La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel, trece años de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena para el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada. También solicita seis años de cárcel par otras cinco personas por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del conocido como Campus de la Justicia de Madrid (CJM).

Alfredo Prada fue consejero de Interior y de Justicia de la Comunidad de Madrid; uno de los hombres de confianza de la presidenta regional en ese momento, Esperanza Aguirre. La empresa pública Ciudad de la Justicia de Madrid se constituyó en 2005 para desarrollar y ejecutar el proyecto de Campus de la Justicia de Madrid, que tenía por finalidad construir un complejo de 14 edificios en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Finalmente no se acabó y quedó en situación de abandono cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones de euros.

Alfredo Prada, exconsejero de Justicia, estuvo al frente del macroproyecto del PP madrileño, pero la Ciudad de la Justicia no llegó a buen puerto. La Audiencia Nacional investiga a Prada y a otras cinco personas por delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delito societario. Un fiasco que costó a las arcas públicas, al menos, 105 millones de euros en obras inacabadas y rescisión de contratos con las constructoras. Se da la circunstancia de que después del fracaso de la Ciudad de la Justicia, Prada fue designado por Pablo Casado al frente de la Oficina del Cargo Popular, un ente de vigilancia de la corrupción dentro del partido.

Otros de los acusados para los que Anticorrupción pide condenas de prisión son Isabelino Baños Fernández, director general técnico, Mariano Sanz Piñar, subdirector técnico, Alicio de las Heras, director de Área Financiera, Félix García Castro, letrado asesor, y Andrés Gómez Gordo, policía, director del área de Seguridad. Este último está también imputado en el denominado 'caso Tándem' sobre las actividades presuntamente irregularidades del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo. El juez de la Audiencia Nacional le acusa ahora de amañar presuntamente tres contratos relacionados con la seguridad de la Ciudad de la Justicia de Madrid. Gómez Nieto fue también asesor de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, en su etapa en el gobierno de Castilla La Mancha.

Según el juez instructor, esta sociedad pública no seguía criterios de racionalidad económicos-administrativos, incluso hubo directivos que se subieron el sueldo hasta un 80 por ciento una vez que la sociedad se declaró en quiebra. La Cámara de Cuentas de Madrid detectó graves irregularidades en materia de contratación pública y en el uso de tarjetas de crédito asociadas a la empresa.