Los socios del Gobierno se han unido en el Congreso para pedir una comisión de investigación relativa a las presuntas irregularidades que afectan a Felipe VI y Juan Carlos I, entre otros miembros de la Familia Real, así como sus influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí. Esta es la primera solicitud del año que se registra en esta dirección y, a su vez, el enésimo intento desde que comenzaron a conocerse los escándalos judiciales y económicos que envuelven a la Casa Real y, especialmente, los referidos al rey emérito. 

Si bien, esta iniciativa no pasará previsiblemente de la Mesa del Congreso, como en los anteriores intentos. El pasado mes de enero, los letrados avalaron por primera vez una solicitud de comisión parlamentaria sobre las tarjetas black usadas presuntamente por el ex jefe de Estado. La petición se centraba en las actividades del emérito desde su abdicación en 2014 hasta ahora, sin embargo, PSOE, PP y Vox volvieron a unirse para vetar una investigación sobre este aspecto. 

En esta ocasión, la solicitud registrada este martes por ERC, PNV, EH Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, Más País, Compromís y BNG no se centra sólo en las ilegalidades cometidas por el emérito y, dado su "carácter general", Unidas Podemos no se ha sumado –como en otras ocasiones–, porque está abocada a un nuevo rechazo por parte de la Mesa, ha justificado el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello. No obstante, ha recalcado que su grupo votará a favor de la iniciativa en la próxima reunión del órgano de gobierno de la Cámara Baja. 

"Es una comisión genérica y ya sabemos lo que pasa cuando llegan esas comisiones, que los letrados la rechazan", ha explicado Pisarello en referencia a la multitud de informes emitidos por el equipo jurídico del Congreso, que hacen alusión a la inviolabilidad de los miembros de la Familia Real para justificar su rechazo a estas peticiones. Asimismo, el diputado de En Comú Podem ha sostenido que las solicitudes de comisión deben centrarse en las acciones de Juan Carlos I después de su abdicación para obtener un informe favorable de los letrados, como el pasado mes de enero. Por ello, su grupo no descarta plantear de nuevo una comisión de investigación sobre el patrimonio del emérito, pues hay un "clamor" para aclarar el origen de esas actividades que "el propio presidente Pedro Sánchez ha calificado de perturbadoras".

Y es que, los grupos que han registrado esta solicitud lo han hecho después de que el monarca realizara una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, por los que ha abonado más de cuatro millones a la Agencia Tributaria. No obstante, la comisión tiene por objeto investigar "las presuntas irregularidades cometidas por miembros de la Familia Real, así como sus colaboraciones, el origen y el destino de los fondos y flujos monetarios referidos en los registros de uso de las llamadas tarjetas black y sus influencias en la política diplomática y comercial del Estado español con Arabia Saudí".

En este sentido, los partidos independentistas, nacionalistas y autonómicos plantean indagar sobre las "estructuras opacas, con la participación del ex jefe de Estado, para la adjudicación de contratos comerciales", en referencia a la presunta vinculación del emérito con el cobro de comisiones en la contratación del AVE a La Meca. Asimismo, solicitan revisar las posibles cuentas irregulares de miembros de la Familia Real en paraísos fiscales, así como el presunto blanqueo de capitales realizado por el padre de Felipe VI, uno de los motivos por el que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

También, piden investigar la presunta vinculación del actual jefe de Estado con las actividades ilícitas de su antecesor, pues según reveló el diario The Telegraph, Felipe VI consta como beneficiario de las transferencias vinculadas a su padre a través de cuentas off shore. Por esta razón, el monarca comunicó hace un año que renunciaba a la herencia de Juan Carlos I, una renuncia que no se puede materializar hasta el fallecimiento del emérito.