El Gobierno español nunca ha reclamado internacionalmente la soberanía de las aguas de Gibraltar seguramente porque tiene todas las de perder. Las continuas disputas entre España y Reino Unido, sumadas al conflicto de las últimas semanas, muestran como el enfrentamiento no tiene un final cercano.

La base del problema se encuentra principalmente en que el Gobierno de España lleva tratando de forma casi ancestral al Territorio Británico de Ultramar como una colonia. El último desencuentro surgido entre ambos ejecutivos fue el pasado 24 de julio cuando el Peñón decidió lanzar bloques de hormigón al mar en unas aguas que las autoridades gibraltareñas han reclamado como propias. Desde este punto de vista, Gibraltar puede realizar esta tarea sin discusión, pero el problema surge cuando España no reconoce esta soberanía. 

El conflicto por el control de las aguas gibraltareñas son tan antiguos como el Tratado de Utrecht de 1713 que es el único pacto que España utiliza para defender su forma de limitar la frontera del Peñón en el litoral. Fue a principios del siglo XVIII cuando se concedió la perpetuidad de la soberanía del territorio a la Corona británica. Sin embargo, casi tres siglos después, las autoridades españolas se agarran al clavo ardiendo por el que dicho Tratado no reconocía aguas jurisdiccionales, concepto que por aquel entonces ni existía y por el que se cedió al Gobierno británico la ciudad, el castillo y el puerto.

Cualquier territorio costero tiene proyección jurisdiccional sobre sus aguas adyacentes

Para el Reino Unido esto no tiene mayor importancia ya que siempre han dado por hecho que cuando se entrega un territorio, la cesión de las aguas territoriales van junto a éste. Y no iban tan desencaminados. Desde 1994, con la entrada en vigor de la llamada Constitución de los océanos -tratado aprobado en 1982 por la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM)- se consagraba la idea de que 'no existe costa seca', es decir, que cualquier territorio costero tiene proyección jurisdiccional sobre sus aguas adyacentes.

Sin embargo, el texto legal actual posee una 'claúsula interpretativa unilateral' que España ratificó en 1997 a través de una disposición de la Ley 10/1977: 'el presente texto legal no puede ser interpretado como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones a los espacios marítimos de Gibraltar que no estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713, entre las coronas de España y Gran Bretaña'.

Reino Unido no aceptó esta interpretación española y estableció para el Peñón un mar jurisdiccional de tres millas, a pesar de que la CNUDM otorga hasta doce a cada Estado. 

Es por ello que el Gobierno español nunca ha acudido a la justicia para defender su soberanía. Así mismo, las autoridades gibraltareñas acusan al Ejecutivo español de negarse a acudir al Tribunal Internacional de Justicia o al Tribunal para la Ley del Mar para discutir la jurisdicción de las aguas, seguramente a sabiendas de que poco tiene que ganar en esa batalla. 

Picardo ha retado al Gobierno español a acudir a foros internacionales para resolver los conflictos

De hecho, el pasado martes el ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo, retaba al Gobierno español a acudir a foros internacionales para resolver los conflictos pendientes porque confía en que, en caso de que la disputa acabe en manos de 'un tribunal internacional justo' o incluso antes las Naciones Unidas o tribunales internacionales, Gibraltar ganaría 'juego, set y partido'. De no ser así, Picardo instó a Mariano Rajoy a comenzar un 'diálogo político a tres bandas'.

Las declaraciones tuvieron lugar días después de que España impusiera controles extremos y estrictos en los accesos al Peñón que dieron lugar incluso a 5 horas de retenciones a la entrada y salida de Gibraltar.  Respecto a esto, Picardo ha pedido una 'investigación' de la Comisión Europea y ha reiterado que este tipo de controles podrían derivar en 'acciones legales' si finalmente se consideran 'apropiadas'.