PALMA DE MALLORCA.- La excúpula de UM, encabezada por la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, ha sido condenada a multas que suman más de 57.300 euros tras admitir que permitió el desvío de 200.000 euros públicos -que ya han devuelto- mediante la contratación, con fondos de la Institución insular, de una treintena de trabajadores que en realidad se dedicaban a realizar labores particulares y buscar votos a favor del partido.

La exdirigente histórica de UM, en prisión desde el 24 de julio de 2013 con dos condenas que suman 11 años y medio de cárcel, ha alcanzado así por primera vez un pacto con la Fiscalía que conlleva reconocer las irregularidades que auspició al frente de su cargo. Junto a Munar se han declarado culpables de estos hechos el exvicepresidente de la formación Miquel Nadal, el exconseller de Turismo del Govern Francesc Buils y el exconseller insular de Hacienda Miquel Àngel Flaquer, así como otros siete acusados.

Los cuatro máximos exdirigentes de la formación se enfrentan, en concreto, a nueve meses de prisión por delitos de malversación y prevaricación que en el caso de Munar serán sustituidos por una multa total de 10.800 euros, en el de Nadal y Flaquer, por 6.480, y en el de Buils, por 5.400.

Mientras tanto, se les ha retirado la acusación a siete de los inculpados, entre quienes se encuentran la exportavoz de UM Catalina Julve y el exconseller de Deportes del Govern Mateu Cañellas.

Los hechos se enmarcan en la pieza 13 del conocido como caso Voltor, la misma causa cuyo estallido en febrero de 2010 llevó al entonces presidente del Govern, Francesc Antich (PSIB), en medio de una crisis sin precedentes en el Ejecutivo balear, a expulsar a todos los cargos ejecutivos de UM de las principales instituciones de las islas. Se rompía así el pacto de gobernabilidad firmado con la formación 'uemita' en 2007.

Un año después, en febrero de 2011, el partido regionalista se disolvía acuciado por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas.

Los procesados han admitido que malversación hasta un total de 200.000 euros -frente a los 430.000 a los que aludía Anticorrupción en su escrito de acusación provisional-, cantidad que consignaron la semana pasada a fin de que les fuese aplicada una atenuante de reparación del daño. De esta cifra, Munar abonó el pasado viernes 36.500 euros.

Junto a los anteriores exdirigentes de UM también han sido condenados el exdirector general de Relaciones Institucionales Josep Lliteres (a nueve meses de cárcel que serán sustituidos por una multa de 5.400 euros), la exsecretaria personal de Nadal Antònia Vidal (3.840 euros), la exjefa insular de Emergencias María José Rodríguez (3.780), las exsecretarias técnicas técnicas Esperanza Massanet (3.780), Coloma Castañer (2.940) y Eugenia Cañellas (4.620), y el exgerente del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) Eugenio Losada (3.780). Estos dos últimos reconocieron en su día los hechos.

De hecho, durante la instrucción de la causa, el exgerente del Cilma aportó a la jueza instructora un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos trabajadores 'fantasma' colocados a instancias de los exaltos cargos de UM. Tras ello, la magistrada Carmen Abrines interrogó a varios de los trabajadores.

Trabajadores 'privados de UM'

De acuerdo al pacto alcanzado con la Fiscalía, la Abogacía del Consell y el Consorcio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Mallorca, los acusados admiten cómo los militantes 'uemitas', pese a estar a sueldo del Cilma, dependiente del Consell, no llegaron a acudir a su puesto de trabajo sino que se habrían dedicado a trabajar para el partido, sufragando de este modo la Institución insular "a trabajadores privados de UM".

Para ello, Munar, Nadal, Buils y Flaquer se concertaron con los demás acusados con el objetivo de beneficiar a UM camuflando la contratación de los agentes electorales en los proyectos públicos que se gestionaban en el Cilma. Los militantes se incorporaban así a los mismos, si bien se dedicaban, en ocasiones parcialmente y otras de manera casi exclusiva, a la captación de votos y a tareas de "proselitismo y difusión" del programa del partido de cara a las elecciones autonómicas de 2007.

Los proyectos eran, en concreto, los de Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para la colocación de los empleados. Hasta 28 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales.

De acuerdo al acuerdo suscrito, el plan diseñado por los exaltos cargos, "además de beneficiar económicamente" a UM, "pues los fondos públicos se utilizaban en sufragar gastos de la formación política, significaba un beneficio particular y personal para los intervinientes". Y es que, merced a su conducta, los exdirigentes "veían reforzada su posición en el partido, ya que al ser capaces de proporcionar personas a UM su consideración e importancia en el partido se incrementaban ampliamente y crecía su poder e influencia entre los militantes".

Munar aseguró no tener nada que ver con las contrataciones

Se da la circunstancia de que, en la declaración voluntaria que Munar prestó ante la jueza durante la instrucción de la causa, aseguró no tener "nada que ver" con la contratación de empleados por parte del Cilma. Mientras, tanto Nadal como su secretaria personal y la de Francesc Buils, se acogieron a su derecho de no declarar ante la magistrada cuando iban a ser interrogados por estos hechos en calidad de imputados.

La Fiscalía reclama en otra causa cuatro años de cárcel y siete millones de euros de multa para la expresidenta de UM, acusada de un delito de cohecho pasivo por el soborno de cuatro millones de euros que, junto a Nadal y el exconseller de Territorio Bartolomé Vicens, habría recibido de la promotora Sacresa a cambio de adjudicarle los terrenos palmesanos de Can Domenge. El juicio por estos hechos está pendiente de fecha.

Munar fue condenada a seis años de cárcel por las irregularidades en la adjudicación de los terrenos -el pago del soborno será enjuiciado aparte-, así como a cinco años y medio por desviar 240.000 euros públicos del Consell a favor de la productora Vídeo U, empresa que controlaba junto a Nadal, a través de testaferros, cuando ambos eran los máximos responsables de la Institución insular.

Otras causas

Cabe recordar que otras causas, como Picnic, también centran sus investigaciones en la contratación de personas afines a UM a través de distintos departamentos municipales a pesar de que realmente se dedicaban a captar votos para el partido nacionalista.

También otros procedimientos indagan la supuesta captación de votos por parte del partido y la posterior contratación irregular de distintas personas, principalmente pertenecientes a colectivos sudamericanos, en organismos públicos y empresas privadas por haber votado a la formación, disuelta en febrero de 2011 a raíz de las numerosas causas de presunta corrupción que pesaban a sus espaldas.