"Me indigna que se esté pensando que somos como una pandilla de forajidos y que damos ordenes todos los días [diciendo] quita eso porque es amiguete o esto no porque me ha dicho el ministro que no se persiga", espetó hace un mes el nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tras el escándalo de la purga de los fiscales que perseguían por corrupción al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del PP.

Maza alega "criterios técnicos" para su firme oposición a que se investigara a ese dirigente político por el caso Auditorio, no sólo en contra de la opinión de las dos fiscales que llevaban el asunto y del fiscal jefe Anticorrupción de la región --Manuel López Bernal, al que apartó fulminantemente de ese cargo--, sino también del propio magistrado que lleva el procedimiento y que acabó por imputar al presidente a pesar de tener tan buenas relaciones con dirigentes del PP murciano que ha sido fotografiado tomando cañas con ellos en una terraza.

El fiscal general aduce una y otra vez que sus decisiones --impartidas a través de órdenes en un cuerpo altamente jerarquizado-- son resultado de consultas técnicas con otros fiscales, pero la situación es altamente sospechosa porque durante el mandato de Mariano Rajoy, y especialmente a partir de 2016 cuando perdió la mayoría absoluta parlamentaria, el Ministerio Público ha emprendido actuaciones claramente obstruccionistas en no menos de una decena de casos de corrupción política o policial. Demasiadas coincidencias.

Porque, en contra de lo que alega reiteradamente el Gobierno, la Fiscalía no es en absoluto "independiente", sino que el Ejecutivo nombra a dedo a su jefe máximo, quien a su vez designa a su libre arbitrio a los responsables de cada área del Ministerio Público (fiscales de Sala, fiscales-jefe, fiscales superiores y tenientes fiscales), quienes, a su vez imparten las órdenes a todos los demás sobre cómo han de actuar en cada caso y procedimiento. Una estructura jerárquica casi militarizada.

Así fue posible que Maza impusiera a Manuel Moix para dirigir la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de que nunca había ejercido antes esa especialidad y de que al puesto se postulaban fiscales con gran reputación y experiencia en ese campo. Nombramiento que formó parte de una verdadera caza de brujas en el Ministerio Público que barrió de los puestos de mando a todos los fiscales progresistas y los reemplazó por afines al PP.

Una maniobra tan descarada que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) emitió un comunicado oficial denunciando que los nombramientos decididos por Maza suponen "un claro retroceso en la pretendida autonomía" del Ministerio Público frente al poder Ejecutivo, pues "sólo pueden explicarse desde un interés eminentemente político e ideológico".

Y el último capítulo de estas decisiones ha sido el anunciado por Moix hoy mismo de apartar del caso 3% de corrupción en Catalunya a los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda, dos de los más independientes que actúan en Anticorrupción y que no se han dejado engañar por los montajes policiales de la brigada política de Interior en cuanto a los casos de la familia Pujol o de las falsas acusaciones contra el exalcalde de Barcelona Xavier Trias. Además, ambos están en el punto de mira del PP desde que han investigado casos como el de Gaoping (con el comisario Villarejo implicado) o el de Sintel (con Adrián de la Joya implicado), mientras que Maza ha estado involucrado en el montaje jurídico de Schola Iuris organizado por el propio José Manuel Villarejo Pérez.

Más todavía: los ceses de Bermejo y Grinda no servirán para dejar el caso en manos de la Fiscalía catalana, como aduce Moix, ya que el caso 3% incluye blanqueo de capitales y, por tanto, tendrá que ir a ser instruido en la Audiencia Nacional, por lo que volverá a la Fiscalía Anticorrupción central. Ahora bien, para entonces ya se podrá nombrar a otros fiscales más afines al PP para que se hagan cargo del procedimiento.

Maza ha tratado de convencer a la opinión pública de que es falso que se impartan órdenes estrictas a los fiscales, porque éstos --acogiéndose al Estatuto Fiscal-- "tienen su mecanismo para, si no están de acuerdo con una instrucción que se les da, llevarlo incluso a la Junta de Fiscales". Bien, pues veamos lo que ha ocurrido en la Operación Lezo.

El obstruccionismo partidista de Moix es de manual

Desde el primer momento, el nombramiento de Manuel Moix fue denunciado como partidista y e injustificado: como fiscal-jefe de Madrid se opuso a que se considerasen como prueba los correos de Blesa en el caso Bankia/Caja Madrid, y se encargó del oscuro asunto del espionaje entre dirigentes del PP de Madrid (entre Francisco Granados e Ignacio González, ambos presos ahora) y logró que vaya a ser juzgado ahora en vista oral sin que haya un solo político del PP imputado.

Así que cuando tuvo su primera gran oportunidad de ejercer como jefe Anticorrupción, se lució: ordenó por escrito a los dos fiscales encargados de la actual Operación Lezo que no se practicase la diligencia de registrar el domicilio del principal imputado, Ignacio González. Y tan absurdamente arbitraria era esa decisión, que esos dos fiscales se rebelaron y convocaron a la Junta de Fiscales Anticorrupción, quienes por mayoría se opusieron a las intenciones de Moix.

