El Gobierno andaluz gastó 300.000 euros entre abril y junio en "indemnizaciones" por alquileres de pisos para 82 altos cargos, según la suma –300.629– que ha efectuado Público a partir de la información disponible en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía. Cada año la cifra que se gasta en este concepto, que el PP, cuando estaba en la oposición en Andalucía, bautizó como casa gratis, supera el millón de euros. El presidente, Juanma Moreno (PP), no las cobra, pero sí el vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos), y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP).

En plena polémica por el recurso que el PP ha anunciado contra la Ley de Vivienda del Gobierno y la frase de Pablo Casado –"si tienes un trabajo y una nómina, puedes acceder a un alquiler"–, la izquierda ha recordado que estas ayudas se pagan en Andalucía desde el año 2000, cuando el entonces gobierno del presidente Manuel Chaves (PSOE) las implantó –en un acuerdo que fue secreto– y las cobran los altos cargos que deben trasladarse a Sevilla de otras provincias o incluso de fuera de la Comunidad.

"Esta es la hipocresía del Gobierno del PP: dice que no hace falta regular la vivienda mientras da ayudas de alquileres de 1.500 euros a altos cargos. Y no, un alto cargo no cobra el salario mínimo precisamente", afirmó Teresa Rodríguez, diputada en el Parlamento y líder de Adelante Andalucía. La ayuda máxima asciende hasta los 1.458,8 euros mensuales, casi 500 euros más –493– que el salario mínimo, que es hoy de 965 euros al mes.

El número de responsables públicos que cobran la indemnización se ha ido incrementando desde que se configuró el gabinete de Juanma Moreno y Juan Marín. Y también, en consonancia, la cifra destinada por la administración para financiar estas prebendas. Si en el mes de marzo de 2019, eran 38 los altos cargos, en septiembre de ese año ya sumaban 72, más del doble, y al cierre eran 77. Hoy son 82.

Las críticas del PP

Bendodo (PP), a los pocos días de tomar posesión, en febrero de 2019 dijo a la prensa: "No, en principio, no. No está previsto [eliminar las ayudas]. Pediré la máxima moderación, evidentemente. Pero las personas que se tengan que desplazar desde otras provincias que no sea Sevilla, creemos que eso se debe mantener". Y el vicepresidente Marín dijo un día después que Bendodo: "Si esas ayudas están establecidas no hay que hablar más de ellas". Luego agregó que censurarlas era hacer "demagogia".

Sin embargo, tanto PP como Ciudadanos, cuando estaban en la oposición, cargaron contra estos privilegios. En septiembre de 2017, el diputado de Ciudadanos, hoy miembro de la Mesa del Parlamento, Sergio Romero, dijo que las indemnizaciones por vivienda eran un "lastre para la clase política". En enero de 2015, la secretaria general del PP, Loles López, reclamó su eliminación para financiar gasto social con ese dinero.

Y el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, también las criticó, con ironía, el 6 de septiembre de 2016: "Es prescindible la calidad en la educación o la sanidad, pero no es prescindible pagar la vivienda a los altos cargos o la maquinaria política que ha engrasado en torno a la Junta de Andalucía". 

El acuerdo secreto que el gobierno de Chaves aprobó hace 19 años decía: "Los consejeros, viceconsejeros, secretarios generales, secretarios generales técnicos, directores generales, delegados del Gobierno, delegados provinciales y otros cargos asimilados nombrados por decreto tendrán derecho a ser indemnizados por los gastos de alquiler de una vivienda o de alojamiento, en su caso, siempre que tuvieran su domicilio habitual en un municipio que se encuentre a más de 60 kilómetros de la sede del órgano del que sean titulares mediante una cantidad mensual máxima equivalente al 2,5% de las retribuciones brutas anuales establecidas para los directores generales en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, excluida la productividad. En dicha cuantía máxima se consideran incluidas las retenciones u obligaciones fiscales que por estos conceptos pudieran corresponderles".

Después, en 2010, otro consejo de Gobierno, este presidido por José Antonio Griñán (PSOE), añadió al Fiscal Superior de Andalucía y al presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como beneficiarios, además de los altos cargos, de la indemnización por vivienda.