MADRID.- El Gobierno evita, de momento, recurrir la ley antidesahucios de la Generalitat de Catalunya e incluirla entre las tres presentadas ante el Tribunal Constitucional: la ley que fija un impuesto a las viviendas vacías, la ley 6/2015 relacionada con la actividad de los gobiernos locales y la ley 17/2015 orientada a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

En las dos últimas normas catalanas, el Ejecutivo en funciones entiende que se están invadiendo competencias del Estado y en el primer caso, que se incurre en un "vicio de inconstitucionalidad", ya que el impuesto a las viviendas vacías está establecido en el actual sistema de financiación de las haciendas locales mediante recargos de hasta el 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Este viernes, el Consejo de Ministros en funciones ha aprobado que su presidente presente tres recursos de inconstitucionalidad ante el TC contra sendas leyes catalanas y suspenda las mismas cautelarmente si son admitidas a trámite.

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, que ha comparecido junto a su colega de Empleo, Fátima Báñez, y en ausencia de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, de viaje en Nueva York, ha asegurado que el Ejecutivo ha decidido no incluir en la ley antidesahucios entre las recurridas ante el TC por considerar que existe margen para alcanzar un "acuerdo" con la Generalitat, tal y como el presidente Carles Puigdemont, reconoció que había hablado con Rajoy en su reunión de este miércoles.

Catalá, como Rajoy hace dos días, ha restado importancia a estos recursos: forman parte del "ejercicio normal de las competencias de cada administración pública cuando considera que otra se ha extralimitado en sus competencias".

El Ejecutivo -ya repetido como el presidente en funciones- ha impugnado 30 leyes catalanas de la misma forma que la Generalitat lo ha hecho con 40 normas del Gobierno central.