VALLADOLID.- La Fiscalía de Valladolid ha presentado denuncia contra el exdiputado y exdirigente del PP Vicente Martínez Pujalte por los delitos de falsedad y cohecho presuntamente cometidos mientras era parlamentario, al simular pagos de diferentes empresas, entre ellos la vallisoletana Collosa, por trabajos inexistentes mientras ocupaba el escaño.

La denuncia, según una información de El País recogida por Europa Press, se dirige también contra la exsenadora vallisoletana Ana Torme, Alejandro Llorente Múñoz, Alejandro Ballestero de Diego (exdiputado del PP), Juan Antonio Mora Barrero y María del Mar Benito Vega, todos ellos relacionados con empresas que presuntamente pagaron a Pujalte, a través de la empresa Sirga XXI Consultores.

Los hechos han sido investigados por la propia fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez Jerez, a lo largo del último año, tras lo cual acordó presentar la citada denuncia que fue turnada al Juzgado de Instrucción número 5 de la capital, que finalmente ha decidido inhibirse y remitir la misma al juez decano de Madrid para turnarla al juzgado que corresponda.

Pujalte y Torme eran dueños al 50% de Sirga XXI Consultores, creada mientras eran diputados, hasta que en 2011 la parlamentaria le vendió su participación. A esa sociedad se hicieron los pagos de la constructora.

Pujalte recibió pagos regulares de la constructora Collosa, que contrataba con la administración pública, mientras ocupaba un escaño en el Congreso

Pujalte recibió pagos regulares de la constructora Collosa, que contrataba con la administración pública, mientras ocupaba un escaño en el Congreso. En las elecciones generales del pasado mes de diciembre, ya no concurrió en las listas del PP, tras haberse publicado la información sobre esos pagos.

La denuncia detalla los ingresos del despacho entre 2008 y 2014, procedentes de la constructora y de otras empresas de diferentes sectores.

"Asesoramiento verbal"

La teórica razón de esos pagos era asesoramiento, pero la Fiscalía asegura que "no se aportan los informes que hubieran podido realizar" y que "el asesoramiento era verbal". A la vez, la empresa Collosa recibió en esos años, entre 2006 y 2013, ingresos por contratos con la Junta de Castilla y León por importe total de 134,4 millones de euros.

Otra empresa, Marcenado Economistas, paga a la empresa de Pujalte incluso antes de que ésta se haya constituido legalmente. Esta empresa es de Ricardo Romero de Tejada, vinculado al PP por haber sido secretario general del partido en Madrid.

También le paga Scardovi, la empresa de Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Aristegui, exdiputados del PP investigados en la Audiencia Nacional

También le paga Scardovi, la empresa de Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Aristegui, exdiputados del PP investigados en la Audiencia Nacional.

Le pagan también la Confederación Empresarial de Madrid, la Confederación Regional Empresarial de Extremadura y el Consejo Económico y Social de Extremadura, Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres, entre otros. La primera aporta una fotocopia de un libro y la segunda "estudios incompletos".

De la Cámara de Comercio cobró mientras era ponente de la Ley de Cámaras en el Congreso, según se recuerda en el escrito.

"No se aporta el contrato que pudiera sustentar la prestación de servicios", concluye el escrito de la Fiscalía para todos esos casos y habla del "carácter simulado en su integridad de las facturas cuyo importe ha recibido" la empresa de Pujalte.

"En el caso de Corporación Llorente Muñoz el contrato es previo a la existencia de la sociedad Sirga XXI, no existe ni un solo informe ni dictamen, es una sociedad con un importante volumen de negocio que tiene numerosos asesores y especialistas, muchos de ellos coincidentes con la clase de asesoramiento que dice recibir de Martínez-Pujalte", añade.

Concluye que puede ser un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los artículos 390 y 392 del Código Penal y de cohecho continuado de los artículos 426, 422 y 424, al tratarse, presumiblemente, de "documentos simulados creados ad hoc para encubrir unos pagos por servicios inexistentes".