El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha lanzado este martes el último aviso sobre la situación humanitaria en las islas. "Canarias no puede aguantar más, entre otras cosas, porque no podemos garantizar una atención digna a esos niños y niñas que llegan a nuestras costas", dijo en el Parlamento canario en medio de una sesión de control a su Ejecutivo. El mensaje resonó dentro, pero sobre todo, fuera.

El Gobierno y las comunidades autónomas afrontan este miércoles en Tenerife una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia clave para el futuro de los seis mil menores migrantes no acompañados a los que se refiere Clavijo y la presión política recae entera en el Partido Popular. 

Varios asuntos, diferentes pero vinculantes entre sí, están sobre la mesa. Por un lado cómo reubicar a los menores que están en Canarias —este fin de semana se han empezado a montar carpas para poder acogerles ante la saturación de las infraestructuras existentes—, por otro, la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno central pactó con el Gobierno canario para que, en adelante, la acogida por parte de otros territorios sea autonómica e inmediata en cuanto una comunidad supere el 150% de su capacidad.

Tras las elecciones europeas, el Ejecutivo aceleró este tema con la intención de terminar el mes de julio con la norma reformada ante la expectativa de un nuevo verano difícil en materia migratoria. En las últimas semanas el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se ha reunido con los portavoces de los grupos parlamentarios así como con Clavijo para avanzar en las líneas del acuerdo.

Pero la pelota está desde el comienzo en las comunidades autónomas, que son quienes tendrán que aplicarlo, y la posición del PP será la mayoritaria una vez ostentan el poder en 11 regiones, además de en Ceuta y Melilla.

Este es el argumento esgrimido por el Ejecutivo para insistir en la necesidad de un acuerdo con el PP. "Esto luego hay que aplicarlo. Si te ponen muros, será un fracaso", señalan fuentes gubernamentales. Además, consideran que la migración es una "política de Estado". El propio Pedro Sánchez incluyó esa voluntad de acordar este asunto con el PP en una reciente entrevista, junto a otros grandes temas como la financiación autonómica y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

Los socialistas piden "responsabilidad" y "humanidad" al PP. Así lo destacó en reiteradas ocasiones la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, este martes. En privado, fuentes de Moncloa no terminan de fiarse del todo de la voluntad de los populares. "Cada día dicen una cosa distinta", señalan. 

En los planes del Gobierno se encuentra que la reforma llegue a votarse en el Congreso lo antes posible. Incluso durante este mismo mes de julio, con el 23 de julio como fecha tope ya que es la última fecha de Pleno habilitada en este periodo. No descartan llevar la reforma a la Cámara Baja incluso sin un acuerdo con el PP para que este partido pueda retratarse políticamente. La manera más probable de llevar el asunto al trámite parlamentario es la de proposición de ley y se necesitan más síes que noes para que salga adelante. Es decir, en un momento dado, podría valer una abstención del PP. 

Sin el PP no salen los números

En cambio, para los populares es un nuevo ejemplo de que cuando Sánchez ve flaquear su mayoría de investidura busca al PP porque Junts per Catalunya ya ha mostrado su rechazo que el Estado reubique en Catalunya a menores migrantes de Canarias. El rechazo del partido de Carles Puigdemont se asume en el Gobierno y así lo mostró públicamente el ministro Torres en rueda de prensa desde Moncloa. Sin el concurso del PP no hay números posibles para su aprobación. Y no hay un 'plan B' en este sentido desde el Ejecutivo de Sánchez. 

Por eso en Génova están dispuestos a llevar al límite las conversaciones para la reforma de la Ley de Extranjería, pese a las presiones de su propio partido en Canarias y Ceuta —que exigen cambiar la norma de inmediato para aliviar su situación—. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este martes en una rueda de prensa que "dependerá de lo que se acuerde" en la reunión de este miércoles. "Está todo íntimamente relacionado", insistió. 

Lo que sí dan por hecho hasta cinco fuentes distintas del PP es que se puede llegar a un punto en común entre las comunidades para reubicar a los seis mil menores migrantes no acompañados que se encuentran en una situación de necesidad humanitaria en Canarias. Fue el propio Feijóo quien lo convirtió en una cuestión de "solidaridad" para el partido conservador, recuerda un barón del PP. 

Lo conflictivo para los populares es cómo hacer ese "reparto". Pese a que Sémper ha asegurado este martes que "prácticamente todas" las comunidades del PP están "al límite de su ocupación", no es cierto. Solo el País Valencià, Murcia y Andalucía han alertado de su falta de capacidad para ser comunidad de acogida en esa reubicación. Mientras, Galicia o Castilla y León ya han garantizado su "solidaridad" y predisposición al acuerdo. Todas insisten en que tiene que hacerse de acuerdo a "capacidad" de cada territorio, lo que podría dejar fuera a algunos del PP. Fuentes del partido no confirman este extremo a pocas horas de la reunión con el Gobierno central y canario, del que también forman parte.

Lo que sí han avanzado ya es que condicionarán la acogida de menores a un fondo de contingencia con más dinero para las comunidades. Esta es la cuestión central desde hace días para el PP, donde critican que el Gobierno "no se hace cargo" de la situación. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, negó a los populares y criticó este lunes que las comunidades autónomas gobernadas por el PP "sencillamente han incumplido" el acuerdo para la acogida de menores extranjeros no acompañados que todas aceptaron en 2022.

"Los recursos por parte del Estado si les fueron transferidos" y, según señaló, en 2022 el 40 % de estas plazas acordadas quedaron sin cubrir, y en 2023 "solo el 15%" de los traslados prometidos se llevaron a cabo.

Y como telón de fondo, el PP acude a esta reunión con la amenaza de Vox de romper sus gobiernos autonómicos si aceptan formar parte del acuerdo para acoger menores migrantes, algo que, por ejemplo, el presidente de Castilla y León ya ha hecho. Tanto en Génova como en los territorios dan credibilidad al órdago pero se conjuran para resistirlo, al menos públicamente.