El Gobierno asegura que su delegada en Madrid, Cristina Cifuentes, 'cumplió debidamente con sus obligaciones' a la hora de gestionar los altercados tras las Marchas de la Dignidad que tuvieron lugar en la capital española el pasado 22 de marzo y que dejaron al menos un centenar de heridos, la mayor parte policías.

Ésta es la respuesta que da al portavoz de Interior del PSOE en el Congreso, Antonio Trevín, y a la socialista madrileña Ángeles Álvarez, quienes pedían saber si Cifuentes iba a asumir o se le iba a exigir alguna responsabilidad 'por no haber cumplido' las funciones de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana que la ley le atribuye.

En su contestación, el Gobierno explica que desde la promulgación de la Constitución se ha tratado de 'mantener un equilibrio' entre la libertad y la seguridad, habilitando a las autoridades correspondientes para el cumplimiento de sus deberes constitucionales en materia de seguridad, 'incluida la potestad sancionadora', que permite el cumplimiento de las finalidades de la ley y de las correspondientes garantías constitucionales.

En el marco de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, prosigue el Ejecutivo, se aplican, 'como actos debidos de la autoridad competente', las sanciones a las infracciones tipificadas en el capítulo IV que establece el régimen sancionador, 'con el máximo respeto de a la Ley, al Derecho y a la Constitución'.

'Habida cuenta de todo lo anterior —concluye el texto oficial—, el Gobierno considera que la Delegación del Gobierno en Madrid cumplió debidamente con sus obligaciones' antes y después de la manifestación del pasado 22 de marzo.