La Fiscalía del Tribunal Supremo notificó al rey emérito que le estaba investigando por su fortuna oculta en el extranjero antes de que Juan Carlos I presentara sus regularizaciones. Fue el teniente fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos quien notificó formalmente al rey emérito la apertura de cada una de las tres investigaciones en curso, informa el diario El País:  en junio, noviembre y diciembre de 2020.

Con las dos primeras notificaciones en su poder, Juan Carlos I presentó en Hacienda una regularización por importe de 678.393 euros en diciembre de 2020. Posteriormente, en febrero de 2021 presentó una segunda regularización por importe de 4,4 millones de euros, ya después de haber recibido la tercera notificación.

Presentar la regularización después de haber recibido las notificaciones tiene consecuencias importantes: la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ya advirtió el pasado mes de marzo de que el emérito no estaría exento de un delito fiscal, tal como buscaba con sus regularizaciones, si la Fiscalía le notificó la investigación con anterioridad.

La importancia de estas notificaciones previas a las dos regularizaciones deriva de lo señalado en el artículo 305.4 del Código Penal, que dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, "antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

Sin embargo, las fuentes citadas por El País aseguran que esas notificaciones son "muy genéricas": ellas no se detallaba si se trataba de un presunto delito fiscal y, en tal caso, qué impuesto sería el supuestamente defraudado ni tampoco en qué período de tiempo. 

Además, en cada uno de los escritos de notificación se invitó al entonces abogado del rey emérito a personarse en las diligencias, pero éste no no lo hizo en ninguno de los tres casos. De haberlo hecho, los representantes legales de Juan Carlos I habría accedido al contenido de la investigación y no habría podido alegar desconocimiento

Pese a estas regularizaciones del rey emérito, ni la Agencia Tributaria ni la Fiscalía del Tribunal Supremo han cerrado todavía ninguna de sus investigaciones. 

Los movimientos de Hacienda

En mayo de este año la Agencia Tributaria (AEAT) notificó a Juan Carlos I la apertura de una inspección y le pidió más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado y que han permitido aflorar casi cinco millones de euros, la mayor parte presuntamente relacionados con vuelos privados que le sufragó una fundación de su primo Álvaro de Orleans-Borbón. El rey utilizó esta fundación y otra que impulso él mismo para blanquear sus importantes ingresos, como por ejemplo los 52 millones de euros en comisiones qeu se llevó por la venta del Banco Zaragozano, tal como informó Público en exclusiva este verano. 

Por otro lado, este mes de septiembre, el presidente de los Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, pidió a la Fiscalía del Tribunal Supremo que aclarara si notificó al rey emérito la apertura de diligencias de investigación contra él antes de que llevase a cabo las regularizaciones de sus fondos en el extranjero.

Hasta el momento, desde la Fiscalía evitan aclarar su efectivamente esas notificaciones se realizaron formalmente antes de que el emérito regularizara con Hacienda. Si la notificación fue formal, los técnicos sostiene que la regularización no es válida y Juan Carlos I tendrá que hacer frente a las posibles responsabilidades administrativas y penales que se deriven de la causa.

Precisamente, en este mes de septiembre se conoció, según adelantó El Mundo que la Fiscalía del Supremo cree que Juan Carlos I cobró "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales" para amasar su fortuna, según quedaría reflejado en una comisión rogatoria librada a las autoridades suizas para obtener información sobre la Fundación Zagatka.

La Comisión Rogatoria apunta a la posible comisión de al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.