de desplegar el uso de energías renovables en todo el territorio. 

El presidente del Gobierno ha señalado que intensificarán la promoción del turismo en España ante la eventual ausencia de turistas rusos. Asimismo, ha informado que España va a solicitar a la Comisión Europea facilitar la oferta de cereales en los mercados europeos e internacionales ante las posibles coyunturas que se presentan en el sector primario, sobre todo en el entorno agrícola. "Pediremos la activación de los mecanismos de la organización común de los mercados agrícolas (OCM) —la red europea de seguridad para los mercados agrícolas— para prestar apoyos a agricultores y ganaderos", ha concluido.