Dos empresarios en veinticuatro horas. Cuatro en veinte días. El juez Baltasar Garzón dio un paso más en sus investigaciones sobre el pago del impuesto revolucionario a ETA gracias, de nuevo, a la documentación incautada el pasado 20 de mayo en Burdeos (Francia) al número 1 de la banda armada, Francisco Javier López Peña, Thierry. Si el martes el detenido durante unas horas era el consejero delegado de la empresa siderúrgica Sidenor, José Antonio Jainaga, ayer le tocó el turno al empresario Jesús Guibert Azkue.

Guibert, de 81 años de edad, fue arrestado por agentes del Instituto armado a primera hora de la mañana en el balneario de la localidad guipuzcoana de Azpeitia donde se encontraba. Como el día anterior había ocurrido con Jainaga, los agentes registraron al menos el domicilio del empresario, situado en una calle céntrica de San Sebastián. Tras ello, y después de que la Guardia Civil le tomara declaración, quedó en libertad.

Se da la circunstancias que Jesús Guibert fue secuestrado hace 25 años por los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), un apéndice de ETA ya desaparecido. Entonces, el empresario era conocido por su militancia en el PNV y su amistad con el entonces máximo dirigente del partido nacionalista, Xabier Arzalluz. Gerente de Laminados de Hierro Marcial UCIN S.A., Guibert permaneció en manos de los terroristas diecisiete días oculto en una cueva. Su libertad se produjo después del supuesto pago de entre 150 y 200 millones de pesetas, según las crónicas de entonces.

Fuentes de la lucha antiterrorista aseguraban ayer a Público que tanto los dos arrestos de las últimas 48 horas como la detención el 12 de junio en Orio (Guipúzcoa) de las hermanas y empresarias María Isabel y Blanca Rosa Bruno Azpiroz tienen el mismo origen –el análisis de los papeles de Thierry-, pero distinto alcance. Así, mientras las dos mujeres ingresaron en prisión después de que Garzón considerase probado que habían hecho una entrega voluntaria de 6.000 euros a ETA, en el caso de Jainaga y Guibert, el magistrado sólo ordenó los registros pero no su detención.

No obstante, las fuentes consultadas dan por hecho que ambos serán citados a declarar en los próximos días por Garzón después de que la Guardia Civil remita a la Audiencia Nacional los atestados. Lo que también dan por seguro otras fuentes policiales consultadas es que las detenciones, aunque sea sólo por unas horas, de empresarios que supuestamente han pagado la extorsión de ETA y aparecen en los papeles de Thierry no han terminado.

Mientras tanto, el Ministerio del Interior mantuvo un significativo silencio y, al contrario que en otras operaciones antiterroristas, ni el martes ni ayer emitió ninguna nota informativa. El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, se limitó a recordar que “hay que respetar el secreto de sumario”, mientras desde los partidos vascos y las organizaciones empresarias de esta comunidad llovían las críticas a la actuación de Garzón.

 Los ‘papeles de Thierry’ han dado a Garzón la oportunidad de reabrir un frente en la lucha contra ETA que ya inició en 2003: la detención e interrogatorio de empresarios vascos que, supuestamente, habían realizado pagos a la banda armada. Entonces, fue la Policía –como ahora lo es la Guardia Civil– la encargada de realizar las pesquisas que tenían un claro fin, en palabras de un agente de la lucha antiterrorista: cerrar el ‘último grifo’ de la organización terrorista después de que la Justicia agostase otras fuentes de financiación con la ilegalización de su brazo político.

El primer empresario detenido, el 10 de enero de aquel año, fue Pedro Garaigordobil, presidente de los Astilleros Zamacona. A él le siguieron Macrín Zorrilla, Antxon Berasategi, José Luis Areizaga y Esteban Galarza. Así hasta una decena en el que también hubo directivos de la empresa Azkoyen y los constructores navarros José Javier Azpiroz y Juan María Saralegi. Estos, detenidos en junio de 2006, habían sido los últimos cuyas identidades habían trascendido. En el último mes, Garzón ha sumado otros cuatro nombres.