La Fiscalía del Tribunal Supremo comunicó a principios de noviembre al rey emérito, Juan Carlos I, que estaba siendo investigando por dos causas abiertas sobre su fortuna. 

La notificación se produjo el pasado mes, en la que se lo hizo saber al abogado de Juan Carlos I la existencia de diligencias abiertas relativas al uso de tarjetas a nombre de quien había sido su ayudante de campo, el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga

Con esa notificación en su poder presentó en Hacienda este miércoles los 678.393 euros. En la Fiscalía analizan si serviría para neutralizar una investigación sobre este dinero, ya que adelantó así a la presentación de una querella del ministerio público. 

Fuentes jurídicas aseguran que será la Fiscalía del Tribunal Supremo la que tenga que decidir si esta regularización permite evitar la vía penal. En sus manos está también el análisis pormenorizado de la declaración fiscal. El ministerio público analizará en detalle la procedencia del dinero con el que se ha satisfecho la deuda con Hacienda y comprobará si es "veraz y completa", en caso contrario la regularización podría ser rechazada y el emérito no podría evitar la vía penal.

Nuevo fiscal a cargo de las diligencias

El teniente fiscal del TS, Luis Navajas, que está ahora al cargo de las diligencias de investigación, se jubila este mes y tendrá que ser sustituido. El único candidato para hacerse con el puesto es el fiscal Juan Ignacio Campos que, previsiblemente, será propuesto por la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.

Será él quien estudie la procedencia del dinero empleado para pagar la regularización fiscal efectuada por el rey emérito y alejar así el peligro de un proceso penal por fraude fiscal y blanqueo de capitales.

La cantidad abonada a Hacienda está relacionada con el uso de tarjetas opacas por el rey emérito y varios familiares con cargo a los 800.000 euros recibidos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause entre los años 2016 y 2018, cuando Juan Carlos I ya no estaba protegido por la inmunidad que concede la Constitución al jefe del Estado.

Para que el abono de estas cantidades junto con los recargos e intereses correspondientes aleje definitivamente el peligro de una investigación penal, debe abarcar todas las cantidades defraudadas a la Hacienda pública y eso es precisamente lo que debe comprobar ahora la Fiscalía, que descarta un archivo rápido de la causa.