La opacidad en torno a las exportaciones de armamento español impregna tanto el antes como el después. No en vano, el hermetismo oficial en torno a las operaciones más delicadas autorizadas por el Estado tendrá continuación en el mecanismo de "verificación ex post" que el Gobierno ha decidido aplicar por primera vez a nueve envíos de munición a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, responsables de los ataques contra la población civil en Yemen.

Amnistía Internacional (AI) acaba de hacer cuentas. En base al informe presentado el pasado 22 de junio ante la comisión de Defensa del Congreso por parte de la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, la organización de derechos humanos ha llegado a la conclusión de que solo nueve de las 113 licencias de exportación de armamento autorizadas a Arabia Saudí y Emiratos entre 2020 y 2021 han merecido la aplicación de ese mecanismo posterior de control, lo que supone el 7,9%. 

Según los datos ofrecidos por el Gobierno, cuatro de esas nueve operaciones corresponden a las autorizadas en 2020 y las restantes cinco a 2021. En ese mismo periodo, el número total de licencias de exportación de material de defensa a distintos países llegó a 5.909.

En abril de 2020, la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), encargada de conceder las licencias de exportación de armamento, incorporó un "certificado de último destino de control ex post" que incluye expresamente una "cláusula de verificación en destino del producto exportado en las operaciones en las que así se decida por la JIMDDU".

El Certificado de Último Destino (CUD) señala que el Gobierno del país que compra el armamento "se compromete a colaborar con las autoridades de control de exportación del Reino de España de forma conjunta, con el fin de establecer mecanismos de verificación y seguimiento que permitan un control de la mercancía exportada".

De esta manera, los países compradores de armamento español deberían permitir, "si fuera necesario", el acceso a las instalaciones "donde se encuentra la mercancía" así como la identificación del usuario final", además de facilitar "toda la información y documentación requeridas por el equipo de verificación".

En su comparecencia del pasado 22 de junio, la secretaria de Estado de Comercio reivindicó el valor de ese mecanismo y señaló que en las próximas semanas se conocerán sus resultados. Aseguró además que se ha exigido un "certificado de último destino reforzado" en 30 operaciones con destino Arabia Saudí y en otras 43 dirigidas a Emiratos, lo que habría permitido contar con mayores garantías respecto al empleo de esas armas. 

En una carta remitida en las últimas horas al Gobierno, AI acoge con "satisfacción" la información facilitada sobre la aplicación del instrumento de verificación ex post. No obstante, la organización destaca que "este instrumento se centra en demasía en la ubicación física de las armas en lugar del uso final" que se les otorga por parte de los países compradores.

Amnistía lamenta además que "los informes presentados a la JIMDDU acerca del protocolo serán secretos, lo que impide el control parlamentario". Asimismo, muestra su preocupación por el posible desvío de armas a Yemen, Siria o Libia por parte de Arabia Saudí y Emiratos.

"En el informe de este año señalamos también que Emiratos Árabes Unidos suministró seis drones de combate a Etiopía en noviembre de 2021, pese a que todas las partes en el conflicto armado en Tigré y regiones limítrofes perpetraron violaciones del Derecho Internacional Humanitario constitutivas de crímenes de guerra", apunta.

Con estos datos sobre la mesa, AI insta al Gobierno a "mejorar las medidas de control del uso final". Para ello, propone incluir "una cláusula adicional jurídicamente vinculante en el certificado de uso final sobre garantías del uso de los productos exportados", de tal modo que "las autoridades de la parte importadora certifiquen que los bienes importados no serán utilizados para facilitar o cometer violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario".

En tal sentido, remarca que los mecanismos de control "deberán establecerse siempre que haya indicios racionales o informes creíbles de fuentes fidedignas que establezcan la existencia de desvíos". Reclama además que los datos sobre aplicación del instrumento de verificación ex post sean incluidos "en los informes semestral y anual remitidos al Congreso".

Crímenes de guerra

La carta de Amnistía al Gobierno incide también en otro asunto clave: la "inadecuada aplicación" por parte de España del Tratado de Comercio de Armas (TCA), "según el cual los Estados tienen prohibido autorizar cualquier transferencia de armas convencionales y municiones, partes y componentes relacionados cuando el Estado tiene conocimiento de que podrían utilizarse para cometer ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales u otros crímenes de guerra".

"Desde mayo de 2015, AI, otras ONG y la ONU han publicado un sinfín de informes que documentan un patrón continuado de presuntos crímenes de guerra", subraya.

Lamenta además que el gobierno español "no ha prestado suficiente atención" a los informes del Grupo de Eminentes Expertos (GEE) sobre Yemen del Consejo de Derechos Humanos, que instó a "abstenerse de transferir armas" a los países participantes en los ataques contra Yemen. De hecho, España se ubica a día de hoy como uno de los principales vendedores mundiales de armamento al régimen saudí.