La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se cite a declarar en el caso Villarejo a tres ex directores adjuntos operativos de la Policía Nacional -Eugenio Pino, Agustín Linares y Pedro García Pintado- para preguntarles el motivo por el que autorizaron las actividades privadas del excomisario.

Según ha adelantado Vozpópuli y han confirmado fuentes jurídicas a Efe, la Fiscalía ha pedido al juez Manuel García Castellón que llame a declarar de nuevo como imputado a Eugenio Pino, ya investigado en otras piezas de esta causa como la de Kitchen -sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas a instancias de Interior en 2013-, y como testigos a Linares y a García Pintado.

En su petición al juez, según Vozpópuli, los fiscales hacen referencia a un informe elaborado en 2017 por la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública (Ministerio de Hacienda). Según dicho informe, "no consta que el comisario José Manuel Villarejo Pérez haya solicitado en algún momento autorización de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas'".

Por su parte, tanto Pino como Linares y Díaz-Pintado remitieron al inicio de la causa sendas cartas al juez del caso Villarejo defendiendo las actividades de Villarejo.

El propio excomisario explicó en su día que en 1983 dejó la Policía para dedicarse a los negocios y diez años después, "el señor ministro de la época" le indicó que "vendría bien" que volviese a estar en activo y que podía seguir con sus empresas mientras no "colisionaran" con los trabajos que se le encargaran.

Los fiscales le preguntaron por qué no constaba que hubiera solicitado autorización de compatibilidad de sus funciones con la gestión de sus empresas privadas, a lo que respondió: "si a mí el ministro de Interior me dice: te necesitamos, y distintos ministros de distintos gobiernos me vuelven a solicitar...en ningún momento me preocupo".

"Mi eficacia estaba en que nadie sabía que estaba en activo. El 99 por ciento de los compañeros pensaban que estaba fuera de la Policía", y sostuvo que los únicos que conocían de su actividad eran "el ministro, el secretario de Estado y el director".

Desde ese momento, según su versión, Cenyt, su empresa de asesoría desde la que realizó trabajos de espionaje, se dedicó a dar a la Policía "coberturas y apoyos", "constituyendo sociedades para pedir datos y no ser detectados".