MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito de acusación en el caso de los ERES que se instruyen en Sevilla en el que pide 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para el expresidente de Andalucía y exconsejero de Economía José Antonio Griñán por el supuesto delito de malversación en las ayudas a empresas que eludieron los controles legales. Al mismo tiempo, reclama para el expresidente Manuel Chaves un total de 10 años de inhabilitación por prevaricación.

En su escrito, la Fiscalía reclama la apertura de juicio oral contra 26 políticos, altos cargos y funcionarios implicados en estas ayudas sociolaborales irregulares de los EREs por supuestos delitos de prevaricación en relación de concurso medial con un delito continuado de malversación. A todos ellos los acusa de prevaricación, y pide contra ellos una inhabilitación para el empleo o cargo público por 10 años.

La exconsejera y exministra Magdalena Alvarez se libra de penas mayores y se solicita para ella 10 años de inhabilitación.

En cambio, el ministerio público señala a 18 de estos acusados como autores del delito de malversación continuada. Entre ellos se encuentra José Antonio Viera, exconsejero de Empleo, para el que pide 8 años de prisión.

Entre los acusados por la Fiscalía hay, además, dos exviceconsejeros, tres directores generales -entre ellos Francisco Javier Guerrero-, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.

En total, Anticorrupción reclama 741,59 millones de euros en concepto de responsabilidad civil de forma solidaria a 18 acusados, entre los que se encuentran los técnicos y el propio Griñán, porque los considera autores del delito de malversación en la concesión de las ayudas socialaborales y divide el pago del dinero en función del tiempo en que cada uno de ellos tuvo responsabilidad durante el periodo 2000-2010.

Así, Griñán deberá responder con 483, 7 millones de euros de forma solidaria con más de una decena de acusados por los seis años en que ejerció como consejero de Economía andaluz (2005-2010).

Se da la circunstancia de que el juez instructor del Supremo Alberto Jorge Barreriro, encargado de la pieza sobre Griñán cuando era senador sólo imputada a este expresidente andaluz por el delito de prevaricación. En cambio, tras su renuncia el caso de Griñán andaluz pasó al juzgado de Sevilla, donde la Fiscalía lo acusa además de malversación.
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Fondos públicos gestionados 'a su libre albedrío'

La Fiscalía expone en su escrito que por la ausencia de fiscalización de los fondos y la de la debida convocatoria pública de las ayudas, se pusieron "en manos de la Consejería de Empleo, año tras año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno".

La Fiscalía explica que la Intervención puso reparos, retrasó y cuestionó el pago de las ayudas sociolaborales de la Junta desde el año 2000, "lo que suponía un aumento de la conflictividad sociolaboral" en Andalucía.

Para evitar esa labor fiscalizadora, que "entorpecía y casi impedía este sistema de ayudas", los acusados modificaron los presupuestos de la Junta e introdujeron las llamadas transferencias de financiación.

Con esta aplicación presupuestaria permitieron "de manera consciente que los fondos públicos" para las ayudas sociolaborales "se gestionaran sin la obligada fiscalización crítica o previa", explica el escrito del ministerio público.

Así, los encausados "buscaron no tener límites tampoco en los créditos presupuestarios para atender a estas ayudas, que se concedieron sin sujeción a procedimiento".

Favorecieron sólo a determinadas empresas y personas

De esta forma, añade la Fiscalía, se privó "a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso" a las ayudas "por falta de publicidad", y se facilitó "que personas que ni siquiera pertenecían a las empresas accedieran" a ellas.

Tampoco se fijaban "límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis empresarial, abonando campañas de publicidad, cursos de formación de voluntariado, etc".

La gestión irregular era conocida por todos

La Fiscalía agrega que la gestión de los fondos por los encausados pertenecientes a Empleo "era conocida por el resto de los encausados" por los informes de la Intervención desde el año 2002, "muy especialmente en el llamado "informe adicional" del ejercicio 2003 notificado en 2005".

