MADRID.- El Canal de Isabel II en Madrid, AMVISA en Vitoria-Gasteiz y el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia son las tres compañías públicas de suministro de agua con más peligro de ser privatizadas. Es la principal conclusión del estudio que la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) lanza este viernes y al que ha tenido acceso por adelantado este diario.

“Hemos examinado el riesgo de privatización según el interés económico que pueden tener, su transparencia y la voluntad publicada de los partidos y de los políticos que gestionan estas compañías”, explica el secretario general de AEOPAS, Jaime Morell.

La investigación, realizada sobre una muestra de 15 operadores públicos de abastecimiento y saneamiento, divide el estado actual de las firmas en tres escalones de riesgo: bajo, medio y alto; como tres categorías estanco de una escala que va de 0 a 5. La puntuación más alta, y por ende la más próxima a esa futura privatización, la comparten el Canal de Isabel II y Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz S.A. (AMVISA), ambas con 3,18 puntos. En un segundo escalón se sitúa el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (3,05).

El comportamiento de estas tres empresas es muy similar en las tres dimensiones que analiza el Estudio sobre riesgo de privatización de empresas públicas de abastecimiento y saneamiento de agua, llevado a cabo entre abril y mayo de 2015: marco institucional, dimensión económica, además de transparencia y participación. El informe también sirve para denunciar que “no existe regulación en el sector, no existen indicadores para ver cómo se gestiona este servicio público, que se comporta como un monopolio y sobre el que existe mucho oscurantismo”, remarca Morell.

Este profesor de la Universidad de Sevilla resume en dos los grandes problemas del sector urbano del agua en el Estado español: la falta de regulación (que sí existe, recuerda, en Inglaterra, Francia, Estados Unidos o Portugal) y, por tanto, la rendición de cuentas; junto con el canon concesional, una figura prohibida en otros países. Esta controvertida herramienta es el dinero que las privadas pagan a las administraciones públicas, principalmente ayuntamientos, para lograr la concesión por un largo periodo de tiempo (entre 20 y 50 años) del suministro de agua y saneamiento.

“Las privatizaciones
se hacen para hacer caja"

“Las privatizaciones se hacen para hacer caja, para financiar a los ayuntamientos que usan ese dinero para pagar otras cosas que nada tienen que ver con el ciclo del agua. Si se prohíbe el canon o si se obliga a dedicar el dinero a las infraestructuras hidráulicas, el interés privatizador desaparecería”, explica el secretario general, que finaliza alertando cómo “la tarifa del agua sirve para financiar otras cosas y eso es antidemocrático, es una estafa social”. A pesar de la falta de datos oficiales, AOEPAS estima que el 53 por ciento de la población está abastecida por compañías privadas; un ratio que ha crecido en los últimos años ya que en 1996 el porcentaje era del 37 por ciento.

El agua, negocio en Madrid
El Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua de toda la Comunidad de Madrid, estuvo a punto de ser privatizada en 2012. “Había interés por generar ingresos para la Comunidad porque hay quien considera el agua como un negocio”, recuerda Morell. La dificultad del proceso, al estar implicados múltiples ayuntamientos, por la presión ciudadana y por la coyuntura de unos mercados en crisis, provocó que el proyecto no siguiera adelante. Finalmente el Canal de Isabel II, que lidera la escala del informe de AEOPAS, se convirtió en una sociedad anónima cuyos accionistas son la Comunidad de Madrid y 111 Ayuntamientos de la región; los mismos que ahora cobran dividendos cada año. “Hay que recordar que el dinero del Canal está sirviendo para hacer negocios en otras partes del mundo, pues han creado un gran holding; y también para financiar actividades ajenas al agua, como un teatro y exposiciones”, añade Jaime Morell.

La situación y la gestión del Canal han entrado en la campaña política, lo que no había sucedido hasta ahora. Todos los partidos que se presentan a las elecciones en Madrid, excepto Ciudadanos y Partido Popular, han firmado el Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015), que busca un compromiso firme para mantener la gestión pública y transparente. Podemos además ha anunciado su interés en crear un ‘banco del agua’, una especie de instituto de crédito público. Mientras, el PSOE ha insistido en que el Canal de Isabel II sea “una empresa pública gestionada con eficacia objetividad, austeridad, sostenibilidad medioambiental e imparcialidad”.

