La Mesa del Congreso ha vuelto a tumbar un nuevo intento para que la Cámara Baja investigue el presunto uso de las tarjetas opacas por parte de Juan Carlos I con los votos en contra del PSOE, PP y Vox. Se da la circunstancia de que en esta ocasión, los letrados habían emitido un informe favorable a la creación de una comisión de investigación relativa a esta cuestión.

El PSOE, que en anteriores ocasiones había apelado a otros informes del quipo jurídico contrarios a una comisión sobre el emérito, ha mantenido su posición en contra al entender que el Congreso no tiene por objeto fiscalizar a la Casa Real. Asimismo, en esta ocasión, los miembros socialistas del órgano de gobierno han argumentado el rechazo a esta última petición "en coherencia a lo votado anteriormente", según han señalado fuentes parlamentarias a este medio.

Los letrados del Congreso han avalado por primera vez que la Cámara Baja investigue al monarca de acuerdo con el artículo 52.2 del Reglamento del Congreso, el cual recoge que las "comisiones de investigación elaborarán un plan de trabajo y podrán nombrar ponencias en su seno y requerir la presencia, por conducto de la Presidencia del Congreso, de cualquier persona para ser oída", según ha tenido acceso Público.

Diputados de Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís, CUP y BNG, los grupos que registraron la propuesta a mediados de diciembre, celebraron esta decisión y emplazaron al grupo socialista a votar a favor. Sin embargo, desde el momento en el que se conoció la noticia, el PSOE mostró su intención de mantener su posición, a pesar de este informe que, por otra parte, no es vinculante. Si bien, el dictamen de los letrados sentaba un precedente importante para que una solicitud de estas características atravesara los muros hasta ahora infranqueables de la Mesa del Congreso. 

En este sentido, el órgano presidido por Meritxell Batet ha rechazado solo en la legislatura presente, la XIV, hasta siete solicitudes registradas en cinco ocasiones (marzo, junio y diciembre de 2020) para indagar sobre las presuntas actividades ilícitas del exjefe de Estado. El criterio, a tenor de lo que había defendido el equipo jurídico de la Cámara Baja anteriormente, siempre se ha basado en que la Constitución establece la inviolabilidad del rey, una figura que, por lo tanto, "no está sujeta a responsabilidad". Asimismo, a pesar de que Juan Carlos I abdicó en junio de 2014 en favor de su hijo, su inviolabilidad constitucional "abarca todo el periodo en que se ejerce la jefatura del Estado", esto es, es permanente.

Cabe destacar que fuentes jurídicas de la Cámara Baja ya aseguraron a Público que los dictámenes sobre esta cuestión contienen postulados que pueden ser "erróneos", incluso sus argumentos pueden pecar de "ambiguos", como es la cuestión de la inviolabilidad constitucional del emérito y las diferentes investigaciones que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto sobre Juan Carlos I.

En esta última petición para crear una comisión parlamentaria, los partidos insisten en que el motivo de la investigación se refiere a hechos acaecidos tras la abdicación del monarca, por lo que no se le puede aplicar la inviolabilidad contenida en el artículo 56.3 de la Constitución española. Es más, según el Tribunal Constitucional, "la inviolabilidad es un privilegio de naturaleza sustantiva, relacionado con quien ostenta la figura del rey en nuestro sistema constitucional". Sin embargo -continúan- "parece evidente que esta prerrogativa, como ocurre con otros receptos constitucionales debe interpretarse de manera evolutiva, atendiendo a 'la conciencia social en cada tiempo y lugar'", sostiene el texto.

Asimismo, exponen otro motivo: "De acuerdo con los artículos 76 de la Constitución española y 52 del Reglamento del Congreso de los Diputados, este último podrá crear comisiones de investigación 'sobre cualquier asunto de interés público', único requisito material establecido por la Constitución y el Reglamento de la Cámara". En este sentido, el texto esgrime que la "sola implicación de personas de notoria relevancia pública", como la del exjefe de Estado, en la presunta comisión de un delito fiscal y un delito de blanqueo de capitales, "es una cuestión de interés público que justifica una investigación parlamentaria" como la que plantean.

Nuevo rifirrafe entre el PSOE y Podemos

Esta última noticia ha vuelto a ocasionar otro rifirrafe entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, que ha replicado a la titular de Defensa que investigar en el Congreso al rey emérito supone "precisamente defender las instituciones", mientras que "alienarse con la derecha y los ultras" es "una vez más decepcionante".

Robles había acusado esta mañana a Unidas Podemos de estar "cuestionando las instituciones". En una entrevista en Onda Cero, la ministra ha señalado que, "de alguna manera, cuando hay quien pretende investigar" al exjefe de Estado, se puede estar cuestionando la monarquía. "Y en una democracia sólida y seria no es bueno que se cuestionen las instituciones", ha añadido.