José Luis Huerta, exgerente de Waiter Music, empresa relacionada con la trama Púnica, confesó ante el juez que financió fiestas del PP y eventos privados de varios alcaldes conservadores en Madrid con dinero público. El empresario declaró el pasado mes de mayo ante el instructor del caso de corrupción, pero su testimonio no ha trascendido hasta ahora. 

La Cadena Ser publica este miércoles la confesión de Huerta, considerado el empresario de cabecera de Francisco Granados para la organización de cualquier tipo de celebración. En su declaración, asegura que dirigentes del PP le exigían la financiación de actos del partido y particulares por las adjudicaciones públicas que le habían concedido.

Uno de esos eventos fue la comunión de la hija de Granados en 2008, a la que acudió, entre otros, Esperanza Aguirre. La factura de la fiesta ascendió a 48.000 euros, dinero que el empresario tuvo que poner de su bolsillo ya que el que fuera ex consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid se negó a pagar, según el testimonio de Huerta publicado por la Cadena Ser.

Los fiscales, según los audios, consideran que la mujer de Granados también estaba al corriente ya que nunca preguntó por las gastos de la comunión. ¿"A ella le daba lo mismo que fuera paleta o jamón?", le preguntan a Huerta, que responde: "Quería calidad siempre".

El exgerente de Waiter Music también organizó otras fiestas del PP en diversos municipios, como más comuniones karaokes, paellas, o actos para mayores. Como los alcaldes conservadores se negaban a pagar ─"con toda su cara"─, Huerta costeó los eventos en diversas ocasiones, con cargo a los beneficios obtenidos de las adjudicaciones. A veces, para cobrarse sus trabajos, también inflaba el precio de las facturas emitidas a los ayuntamientos, con el visto bueno de sus dirigentes.

En noviembre de 2017, el exgerente de Waiter Music eludió la cárcel tras pagar una fianza de 300.000 euros. Huerta fue imputado en la causa de la trama Púnica, que investiga la financiación ilegal del PP. Presuntamente pagó comisiones ilegales al PP a cambio de contratos públicos.