Tendencia remunicipalizadora
“La desprivatización es un fenómeno global”, asegura a Público el gerente de AEOPAS, Luis Babiano, quien enfatiza cómo “frente al modelo especulativo español, sólo 40 de las 400 ciudades más grandes del mundo tienen privatizado su servicio. En todo el mundo están experimentando el fracaso de la privatización del agua”, cuyas consecuencias enumera: acceso desigual, incremento de las tarifas, pérdida de la capacidad de control financiero y técnico del servicio, obstáculos medioambientales y escandalosos márgenes de ganancias.

Un reciente estudio de Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU), Transnational Institute (TNI) y Multinationals Observatory recoge 235 casos de remunicipalización en los últimos tres lustros, es decir la vuelta a manos públicas de empresas que habían sido previamente privatizadas. Ejemplos que englobarían a más de cien millones de personas de 37 países diferentes, vecinas y vecinos de ciudades como Atlanta e Indianápolis (en Estados Unidos), Berlín y Budapest (en Europa), Buenos Aires y La Paz (en América del Sur), Johannesburgo y Dar-es-Salaam (en África).

Y París, tal vez el caso más emblemático, y allí donde el recibo bajó un ocho por ciento durante el primer año tras el regreso a manos públicas. La capital francesa ha prohibido además los cortes para las familias que no pueden pagar, ha creado nuevos servicios medioambientales y ha logrado una la gestión más democrática y participativa.

#Iniciativagua2015
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El Pacto Social por el Agua ha decidido aprovecharse del rebufo de este impulso mundial y ha definido un programa marco que acuerda los fundamentos y reglas básicas del modelo público de agua en el Estado español: transparencia, rendición de cuentas y participación. “Se han generalizado prácticas que no son las adecuadas para gestionar un derecho, pues se convierte al agua en una mercancía y al ciudadano en un cliente, sin ningún control, transparencia o participación”, apunta el profesor de la Universidad de Sevilla, quien lamenta que estas prácticas negativas también se realizan en compañías públicas.

Más de 300 organizaciones sociales, ecologistas, académicas y sindicales, así como operadores y partidos políticos se han sumado a esta iniciativa, que ya ha sido presentada en Catalunya, el País Vasco, Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid y diversos municipios andaluces. La campaña recuerda que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano desde que la Asamblea de las Naciones Unidas así lo dictaminó en el verano de 2010. Tres son los objetivos que se ha marcado la propuesta, empezando por “frenar la ofensiva de las empresas privadas”, siguiendo por conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua; y terminando por impulsar un modelo transparente y participado.

La Fundación Nueva Cultura del Agua, que aglutina a científicos y expertos en la materia, acaba de lanzar también su decálogo de propuestas para una política sostenible del agua. Apoya el Pacto Social para fomentar “una gestión transparente con control participativo que garantice el derecho humano al agua, mediante la gestión integrada (abastecimiento, saneamiento, depuración, drenaje urbano y protección de ecosistemas) y tarifas social y ambientalmente justas”.

Menor riesgo de privatización
AMVISA es otra de las compañías que se cuela en el podio elaborado por AEOPAS. La empresa de Vitoria-Gasteiz encabeza el ranking del riesgo económico, con una puntuación de 4,4. Esta dimensión se basa en los datos extraídos de las cuentas y presupuestos anuales, sin obviar las declaraciones públicas a favor de convertirla en una empresa mixta (público-privada), una postura que el profesor de la Universidad de Zaragoza y Premio Goldman de Medioambiente, Pedro Arrojo, ha calificado como “privatización encubierta”.

La tercera compañía en “riesgo alto” es Consorcio Aguas Bilbao Bizkaia. Aunque pública, tiene externalizado un porcentaje muy alto de su gestión, “el ente no está privatizado, pero sí su actividad”, lamenta Morell.

El examen de AEOPAS establece finalmente el siguiente termómetro de privatización: con ‘riesgo alto’, el Canal de Isabel II y AMVISA (ambas 3,18 puntos) y el Consorcio Aguas Bilbao Bizkaia (3,05); en el lado opuesto: Giahsa (1,33), de Huelva, y Aguas del Huesna (de Sevilla; 1,19). Entre ambos extremos, una decena de compañías con ‘riesgo medio’: Emacsa (2,91), de Córdoba; Emaya (2,72), de Palma; Emalcsa (2,54), de A Coruña; el Consorcio Aguas Rioja Alavesa (2,50), Aljarafesa (2,22), de Aljarafe, en Sevilla; Emasa (2,21), de Málaga; Galasa (2,19), de Almería; Emasesa (2,12), de Sevilla; Aguas de Gijón (2,08) y Emproacsa (1,74), de Córdoba.