ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, BNG, Compromís y Más País han registrado este jueves la comparecencia en el Congreso de Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que Juan Carlos I realizara la semana pasada una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, por los que ha abonado más de cuatro millones a la Agencia Tributaria.

Estos grupos, que junto al PNV registraron el pasado martes una nueva solicitud para crear una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades de los miembros de la Familia Real, reclaman la presencia de ambos en sede parlamentaria "ante la gravedad de lo sucedido en las últimas horas, días, meses y años en relación con la Casa Real", tal como sostienen en una nota remitida a los medios.

En esta dirección, piden la comparecencia del jefe del Estado para dar cuenta ante la Cámara Baja de la huida del rey emérito del país a Emiratos Árabes, quien está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo por el presunto uso fraudulento de tarjetas black, blanqueo de capitales y el supuesto cobro de comisiones en la construcción del AVE a La Meca. También, estos grupos aluden a las últimas informaciones sobre las hermanas de Felipe VI, las infantas Elena y Cristina, que aprovecharon una visita a su padre para vacunarse contra la covid-19.

En segundo lugar, solicitan la declaración del presidente del Ejecutivo para dar cuenta del papel del Gobierno en los mismos escándalos que afectan a la Corona. La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, cuya comparecencia fue rechazada por la Mesa del Congreso para explicar las regularizaciones del emérito, explicó en rueda de prensa el pasado martes que la Agencia Tributaria desconocía las intenciones de Juan Carlos I con el organismo público para evitar un delito fiscal. 

Esta doble petición no pasará previsiblemente de la Mesa del Congreso, como las anteriores solicitudes de comparecencias de los miembros del Gobierno para rendir cuentas sobre los gastos del viaje del emérito a Abu Dabi, así como las más de diez peticiones para crear una comisión de investigación relativa a las presuntas ilegalidades cometidas por Juan Carlos I, aforado a pesar de abdicar en 2014.

Asimismo, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha rechazado estas peticiones, alegando que la comparecencia del jefe de Estado en el Congreso sería "inconstitucional" y que corresponde a una "especie de fantasía de ERC", tal como ha señalado este jueves en unas declaraciones recogidas por Europa Press. También, ha defendido que el rey "ni puede ni debe" acudir a la Cámara Baja para dar explicaciones sobre su padre porque "se trata de una figura neutral políticamente", "un símbolo de la unidad del Estado".