La industria armamentística española tiene su papel en la guerra de Yemen. Los ataques lanzados desde el aire por el régimen saudí se han cobrado miles de vidas y han hundido a ese empobrecido país en una auténtica catástrofe humanitaria. Mientras las bombas caían, varias empresas con sede también en territorio español hicieron millonarias ventas a las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), máximos responsables de esas matanzas.

En un informe conjunto, Amnistía Internacional (AI), el Centre Delàs de Estudios para la Paz y el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR, por sus siglas en inglés) han vuelto a poner sobre la mesa de  las vinculaciones entre el negocio armamentístico y esos crímenes sin investigar.

En ese documento, los organismos advierten que "los materiales militares de origen europeo constituyen una parte importante del material disponible de
las fuerzas aéreas de los EAU y de Arabia Saudí. Dichos materiales incluyen aeronaves de combate, así como partes y componentes de las mismas, misiles,
cohetes y bombas que van instaladas en las aeronaves de combate como aeronaves de reabastecimiento".

Ahí entra en juego Airbus. "Teniendo en cuenta la composición de las respectivas flotas aéreas de Arabia Saudí y los EAU, en particular el
avión de combate Eurofighter Typhoon y el avión de reabastecimiento A330 MRTT son de gran relevancia", destacan. 

El informe subraya que "el equipamiento militar español es esencial para ambos
aviones y otra serie de bienes militares utilizados" por la coalición que encabezan ambos regímenes absolutistas. Según describen las organizaciones de derechos humanos, algunas partes del avión Eurofighter se fabrican en las instalaciones de Airbus en Illescas y Getafe. Posteriormente "son entregadas a BAE Systems en Reino Unido y, de allí, son exportadas al Reino de Arabia Saudí".

¿Qué papel han tenido esos aviones militares en los ataques? La respuesta no resulta baladí, ya que tanto Arabia Saudí como Emiratos se exponen a la posible comisión de crímenes de guerra por los bombardeos realizados desde esas naves.

En su documento, los organismos destacan que desde el inicio del conflicto en marzo de 2015 "se ha hecho entrega de aeronaves de reabastecimiento en vuelo A330-MRTT así como piezas de la misma a Arabia Saudí". Del mismo modo, hay informaciones públicas que indican que algunas de las aeronaves A330 MRTT eran sometidas a tareas de mantenimiento en España".

El círculo no acaba ahí. "Varias fuentes de información, incluyendo fuentes gubernamentales, declaraciones de individuos y publicaciones en redes
sociales han confirmado el uso de aeronaves Eurofighter Typhoon en los bombardeos aéreos llevados a cabo por la coalición en Yemen desde marzo de 2015", concluye el informe. 

Sus promotores agregan que "fuentes de Defence News también confirman que
tanto Arabia Saudí como los Emiratos Árabes Unidos han usado la aeronave de reabastecimiento A330 MRTT fabricada por Airbus en su campaña
aérea en Yemen, de manera general y específicamente en el marco de la operación Tormenta Decisiva", nombre bajo el que se han desarrollado los ataques. 

En otro apartado del documento señalan que, si bien resulta extremadamente complicado identificar las operaciones concretas en las que podrían haber sido empleados los aviones, debido a "la presencia importante de aeronaves Eurofighter en las flotas aéreas de la coalición y su capacidad de llevar distintos tipos de munición, es muy probable que se hayan usado aeronaves en muchos Eurofighter Typhoon en muchos de los bombardeos de la coalición".  

En esa línea el documento pone de manifiesto "el papel clave de la empresa española Airbus y del Gobierno español en la fabricación, exportación y el mantenimiento del avión de combate Eurofighter". Pero no solo Airbus. En su investigación, las organizaciones de derechos humanos a cargo del estudio inciden en un terreno habitualmente opaco debido a la escasez de información oficial: "cómo las armas españolas alimentan el conflicto en Yemen". 

Entre 2015 y el primer semestre de 2021 –último periodo sobre el que existen datos oficiales–, las exportaciones de armas a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos alcanzaron un valor de 1.306.980.202 euros y 311.219.441 euros,
respectivamente. 

