La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a recurrir el auto del juez Manuel García Castellón que dirige la investigación por terrorismo sobre el movimiento Tsunami Democràtic contra el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otra decena de investigados.

Esta decisión se apoya en que las actuaciones de ese movimiento no encajan en el delito de terrorismo, y tras la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición, esta causa solo podrían seguirla los juzgados de Barcelona por delitos de desórdenes públicos, según han señalado fuentes fiscales a EFE.

Antes de que el juez decidiese dirigir la investigación por terrorismo, la Fiscalía de la Audiencia ya trabajaba para que la causa fuera llevada a Barcelona por desórdenes públicos, según informaciones policiales que constan en el procedimiento.

Por ello, la Fiscalía recurrirá en apelación el auto en el que García Castellón cita como investigada a Rovira y a otras ocho personas, y en el caso de Puigdemont le ofrece la posibilidad de comparecer voluntariamente dada su condición de eurodiputado, que implicaría la obligación de dictar un suplicatorio para citarle.

En el auto, de 34 páginas, al que ha tenido acceso Público, el juez considera que Tsunami Democràtic, una “organización estructurada” y “jerarquizada” surgida en 2019 en protesta contra la sentencia del procés, podría incurrir en “actos de terrorismo” y también sería posible calificarlos como “delitos de desórdenes públicos terroristas”, que requiere que se cometan por una organización terrorista o individualmente, pero amparados en ella.

A su juicio, buscaban “subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva”.

Según el magistrado, los informes policiales han revelado que Tsunami fue fruto de una planificación de diferentes personas para ejecutar acciones de gran envergadura, “capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España”.

Entre esas actuaciones, el juez cita el bloqueo del aeropuerto de El Prat o el intento de bloqueo del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas; los altercados en el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid el 18 de diciembre de 2019 y en la huelga general del 18 de octubre; y cree también que Tsunami “trató de influir” en las elecciones generales de noviembre de 2019.

Estos hechos, según el juez, podrían incurrir en “actos de terrorismo” y también sería posible calificarlos como “delitos de desórdenes públicos terroristas”, que requiere que se cometan por una organización terrorista o individualmente, pero amparados en ella.

El juez cree que Puigdemont tuvo un “rol de liderazgo” en el movimiento de Tsunami, según infiere de conversaciones que obran en la causa, y sostiene que está “acreditado indiciariamente” que el expresidente catalán acudió “a las reuniones que se celebraron en Ginebra” el 29 y 31 de agosto de 2019, donde “pudo haberse planificado la actuación” de la plataforma.

Una conclusión que extrae del análisis de la agenda del historiador y hombre de su máxima confianza, Josep Lluís Alay, quien, según el juez, haría de intermediario con el resto de implicados y consultaría al expresidente catalán las “decisiones y dudas” que surgen en torno a la campaña desplegada por Tsunami.

El magistrado ha dictado este auto apenas unos días después de recibir un informe de la Guardia Civil que ubicaba a Marta Rovira en la coordinación de Tsunami Democràtic, y que vinculaba a otras ocho personas con este movimiento, ahora imputadas.

Entre ellas figura Oriol Soler, empresario próximo al independentismo; el exconseller de ERC Xavier Vendrell -ambos integrantes del “estado mayor” que organizó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017-; el historiador Josep Lluís Alay; el consejero de Omnium Oleguer Serra o los empresarios Marta Molina y Josep Campmajó, entre otros.

Esta causa es una que podría ser susceptible de encuadrarse en una futura ley de amnistía que estos días se encuentra en pleno debate entre el PSOE y sus socios parlamentarios.