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El Día Grande de las Fiestas de Bilbao –que se celebra este viernes- ya no tendrá las tradicionales cargas policiales de antaño, cuando manifestantes de la izquierda abertzale y policías se enfrentaban por la colocación de la bandera española en el balcón del ayuntamiento. Casi cuatro años después del final de la actividad armada de ETA, la capital vizcaína será escenario de una protesta contra la decisión de los gobiernos español y francés de mantener encarcelados a 11 presos abertzales que padecen graves enfermedades, incluso con riesgo de muerte.

“Queremos dejar el tema político a un lado. Se trata de una cuestión de derechos humanos: por favor, no dejen que Ibon se muera en prisión”, afirma Gotzon Iparragirre. Su hermano fue detenido en 2010, bajo la acusación de haber participado en un atentado frustrado contra una comisaría de la Ertzaintza. Hoy continúa en la cárcel de Alcalá Meco, donde pelea a diario contra un sida que avanza velozmente. Actualmente, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU tiene una carpeta con su caso, admitido a trámite tras la presentación de un informe por parte de la Asociación Médica Mundial.

Este viernes, su nombre estará muy presente en la movilización de Bilbao. El acto cuenta con el apoyo de Sare –la red ciudadana que defiende los derechos humanos de los presos abertzales- y de varias “konpartsas”, tal como se conoce a los colectivos sociales, culturales y políticos que dan vida a las fiestas de Bilbao. Desde el ámbito partidista, el Consejo Ciudadano de Podemos en Euskadi ha emitido un comunicado en el que define esta manifestación como “un acto legítimo en defensa de los derechos humanos, que no menoscaba la memoria ni el respeto hacia las víctimas”.

En las horas previas a la movilización –que comenzará a las 12.30 y recorrerá el centro de la capital vizcaína-, desde el entorno de los presos abertzales se incidía en ese mismo aspecto. “Estamos hablando de 11 personas que, después de hacer todas las tramitaciones legales pertinentes, siguen estando en prisión, cuando les correspondería la libertad condicional por padecer una enfermedad grave o incurable”, indicó a Público Ohiana Barrios, psicóloga e integrante de la asociación sanitaria Jaiki Hadi. El pasado 25 de febrero, la Guardia Civil detuvo a Barrios y a otro integrante de ese colectivo, Fernando Aburua, por su supuesta colaboración con el denominado “frente de cárceles” de ETA. 48 horas después, ambos quedaron en libertad bajo fianza.

“Moneda de cambio”

“Con el anterior gobierno sí que hubo excarcelaciones con pulseras telemáticas o suspensiones de condena por enfermedades graves o incurables. Sin embargo, en los últimos tres años ha habido un inmovilismo brutal: ni siquiera se permite un traslado de centro penitenciario por motivos de salud”, continúa Barrios. De los 11 casos de “enfermedades graves” enumerados por Jaiki Hadi, 10 se encuentran en prisiones españolas, mientras que el restante está en Francia. Se trata de Juan Ibon Fernández Iradi, “Susper”, considerado por las autoridades españolas y francesas como uno de los ex jefes de ETA en territorio galo. Si bien a día de hoy sufre una esclerosis múltiple, un tribunal de París se ha negado a excarcelarle, argumentando que su enfermedad es “compatible” con la permanencia en prisión.

En el caso de España, las respuestas del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria son similares a la de su homólogo francés. “Es un no porque no, sin ninguna argumentación”, sostiene Kontxi González. Su pareja, el preso de ETA Txus Martin, se encuentra en la prisión de Zaballa (Álava). Tiene una esquizofrenia paranoide y una insuficiencia en el corazón, además de problemas de estómago. “Su cuadro clínico va en aumento y en la cárcel, aparte de darle la medicación, no hacen nada más”, denuncia su mujer. A su juicio, el gobierno del PP utiliza este y otros casos de presos enfermos como “moneda de cambio” para “conseguir votos”. “Es venganza, pura y dura”, agrega.