La imagen de PSOE y PP pactando, en Bruselas, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha dejado varias lecturas. Una de ellas es el allanamiento del camino hacia más acuerdos bipartidistas en otras instituciones. Otra es que la brecha entre los partidos a la izquierda de los socialistas se hace todavía más grande. En concreto, entre Sumar y Podemos. Y tampoco termina de apaciguar los ánimos internos en el espacio de Yolanda Díaz. 

En Sumar aseguran que han estado al tanto de la negociación entre PSOE y PP en todo momento. De hecho confirman que en la lista de vocales propuestos para el CGPJ hay dos nombres de su elección: Carlos Hugo Preciado e Inés Herreros. La propia Díaz, aunque no verbalizó esta cuestión, señaló el mismo martes que se "había negociado conjuntamente el bloque progresista en proporción a los votos y los representantes".

Es decir, ocho vocales elegidos por el PSOE y dos por Sumar, un reparto similar al que tenían prácticamente hecho hace dos años con Unidas Podemos en el Gobierno. El veto del PP a nombres como el de Vicky Rosell fue una de las excusas de los populares para negarse a ese pacto. 

"Lo importante es desbloquear", transmitían en las filas de Sumar al cerrarse el pacto. La razón principal es que esto supone un "avance" ante el secuestro del CGPJ por parte del PP. Pero conforme fueron pasando las horas se vieron ciertas grietas.

La más reciente, con el propio PSOE. Este jueves el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, ha afeado a los socialistas conocer la proposición de ley que reforma el CGPJ después de haberse registrado. Ha avisado que la estudiarán y se tomarán su tiempo para fijar el voto. "No nos gusta que se nos den los textos cerrados. No son formas ni es el mejor camino", ha destacado.

Las fuentes consultadas por Público, en todo caso, señalan que en principio votarán a favor cuando llegue al Pleno del Congreso en el mes de julio. El propio Errejón destacó que el texto "tiene sentido" porque endurece las incompatibilidades para pasar de la política a la judicatura. Fuentes de Más Madrid ven razonable el acuerdo pero sí que insisten en reclamar más mejoras en la democratización de la justicia.

Públicamente han sido más duros con el acuerdo desde IU. Su coordinador, Antonio Maíllo, lo criticó en sus redes sociales. "La derecha cree que el Estado le pertenece y bloquea hasta que cree salirse con la suya. El PSOE yerra si pacta solo con quien quiere ser el zorro que vigila el gallinero", escribió. En una entrevista en RTVE afirmó también que la foto de Félix Bolaños y Esteban González Pons era una "vergüenza" al producirse en Bruselas bajo la mirada de la Comisión Europea. 

Fuentes de IU confirman que no están contentos con un pacto "bipartidista" y que "no es de Estado". En el partido reconocen que Sumar no ha sido tan protagonista de la negociación como podría haberlo sido. En todo caso, destacan que en el Congreso votarán a favor, que es positivo que haya habido renovación tras cinco años de secuestro. Y apuntan a que el problema lo tiene la izquierda, que debe trabajar por tener más influencia. 

Podemos y la "gran coalición"

Mientras tanto, en Podemos las críticas han sido especialmente duras. La formación morada liderada por Ione Belarra ha acusado directamente a PSOE y PP de formar una "gran coalición" y dar paso a una nueva legislatura donde ambas fuerzas son ahora los verdaderos socios de Gobierno. 

"Cada vez más gente se está dando cuenta de que este verano de 2024 se parece cada vez más al verano de 2011, cuando el PP y el PSOE reformaron la Constitución española para constitucionalizar los recortes en los servicios públicos. En aquel momento Zapatero creó de facto una gran coalición con el PP para aplicar los recortes frente a la crisis económica y ahora lo que está haciendo el PSOE es reproducir ese esquema", señaló Belarra. También, desde la tribuna del Congreso, afeó que los socialistas avalaran la "guerra sucia judicial" de la derecha. 

En ERC y EH Bildu las sensaciones no son tampoco buenas. Ambas formaciones han criticado el pacto y que no se contara con la mayoría plurinacional que favoreció la investidura de Pedro Sánchez. El descontento lo ha expresado este jueves Gabriel Rufián, en relación además con la inminente negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Que primero llamen al PP como han hecho con el poder judicial", ha dicho. 

Por su parte, en el PSOE minimizan estas críticas, que tachan de "sobrerreacción". "No hay gran coalición, es una exageración como tantas en el debate público", ha afirmado Bolaños este jueves. En las filas del PSOE entienden que querían tener más influencia en este tipo de cuestiones e insisten en que la legislatura seguirá adelante porque han demostrado su capacidad negociadora.

Una buena muestra de ello es que los contactos preliminares para los PGE ya están en marcha sin señales de posibles negativas. De hecho, el proceso formal ha comenzado ya este mismo jueves y las cuentas públicas son clave en la hoja de ruta del Ejecutivo.