La Fiscalía de Zaragoza investiga si los nueve concejales del PP y la única edil de Vox en el Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza) cometieron un delito de prevaricación el pasado 29 de julio al votar contra la revocación del acuerdo por el que el consistorio acordó en diciembre de 1951 conceder la medalla de oro de la ciudad a Franco y la inscripción de esa decisión en el Libro de Honores y Distinciones de la corporación.

La denuncia que ha dado lugar a la investigación, que se centra en la "negativa de los concejales de PP y Vox a cumplir los preceptos de la Ley 14/2008, de Memoria Democrática de Aragón, existiendo diversos informes jurídicos que obligan a su cumplimiento", explica que la concesión de la medalla fue decidida "en un régimen dictatorial, en el que la seguridad y la libertad no estaban garantizadas, por lo que deben ser objeto de revisión desde los principios y valores democráticos".

El delito de prevaricación castiga con entre nueve y quince años de inhabilitación para cargos y empleos públicos a quien, "a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo".

En este caso, sostiene la denuncia, los concejales que se opusieron a revocar el acuerdo, "en realidad, votaban contra el cumplimiento de una obligación legal, avalada por diversos informes jurídicos".

La causa irá, si prospera, al Supremo por ser senador el alcalde

De prosperar la denuncia de Fiscalía, el procedimiento judicial debería ser instruido y enjuiciado por el Tribunal Supremo, ya que el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, del PP, es senador y, por lo tanto, está aforado ante ese órgano judicial.

Ese mismo pleno del 29 de julio aprobó una reforma del Reglamento de Protocolo municipal que obliga a registrar como bajas las distinciones vitalicias cuando sus titulares fallecen, aunque ese acto administrativo es autónomo del de 1951, del que la Fiscalía investiga la legalidad de la oposición a revocarlo.

Se trata de la primera ocasión en la que el ministerio público abre diligencias para investigar un posible incumplimiento de la ley aragonesa de Memoria Democrática, que proscribe el enaltecimiento del franquismo y da a las instituciones públicas un plazo que termina en noviembre (acababa el 22 de agosto pero el estado de alarma lo amplió) para limpiar la comunidad de vestigios de la dictadura lo que, además de cribar el callejero, incluye "revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas a la defensa del régimen franquista".

Y se trata también de una de las pocas ocasiones en las que la Fiscalía toma cartas por un presunto incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica estatal, aunque sí hay algunos antecedentes: Compromís denunció a principios de 2018 a siete ayuntamientos de varias comunidades por negarse a retirar de su callejero denominaciones franquistas, y unos meses después hacía lo propio el grupo de IU en el consistorio de Almería, que también eludía suprimir otros símbolos.

Las siete primeras acabaron archivadas al estimar las distintas fiscalías provinciales que la ley de 2007 no establece plazos para la retirada de los símbolos, explicaron fuentes de la formación política. En la de Almería, el ministerio publicó apeló al principio de intervención mínima del derecho penal para señalar que solo se debe recurrir a esa vía "para resolver conflictos cuando sea imprescindible".

"Procedería, en ejecución de la normativa, revocar la concesión"

En el caso de Calatayud, donde los votos de los diez conservadores y de la concejal del partido ultra impidieron, junto con la abstención de los tres ediles de Ciudadanos y el del Par, que saliera adelante la propuesta del PSOE (siete) para revocar el acuerdo, se dan circunstancias particulares.

Una es la existencia de un plazo tasado y de una referencia explícita en la ley al tipo de honores que se ven afectados, aspectos a los que se añade un informe jurídico emitido por la secretaria municipal antes del pleno, y dirigido a todos los concejales, en el que advertía de la obligatoriedad legal de derogar la resolución tomada hace casi 70 años y de las posibles consecuencias tanto penales como económicas que lo contrario podría tener para los miembros del pleno que lo impidieran.

Las penales se darían si los tribunales aprecian que se ha producido una vulneración de la ley de manera intencionada, mientras que las patrimoniales incluyen la eventual obligación de asumir por parte de esos ediles, con su propio patrimonio, el quebranto económico que mantener el acuerdo podría acarrear para el consistorio: la pérdida de los alrededor de dos millones de euros anuales que recibe del Gobierno autonómico para financiar las escuelas infantiles, los servicios sociales y la Policía Local.

"Procedería, en ejecución de la normativa estatal y autonómica sobre memoria histórica, revocar la concesión [de la medalla] y entender que queda vacante, sin generar ningún derecho", señala el dictamen, que recuerda que "las leyes de memoria histórica imponen una determinada conducta" y que esa condecoración "no tendría cabida en la legislación aplicable actualmente, tanto estatal como autonómica".

Ciudadanos sí cambió el voto tras el informe jurídico

En este sentido, llama la atención que los tres concejales de Ciudadanos cambiaran su voto, del no a la abstención, entre la comisión de Cultura que el 14 de julio tumbó la penúltima propuesta del PSOE para revocar el anunció y el pleno del 29. PP (no), PSOE (sí) y Par (blanco) mantuvieron el suyo, mientras Vox se unía a los conservadores tras no haber asistido a la comisión.

La denuncia que ha dado pie a las pesquisas de la Fiscalía, presentada por el PSOE, recoge también los informes y requerimientos que han remitido en los últimos meses al Ayuntamiento de Calatayud el Gobierno de Aragón, la Delegación del Gobierno central y el Justicia (defensor del pueblo autonómico), que coinciden en la necesidad de revocar el acuerdo por el que el consistorio otorgó al dictador la medalla de oro en 1951.

Paralelamente, los socialistas han pedido a la Consejería de Cultura del Gobierno de Aragón que active "las actuaciones administrativas precisas para revisar e invalidar por los procedimientos legalmente establecidos" el acuerdo de 1951 y, también, las relativas al "incumplimiento de la obligación de eliminar los elementos contrarios a la memoria democrática", que incluye "la exclusión de procesos de concesión de subvenciones y ayudas públicas" de la comunidad para el ayuntamiento.