Esas operaciones fueron previamente autorizadas por la Junta Interministerial encargada de conceder las licencias de exportación de armamento. Por norma general, el Gobierno asegura que estos negocios con las Fuerzas Armadas de ambos países no  implican ninguna vulneración del Tratado de Comercio de Armas rubricado por España, según el cual sus firmantes no pueden vender armas a Estados involucrados en guerras.

Del mismo modo, el Ejecutivo se niega a aportar las actas de la Junta Interministerial, alegando que dicha información es secreta. Razón no le falta: en 1987, el Gobierno de Felipe González aprovechó la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista para cubrir esas exportaciones de absoluta opacidad. Poco antes, el mismo Gobierno de González había estado involucrado en la venta de material militar a la dictadura chilena de Augusto Pinochet. 

Ese secretismo oficial impide conocer los argumentos que maneja la Junta Interministerial a la hora de conceder tales autorizaciones. Durante los últimos meses, el Gobierno aseguró en distintas respuestas parlamentarias que ni Arabia Saudí ni Emiratos están sometidos a embargo, por lo que tales operaciones son, desde ese punto de vista, legítimas. 

Responsabilidad empresarial

En su informe, las organizaciones de derechos humanos señalan que "una solicitud de acceso a información realizada por el Centre Delàs el 17 de julio de 2019 al Ministerio de Industria y Comercio de para obtener acceso a las licencias de exportación de piezas Tornado fue denegada el 26 de julio de 2019, con la afirmación de que toda la información relativa a las licencias estaba amparada por la Ley de Secretos Oficiales de 1968". 

"Airbus se está beneficiando del flujo continuo de licencias de armas otorgadas por el gobierno español para la coalición, y debe rendir cuentas. Las empresas son responsables, en virtud de las normas internacionales, de evitar causar o contribuir a impactos adversos sobre los derechos humanos que estén directamente relacionados con sus operaciones", sostiene Jordi Calvo, portavoz del Centre Delàs de Estudios para la Paz.

A su juicio, "es vergonzoso que el gobierno español adopte la política del avestruz, siga concediendo licencias de exportación de armas a la coalición encabezada por los saudíes y los emiratíes, y se escude en la Ley de Secretos Oficiales de la época franquista para negar incluso el acceso a datos concretos de estas exportaciones". 

Airbus es un grupo industrial participado por Francia, Alemania y España. Los estados francés y alemán tienen mayoría en el capital; el Estado español controla un 4,1% a través de la SEPI. Del grupo, tiene cuatro plantas en España (Toledo, Getafe, Cádiz y Sevilla), forma parte la antigua CASA (Construcciones Aeronáuticas S.A.).

"Complicidad"

"El material militar español es esencial tanto para las aeronaves como para otra serie de bienes militares utilizados por la coalición encabezada por los saudíes y emiratíes que ha cometido atrocidades en Yemen. Esto plantea serias dudas sobre la posible complicidad del gobierno español en la comisión de crímenes internacionales en Yemen", afirma por su parte Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional. "El gobierno español debe poner fin a estas transferencias de armas que violan el derecho internacional", agregó. 

En esa línea, las organizaciones han pedido al Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez que "lleve a cabo una investigación independiente, con la participación de personas expertas de reconocido prestigio en el campo del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario" a efectos de aclarar "el uso de aeronaves de reabastecimiento A330 MRTT y aeronaves de combate Eurofighter Typhoon por parte de la coalición".

Plantean además "la suspensión de licencias para las tareas de mantenimiento, formación y otros servicios asociados para las aeronaves de reabastecimiento A330 MRTT, y la suspensión de toda licencia de exportación de partes, piezas de recambio y componentes para el Eurofighter Typhoon".

Llamamiento a la CPI

Las ONG han reiterado además su llamamiento a la Corte Penal Internacional (CPI) para que "investigue la posible responsabilidad penal de altos cargos de empresas y gobiernos europeos por suministrar armas utilizadas por miembros de la coalición encabezada por Arabia Saudí y EAU en posibles crímenes de guerra en Yemen". 

En diciembre de 2019, varias organizaciones de derechos humanos –entre ellas ECCHR, AI y el Centre Delàs– presentaron una comunicación a la CPI para pedir que investigase dichas responsabilidades. La Fiscalía de La Haya no ha adoptado aún ningún tipo de decisión al respecto.