El auto de ingreso en prisión de dos exaltos cargos del Canal de Isabel II, dictado por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, es paradigmático sobre cómo ha sido posible saquear esta empresa pública sin que se note… hasta ahora.

En diez escuetos puntos, el juez Velasco resume la magnitud de una estrategia destinada a saquear dinero público y esconderlo en paraísos fiscales. En su cúspide se sitúa Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. Se sospecha de financiación ilegal del PP de Madrid.

El auto resume una operación del año 2013 de la trama del Canal, que la Guardia Civil ha tildado de Operación Lezo en honor a Blas de Lezo, el defensor de Cartagena de Indias frente a los ingleses y ciudad donde González fue grabado en 2008 entrando bolsas blancas en una casa y saliendo sin ellas en compañía de Edmundo Rodríguez Sobrino, su mano derecha en los negocios del Canal en Latinoamérica.

El auto aborda sólo una operación, por la que se saquearon 23,3 millones de euros del dinero de los madrileños. Los investigados son María Fernanda Richmond –en prisión provisional bajo fianza de 4 millones de euros- y Adrián Martín López de las Huertas, quien iba a salir este viernes de prisión tras pagar una fianza de 100.000 euros.

Con estos diez puntos la trama malversó 23,3 millones de euros sin que se notara, según el auto. Aquí están:

- No hubo autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

- No había razones jurídicas económicas que lo justificaran.

- Se adquiere una empresa “hipervalorada” a través de un entramado societario opaco.

- Se modifica la adquisición del 40% al 75% de la empresa (Emissao, en Brasil) sin autorización.

- Se renuncia a un aval de 3 millones de euros para contingencias sin justificación alguna y sin autorización.

- La empresa se adquiere sin valoración independiente.

- No hay autorización de la Consejería de Hacienda.

- La adquisición no estaba incluida en el plan estratégico del Canal Extensia.

- Un informe de la empresa auditora (KPMG) alertaba de la operación y el juez dijo que “debió llevar a la paralización inmediata de la adquisición”.

- Se paga a través de cuentas corrientes bancarias no autorizadas y en paraísos fiscales.

Todo ello conlleva aproximadamente a 25 millones de dólares de malversación y lesión al patrimonio público madrileño.

La operación data de 2013. Se centra en la “adquisición hipervalorada ficticiamente de la empresa brasileña Emissao intervenida por empresas instrumentales” para operar en paraísos fiscales “en contra de la opinión de auditores independientes con el pago de comisiones prohibidas sin informe de secretarios técnicos ni interventores ni autorización de Consejería de Hacienda”.

Las operaciones fueron “concebidas para posibilitar por parte de los dos investigados desvío de dinero público madrileño de 25 millones de dólares que así pasaban a cuentas bancarias en terceros países con opacidad respecto de las titularidades reales, con consiguiente desaparición del patrimonio de la empresa pública madrileña”.