Tal como confirmó varias veces BBVA en su día y ha vuelto a decir su expresidente Francisco González esta mañana a su salida del juzgado, donde declaraba como investigado en el caso Tándem, la entidad bancaria abrió una investigación interna sobre la contratación del excomisario Villarejo a raíz de la exclusiva de Público en mayo de 2018. Esta acción del banco incluyó la contratación de los bufetes Garrigues y Uría Menéndez, así como de los servicios de la división de análisis forense de Price Waterhouse Coopers. 

No obstante, han tenido que pasar un año y dos meses para que el juzgado central nº 6 de la Audiencia Nacional -que desde enero 2019, dirige el magistrado Manuel García Castellón- considerase pertinente investigar los motivos por los que, desde BBVA, se transfirieron más de 10 millones de euros al entramado de Villarejo ininterrumpidamente desde, al menos, 2005 y hasta, incluso, después de su detención.

Directivos de la cadena de contratación, bajo sospecha

Desde la apertura de la pieza a mediados de este año, se ha llamado a declarar como investigados a 14 directivos de BBVA, así como a la propia entidad como persona jurídica. En todos los casos se les investiga por cohecho y, concretamente, por participar de uno u otro modo en la contratación de servicios (de cualquier índole) de un funcionario de policía en activo. Así, figuran como investigados aquellas directivos que el juez considera que forman parte de la cadena de aprobaciones y autorizaciones (contrato, concepto de coste, trabajo resultante y pagos subsiguientes) en el periodo analizado y de arriba hacia abajo.

La lista la encabezan los responsables de los departamentos para los que, supuestamente, Villarejo confeccionaba los “informes” presuntamente solicitados. Entre ellos, destacan el departamento de Seguridad del banco, donde figuran como investigados el expolicía Julio Corrochano, jefe de seguridad de BBVA desde 2005 hasta 2017; su sucesora Inés Díaz Ochagavia, y otra persona de su equipo. También juegan un papel relevante los departamentos de Riesgos y Recuperaciones, de los que están investigados Antonio Béjar, director hasta fechas recientes; Manuel Castro, jefe de Riesgos hasta 2015, e Ignacio Pérez Caballero, exresponsable de Riesgos Mayoristas y ex director de Riesgos de BBVA España. También han sido llamados a declarar como investigados varios responsables de los servicios jurídicos del banco: Eduardo Arbizu, director global de Legal y Cumplimiento desde 2011; el director jurídico de España y Portugal de 2006 a 2013, José Manuel García Crespo, y el director de los servicios jurídicos contenciosos desde 2014 Eduardo Ortega.

El juez continúa con el resto de los participantes en toda la cadena de contratación y autorización posterior de los pagos. Empezando por el que fuera presidente del BBVA de enero de 2000 hasta diciembre de 2018, Francisco González Rodríguez; el consejero delegado desde 2009 hasta 2015, Ángel Cano -que hasta 2009, fue el director de Recursos y Medios- y el director general de BBVA España y Portugal entre 2007 y 2012, Juan Asúa. Siguen en la relación los responsables de finanzas y contabilidad: el exdirector global de Accounting & Supervisors de BBVA, (jefe global controller) Ricardo Gómez Barredo, y el ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas.

El exjefe de Seguridad del BBVA y excomisario general de Policía Judicial, Julio Corrochano, en imagen de archivo. EFE

En la pieza están investigados también miembros del equipo fijo de Villarejo, además de él mismo, como el policía en segunda actividad Antonio Bonilla Martínez, el cual, según su perfil de Linkedin, estuvo en el departamento de Seguridad de Globalia, propiedad de la familia Hidalgo, y fue jefe de Seguridad igualmente en la Asociación Española de Banca (AEB).

Béjar y González, los únicos investigados que declaran

La mayoría de los directivos de BBVA han ejercitado su derecho a no declarar hasta que no esté levantado el secreto del sumario, con la excepción de Antonio Béjar el pasado julio y de Francisco González, que ha comparecido este lunes 18 de noviembre a primera hora en el juzgado. Béjar justificó la contratación de Villarejo por parte de su departamento (Área de Recuperaciones) en la necesidad para el banco de la identificación del patrimonio y la situación real de solvencia de entidades morosas en apoyo de acciones judiciales o extrajudiciales con vistas a la cancelación de deudas. Se han filtrado informes supuestamente contratados a Villarejo sobre la promotora Martinsa y la constructora cordobesa Prasa, sociedades que, curiosamente, no eran desconocidas para el comisario.

La tensión y expectación se palpaba en el ambiente ante la declaración del expresidente del BBVA, que ha acudido al juzgado a primera hora de este lunes. A la salida de su comparecencia, que se ha alargado a casi tres horas, y tras indicar que se debe al secreto del sumario (el magistrado ha insistido a los comparecientes en la obligación de secreto, según confirman a Público fuentes próximas a la investigación), González ha afirmado que “BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y de una manera ejemplar", si bien no ha podido descartar “que hubiera alguna conducta individual de carácter irregular” que González ha segurado “desconocer”.

Pagos justificados con "informes" de discutible utilidad

El inicio de la contratación de Villarejo coincide en el tiempo con el nombramiento de Julio Corrochano, exjefe superior de Policía de Madrid como jefe de Seguridad del BBVA. Es también en ese año cuando Francisco González consigue aglutinar en torno a su persona el apoyo de un dividido accionariado de BBVA que le confirma como presidente, además, alargando el mandato presidencial a cinco años. Ocurrió en la ya conocida junta general de accionistas de febrero de 2005. La confirmación presidencial se produce tras una tormenta mediática que, por un lado, dibujaba un supuesto intento hostil de control de BBVA por un tercero, Sacyr, una constructora endeudada de tamaño mediano. Por otro lado y a la vez, se publicitaron unas diligencias de investigación (con amenaza de judicialización) del entonces fiscal Daniel Campos con relación a la venta de la firma de Francisco González FG Valores ocurrida años atrás. Las diligencias fueron cerradas tras la celebración de la citada junta.

El excomisario José Villarejo, durante una entrevista en el programa 'Salvados'. LA SEXTA

El entorno del comisario insiste en explicar en sus medios afines que los pagos iniciales de BBVA a Villarejo son una contraprestación por supuestos informes de “espionaje” sobre Sacyr y sus directivos y/o apoyos políticos para frenar su entrada en la entidad y los pagos posteriores, además de por los informes sobre entidades morosas que declara Béjar, como contraprestación por informes y acciones para neutralizar a Ausbanc, hoy investigada por chantaje a diversas entidades, entre ellas, al BBVA.

En el primer caso, se esgrime como “prueba” un supuesto pinchazo de “miles” de conversaciones entre “cientos” de personas que, de acuerdo con los datos filtrados hasta el momento, se corresponden con listados de llamadas que, indiciariamente, proceden de unas pocas facturas telefónicas de un número muy reducido de líneas telefónicas. Dichos listados se incluyen, supuestamente, en unos dossieres fechados en 2005 y bautizados como “proyecto Trampa” y filtrados por un digital que, básicamente, contienen una sucesión de “avisos” a Francisco González sobre operaciones de su pasado como la de FG Valores, así como insinuaciones sobre supuestas cuentas suyas off shore, etc.

Sobre el supuesto informe “contra” Ausbanc, se filtran perfiles de Luis Pineda, fundador y director de Ausbanc, supuestamente confeccionados por Villarejo en colaboración con una gestoría con información pública del registro mercantil, del Registro de la Propiedad e ilustrados con fotografías y capturas de varias redes sociales.