La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha remitido un informe a la Sala de lo Penal apoyando la decisión del juez instructor, Santiago Pedraz, de concluir el sumario de la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) contra miembros del Frente Polisario por presuntos delitos de genocidio, sin procesar al líder de la organización política, Brahim Ghali.

El fiscal Pedro Martínez Torrijos ha acordado la suspensión de la querella, ya que considera que los hechos han prescrito. El Ministerio Público explica que los hechos habrían ocurrido entre 1974 y 1990, por lo que el Código Penal que se aplicaría sería el de 1973, en el que se establecía un periodo de prescripción de 20 años.

"En conclusión, queda constatado que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 113 del Código Penal de 1973", indica Martínez. El fiscal ha resaltado la inexistencia de elementos probatorios que demuestren la participación de Ghali en los hechos denunciados en la querella, aunque no entra a valorar si los hechos podrían constituir el delito de genocidio regulado por el Código Penal actual. Además, destaca ciertas contracciones entre las afirmaciones de la querella y los testimonios, cuestión que resta credibilidad a los testimonios e impide mantener la imputación contra Ghali.

El fiscal también apunta que no observa el elemento subjetivo que forma parte del delito de genocidio, esto es, "la intención conjunta que guía según la querella a los asesinatos y torturas a los disidentes de destruir total o parcialmente el propio grupo nacional al que pertenecen". A su juicio, "no hay rastros de esos subgrupos en los que ASADEDH divide al pueblo saharaui según su localización geográfica", por lo que advierte de que "se trata de forzar la norma penal para lograr la calificación indicada".

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 acordó, en base a los mismos argumentos, concluir el sumario sin procesar a Ghali, enviando el conjunto de las pesquisas a la Sala de lo Penal.

Dos querellas contra Ghali

La querella contra ASADEDH incluía a 23 agentes del Frente Polisario, entre ellos Ghali, y cuatro miembros de la seguridad argelina por graves violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis ubicados en Tinduf (Argelia) entre los años 1975 y 1990.

Ghali tiene otra querella en la Audiencia nacional. El activista saharaui español, Fadel Breica, presentó una denuncia por torturas que habría sufrido en los campamentos de Tinduf en 2019. Ghali está acusado de realizar una "limpieza étnica" contra las minorías tekna, aitusa, yegutt y contra los pobladores del ex Sáhara español.

Breica asegura que al llegar al campamento, los agentes del Frente Polisario le amenazaron para que se fuera. El activista organizó protesta, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

Entrada de Ghali en España

Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, investiga si hubo delito de prevaricación en la entrada y salida de Ghali de España en una causa que tiene como principal imputada a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, que afirma que este entró en España "de acuerdo con la ley".

Las acusaciones contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática aumentaron cuando se conoció que este se encontraba en un hospital de Logroño debido al covid. 

Ghali compareció el 1 de junio ante Pedraz por videoconferencia desde el centro sanitario, negando cualquier implicación en dichas violaciones de los Derechos Humanos. El juez permitió su libertad bajo medidas cautelares, ya que aseguraba que no había indicios en su contra. Tras pocas horas después de la decisión del juez, Ghali regresó a Argelia.