También era conocida por los informes de auditoría de cuentas de IFA/IDEA (la actual Agencia de la Innovación y el Desarrollo de Andalucía), en particular el de 2003. Y también por varios informes encargados por la Consejería de Empleo a despachos de abogados y consultores externos a la administración autonómica en los ejercicios 2008 y 2009.

Los 26 acusados

Por todo ello, el ministerio público reclama abrir juicio oral contra estas 26 personas:

1. Francisco Javier Guerrero Benítez, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social: por prevaricación y autor de malversación (con pena de prisión de 8 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta durante 20 años).
2. Antonio Fernández García, exconsejero de Empleo: prevaricación y autor de malversación (con pena de prisión de 8 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta durante 20 años). 
3. Juan Márquez Contreras, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social: prevaricación y autor de malversación. (con pena de prisión de 8 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta durante 20 años).
4. Daniel Alberto Rivera Gómez, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social: prevaricación y autor de malversación (con pena de prisión de 6 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena e inhabilitación absoluta por 20 años).
5. Agustín Barberá Salvador, exviceconsejero de Empleo: prevaricación y autor de malversación (con pena de prisión de 8 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta durante 20 años).
6. Manuel Chaves González, expresidente de la Junta: prevaricación
7. José Antonio Griñán Martínez, expresidente de la Junta: prevaricación y autor de malversación (con pena de prisión de 6 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena e inhabilitación absoluta por 20 años).
8. Magdalena Álvarez Arza, exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda: prevaricación
9. José Antonio Viera Chacón, exconsejero de Empleo: prevaricación y autor de malversación (con pena de prisión de 8 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta durante 20 años).
10. Gaspar Zarrías Arévalo, exconsejero de Presidencia: prevaricación
11. Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda y Administración Pública: prevaricación y autora de malversación (con pena de prisión de 6 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena e inhabilitación absoluta por 20 años).
12. Francisco Vallejo Serrano, exconsejero de Innovación: prevaricación y autor de malversación (con pena de prisión de 8 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta durante 20 años).
13. Justo Mañas Alcón, exviceconsejero de Empleo: prevaricación y autor de malversación (con pena de prisión de 6 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena e inhabilitación absoluta por 20 años).
14. Gonzalo Suárez Martín, exviceconsejero de Innovación: prevaricación
15. Jesús María Rodríguez Román, exviceconsejero de Innovación: prevaricación y autor de malversación (con pena de prisión de 8 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta durante 20 años).
16. José Salgueiro Carmona, exviceconsejero de Economía: prevaricación
17. Juan Francisco Sánchez García, exsecretario general de la Consejería de Empleo: prevaricación y autor de malversación (con pena de prisión de 8 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta durante 20 años).
18. Javier Aguado Hinojal, exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo: prevaricación y autor de malversación (con pena de prisión de 8 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta durante 20 años).
19. Lourdes Medina Varo, exsecretaria general técnica de la Consejería de Empleo: prevaricación y autora de malversación (con pena de prisión de 8 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta durante 20 años).
20. Antonio Estepa Giménez, exsecretario general de Hacienda: prevaricación
21. Antonio Vicente Lozano Peña, exviceconsejero de la Presidencia y exdirector general de Presupuestos: prevaricación
22. Manuel Gómez Martínez, exinterventor general de la Junta: prevaricación y autor de malversación (con pena de prisión de 6 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena e inhabilitación absoluta por 20 años).
23. Miguel Ángel Serrano Aguilar, exdirector general de Idea: prevaricación y autor de malversación (con pena de prisión de 8 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta durante 20 años).
24. Jacinto Cañete Rolloso, exdirector general de Idea: prevaricación y autor de malversación (con pena de prisión de 8 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta durante 20 años).
25. Antonio Valverde Ramos, exdirector general de Idea: prevaricación y autor de malversación (con pena de prisión de 6 años, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena e inhabilitación absoluta por 20 años).
26. Francisco del Río Muñoz, exjefe del gabinete jurídico de la Junta: prevaricación