Porque, además, Moix impuso la retirada del delito de organización criminal tanto contra el expresidente de la Comunidad de Madrid como con el resto de investigados en la Operación Lezo, así que los fiscales no pudieron incluirlo en sus acusaciones a los detenidos, y sólo se ha sostenido en la causa porque así lo ha decidido el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, a pesar de la posición oficial de la Fiscalía.

Todo esto es ya escandaloso, pero aún es más grave descubrir que finalmente Moix se plegó a aceptar el registro del domicilio de González porque en esa Junta de Fiscales se le mostró la grabación en la que este último hablaba por teléfono, el pasado enero, con el exministro Eduardo Zaplana, felicitándose por el próximo nombramiento de Moix al frente de Anticorrupción, calificándolo de afín al PP y previendo que ayudaría al brazo derecho de Esperanza Aguirre a zafarse de sus problemas judiciales, como el del caso del ático de Estepona.

Esta conversación no sólo constituía un intolerable chivatazo a un investigado sobre los planes del fiscal general, cometido un mes antes de que Maza los anunciase, sino que tiene todos los indicios de una maniobra de encubrimiento de corrupción. Por ello, Unidos Podemos ha pedido la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y los ceses de Maza y Moix, mientras PSOE y Ciudadanos se han sumado a la exigencia de que tanto Catalá como el de Interior, Juan Ignacio Zoido, y el propio Maza comparezcan en el Congreso para dar explicaciones. Si es que todo esto puede tener una explicación "técnica".

El informe policial sobre el blanqueo de Villarejo, enterrado en un cajón por la Fiscalía de Madrid

Moix fue durante diez años fiscal-jefe de Madrid --antes de ascender al Contencioso-Administrativo en 2015-- y allí dejó al frente a un hombre de confianza: José Javier Polo Rodríguez. Pues bien, cuando Anticorrupción remitió a la Fiscalía de Madrid el informe de Asuntos Internos de la Policía en el que se detallaba el imperio empresarial levantado por el comisario Villarejo, y en el que se exponían claros indicios de que esas 40 empresas por valor de 25 millones de euros habían participado en blanqueo, el fiscal-jefe Polo decidió meterlo en un cajón, cerrarlo y tirar la llave.

Un año entero pasó ese informe archivado en la Fiscalía de Madrid, y allí sigue sin que el Ministerio Público haga una sola indagación, a pesar de que Público reveló su existencia y ofreció amplios detalles de su contenido, donde los agentes que lo redactan exponen sus sospechas de que ese imperio pudo haber empezado a crecer a partir de la sustracción de fondos reservados que se deberían haber dedicado a la persecución de etarras huidos a países latinoamericanos como Uruguay, donde Villarejo posee actualmente un hotel de lujo.

Ese informe de la Unidad de Asuntos Internos subraya a la Fiscalía "la necesidad de adoptar nuevas medidas de investigación tendentes a esclarecer los hechos; en concreto, si la estructura societaria analizada pudiera estar sirviendo de base para introducir en el sistema económico legal bienes de origen ilícito." Y advierte al fiscal-jefe de que "de ser así resultaría de especial gravedad tanto desde el punto de vista de las penas con que tales actividades resultan sancionadas en la ley penal, como desde el punto de vista de la alarma y repercusión social en cuanto cometidos, presuntamente, por quienes forman parte de un Cuerpo Policial".

Así que ese inexplicable archivo del informe podría constituir un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Más si cabe, cuando la Fiscalía también conoce otro informe muy similar y que llega a idénticas conclusiones, efectuado por la comisión judicial que investiga el caso del pequeño Nicolás. Y, una vez más, el fiscal de este otro caso se ha dedicado a obstaculizar todo avance de los investigadores, hasta el punto de alegar que hay que parar las pesquisas porque "desbordan el ámbito de la investigación", como si no hubiera que actuar --y de oficio-- cuando aparecen pruebas sobrevenidas que indican la comisión de otros delitos al margen de los que se están examinando.

El fiscal San Román, gran defensor del 'pequeño Nicolás' 

Anteriormente Público ya ha examinado las actuaciones del fiscal del caso del pequeño Nicolás, Alfonso San Román, y ha denunciado que se comporta prácticamente como un compinche del joven estafador y suplantador, al que ya se le pide un total de 25 años de cárcel por numerosos delitos... y todavía falta la calificación en algunas de las causas contra él.

“El propio fiscal San Román está apoyando a las defensas y poniéndose en contra de las acusaciones tanto populares como particulares, de la Abogacía del Estado y del Ayuntamiento de Madrid”, ha explicado a Público uno de los letrados presentes en esa causa.

