Después de la catástrofe de la DANA que afectó sobre todo a la zona de València, el Consejo de Ministros ha aprobado este jueves mediante Real Decreto la prohibición de que empresas que utilizan precios dinámicos no las aumenten en "contextos de urgencia, riesgo o necesidad de la persona consumidora". Este modelo consiste en tarifas por el mismo servicio que varían en función de la demanda –por ejemplo, servicios de VTC como Uber, Cabify o Bolt– .

La medida también afecta a los demás casos en los que una oferta comercial no fije un precio exacto, como el alquiler de alojamientos online. De esta manera, el Ejecutivo pretende reforzar la protección que tienen las personas consumidoras en momentos de catástrofe como la que se ha producido con la DANA.

Asimismo, se ha acordado limitar el precio para la venta de vehículos a motor dentro del Plan Reinicia Auto+. Este plan se ha aprobado para dar ayudas económicas a todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que necesiten comprar cualquier tipo de vehículo a motor porque perdieron el suyo durante la DANA, y especifica que los puntos de venta que se adhieran a este programa no puedan vender coches a las personas afectadas a precios que sean superiores a los que había el 28 de octubre, día en el que tuvo lugar la riada.

Los puntos de venta de este tipo de vehículos que deseen adherirse a este plan deberán reflejar en la factura el precio medio de aquellos vehículos que fueron vendidos durante el mes de septiembre de 2024, teniendo que ser vehículos del mismo modelo y con las mismas características, incluyendo extras y personalizaciones. De este modo, se busca garantizar que el precio no sea superior al registrado antes de la DANA.

Esta medida ha sido propuesta por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en cooperación con el Ministerio de Economía. La limitación se materializa mediante una modificación en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

La iniciativa de Consumo sigue la línea que puso en marcha el pasado 11 de noviembre, cuando Bustinduy prohibió a los servicios funerarios ofrecer precios superiores a los vigentes o a los anunciados con anterioridad al 28 de octubre. "Una tragedia de estas características no puede ser un contexto que dé lugar al beneficio económico de ningún operador", ha recalcado el ministro.

Por otra parte, el Real Decreto aprobado este jueves recoge una partida extraordinaria de tres millones de euros a través del Real Patronato sobre Discapacidad. Este dinero se destinará a sufragar obras para reconstruir las infraestructuras que permiten tener accesibilidad a personas con discapacidad en viviendas que han quedado dañadas. Este fondo se usará para sufragar la compra de materiales como sillas de ruedas o audífonos.