Tras el sorpresivo acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), PSOE y PP vuelven a la dinámica habitual de acusaciones cruzadas. Las rebajas en las penas de los condenados por los ERE en Andalucía, la independencia del Tribunal Constitucional (TC), la reubicación de los menores no acompañados que llegan a Canarias, la dimisión de la directora de fondos europeos del ministerio de Hacienda o la declaración de este viernes de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son solo algunos de los asuntos con los que la oposición ha recrudecido el tono contra el Ejecutivo. 

La decisión de TC de anular la condena por malversación de un ex alto cargo de la Junta de Andalucía abre la puerta a la anulación de las penas de cárcel de Manuel Chaves y José Antonio Griñán y ha soliviantado al PP, que acusa al TC de estar "borrando la corrupción del PSOE" para evitar "que tenga que ser Sánchez quien tramite los indultos a sus compañeros del PSOE de Andalucía". Así lo dijo Cuca Gamarra este martes.

Poco antes, y a cuenta del recurso contra la ley de amnistía que ni Génova ni las comunidades han presentado todavía, Alberto Núñez Feijóo ya había cargado contra el tribunal de garantías. "Tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional", aseguró en una entrevista en Onda Cero. La guerra de los populares contra el Constitucional no tendrá fin a no ser que Cándido Conde-Pumpido y los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez, que tuvieron cargos políticos en el Gobierno, dimitan.

Las palabras de Feijóo generaron un fuerte rechazo en las filas socialistas. Tanto en Ferraz como en Moncloa se transmitió un mensaje: el líder del PP debe rectificar. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, fue contundente en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros. "Exijo que rectifique esas afirmaciones que ponen en cuestión un poder tan fundamental como el TC. Porque esas declaraciones son muy preocupantes y de extrema gravedad", dijo. 

Del mismo modo, sobre el caso de los ERE, los socialistas andaluces reclaman "silencio prudente" al PP sobre las decisiones del TC. Así lo ha expresado este mismo jueves el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas. "Es una actitud que está más cercana al populismo y al negacionismo democrático porque el Constitucional es una institución básica en nuestra arquitectura democrática", ha destacado. 

Del mismo modo, desde el PSOE andaluz están estudiando acciones legales contra el PP y Vox por posibles delitos de injurias y calumnias, según confirman fuentes socialistas. "El PP no puede hacer lo que está haciendo estos días, no puede seguir llamando ladrones o golfos a los socialistas en general", ha destacado Espadas. En las filas del PSOE están recopilando estos señalamientos para ver si dan un paso hacia los tribunales. 

Menores no acompañados

La reubicación de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas también ha tensado las relaciones entre Gobierno y oposición. El PP acusa a Sánchez de no hacerse cargo de sus competencias y trasladarlas a los gobiernos autonómicos mientras extrema su discurso sobre migración acusando al Ejecutivo de ser el "responsable" de las muertes en el mar Mediterráneo o de "meter"  en aviones a menores a los que "deja en determinados barrios, ciudades o lugares del territorio español".

Sánchez afirmó el lunes su voluntad de pactar con el PP la reforma de la ley de extranjería. Fuentes gubernamentales señalan que la migración es una "cuestión de Estado" para justificar esa posición. Pero al mismo tiempo apuntan que los populares deben decidir en qué lado están, si con las posiciones de Vox o con las de la "solidaridad" entre comunidades autónomas que el propio Feijóo ha mencionado. 

Las palabras concretas de Feijóo el lunes tampoco han pasado desapercibidas en el Gobierno. La ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado al líder del PP "de tener tres caras" con los migrantes y de "alimentar bulos", tras lo cual ha apelado "a su corresponsabilidad y a discursos que no abracen esos mensajes xenófobos". 

No citarán a Gómez en el Senado

Si esta semana estaba señalada en rojo en el calendario del PP, no era por las jornadas del PP Europeo en Cascais (Lisboa) –en las que Feijóo ha participado este miércoles– ni por la votación de la toma en consideración de la ley de reforma del Poder Judicial que pactaron con el PSOE y que se votará este jueves. Es por la citación de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, para declarar como investigada este viernes ante el juez Juan Carlos Peinado. 

"Un hecho sin precedentes", denunció este miércoles Cuca Gamarra, "inédito" y del que Sánchez "no ha dado ni una sola explicación al respecto". Lo cierto es que entre una parte de las filas populares sorprende que Feijóo haya renunciado ya a llamar a Gómez a la comisión de investigación en el Senado que pusieron en marcha precisamente para acorralarla por sus negocios.

Gamarra ha defendido que para ellos las "explicaciones políticas" se piden a quien está en el ámbito de la política y que, por tanto, no procede citar a la esposa del presidente del Gobierno sino que debe ser Sánchez quien acuda a esa comisión. El PP amenazó hasta las elecciones europeas con llamar a Gómez.

Mientras tanto, en las filas del PSOE insisten en que "no hay caso" y que Gómez no ha hecho nada reprochable. El propio Sánchez volvió a transmitirlo con rotundidad en una entrevista realizada este lunes. En el aire está también la citación a Sánchez para la comisión de investigación del Senado que, pese a anunciarse por parte del PP, todavía no se ha concretado. 

Con todo, PSOE y PP mantienen la intención de acordar un nuevo gobernador y subgobernador del Banco de España en las próximas semanas, así como la renovación de las cúpulas de la CNMC y la CNMV. Más dificultades y más retraso se prevé para la renovación de RTVE.