La pormenorización de todas las estratagemas, maniobras y escritos que ese fiscal ha efectuado con la evidente intención de provocar la nulidad de las actuaciones en la pieza separada sobre la grabación ilegal a agentes de Asuntos Internos y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) --un gravísimo delito contra la seguridad del Estado-- sería demasiado farragosa para el ámbito de este artículo (el que la quiera consultar, puede ir a los enlaces de las párrafos anteriores). Sin embargo, esta última fase de la instrucción, una vez se ha retirado de la causa el juez Arturo Zamarriego, está revelando un comportamiento fiscal más que sospechoso.

Porque, tras insistir durante dos años en que los dos principales investigadores de la comisión judicial escogida por el magistrado tenían que retirarse de la causa por ser "perjudicados del delito de descubrimiento y revelación de secretos" que se investiga (la grabación y su posterior difusión a la prensa), en cuanto uno de ellos (Marcelino Martín-Blas) accedió a retirarse de la comisión y se presentó como acusación particular, San Román cambió súbitamente de postura y se opuso a su personación alegando ahora que no es perjudicado de ese delito.

En su empeño por liquidar la comisión judicial investigadora, el fiscal no sólo ha enviado media docena de escritos al juez y ha planteado recursos a la Audiencia, perdiendo todas esas iniciativas, sino que incluso acusa a un inspector de prestar falso testimonio (lo que constituye un gravísimo delito para un funcionario público), al tiempo que da por ciertas las afirmaciones de imputados que tienen derecho a mentir en su defensa. Algo peor que absurdo en una actuación fiscal.

Además, San Román cambió súbitamente de actitud a partir de 2016: dio un giro de 180 grados a sus criterios, oponiéndose sistemáticamente a todos los informes y diligencias que él mismo había aceptado durante dos años, negando sus propias afirmaciones anteriores y recurriendo a argumentaciones y alegaciones sin base jurídica, siempre con el fin de descarrilar la investigación. El cúmulo de muestras de ello --todas documentadas-- pone de manifiesto que ha recibido órdenes de sus superiores para adoptar esas nuevas posturas, contradiciendo toda su actuación anterior.

Del disco duro de Bárcenas a Pablo Iglesias, pasando por las grabaciones al ministro y el chantaje a la Casa Real

Por si todo lo relatado hasta ahora no fuera suficiente, se pueden repasar otras cuatro actuaciones claramente sesgadas de la Fiscalía en casos de corrupción política o policial que afectan al Partido Popular o a la brigada política montada por el anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Cuando el informático jefe del PP formateó 35 veces los discos duros del extesorero Luis Bárcenas y luego los destruyó físicamente, pese a que estaba en marcha la causa sobre la CajaB del partido relacionada con los archivos que contenían esos discos, la Fiscalía se opuso una y otra vez a considerar que se había cometido un delito de obstrucción a la Justicia. Finalmente, tuvo que ser la jueza, Rosa María Freire, quien decidiese procesar al PP, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán, por la destrucción de los discos, pese a la oposición de la Fiscalía.

En cuanto al escándalo más importante de los últimos tiempos, el de las grabaciones al ministro del Interior que reveló Público, la Fiscalía del Supremo hizo un dictamen con la versión íntegra que este diario facilitó a la Fiscalía General del Estado en el que argumentó que no veía nada raro en las conversaciones de Fernández Díaz con De Alfonso conspirando para destruir reputaciones de políticos soberanistas catalanes y socavar partidos políticos, a base de montajes policiales, investigaciones prospectivas y filtraciones interesadas a la prensa.

Tan "normal" era hablar de eso en el despacho oficial del ministro del Interior que se ha creado en el Congreso la primera comisión de investigación desde el 11-M.

Igualmente, la Fiscalía de Madrid se opuso al procesamiento de Javier López-Madrid (hoy detenido en la Operación Lezo) cuando fue denunciado por la doctora Elisa Pinto, quien también denunció que el comisario Villarejo la había apuñalado para intimidarla, sin que la fiscal del caso la apoyara.

Mucho más recientemente, cuando Público ha revelado --apoyándose en grabaciones de audio de la conversación entre un comisario principal y ex director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino-- la comisión de un chantaje a la Casa Real por parte de mandos policiales ya retirados, la Fiscalía ha argumentado que ese asunto no es competencia de la Audiencia Nacional. ¡Pero si la Constitución establece claramente que eso es estrictamente de su competencia! ¿O es que sólo le competen los chistes de tuiteros y las portadas de El Jueves?

Finalmente, la Fiscalía también ha ayudado a justificar la sentencia (en primer instancia) que estima "veraz" una información publicada por OKdiario acusando a Pablo Iglesias de haber cobrado más de 270.000 euros del Gobierno de Maduro... pese a que el documento que se mostraba como prueba estaba falsificado y el propio autor de la noticia ha demandado al director, Eduardo Inda, por manipular y tergiversar la noticia original que él escribió. ¿Es eso "veraz"?

Cualquier fiscal consideraría que todo esto suma un cuerpo de indicios suficiente como para investigar a la propia Fiscalía por intento de encubrimiento. Pero ¿cómo van a poder investigar a sus jefes si estos se lo pueden prohibir? Aunque sean "forajidos".

Sólo queda ya la independencia del Congreso de los Diputados.
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