En unas elecciones generales en las que cada voto cuenta, cada batalla ganada, por pequeña que sea, puede acercar la victoria electoral a los partidos. Al menos así parecen haberlo entendido desde las formaciones, cuyos dirigentes políticos han peleado hasta el último detalle de una campaña que tiene un protagonista claro: la Junta Electoral Central (JEC).

El órgano, cuyos vocales son designados por el Poder Judicial y por el Congreso de los Diputados (donde reside su sede), es el encargado de velar por la transparencia y objetividad del proceso electoral desde diferentes ámbitos. Entre sus competencias está la de resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se le dirijan.

Las formaciones han apelado cada día a la Junta Electoral desde la disolución de las Cortes, a principios de marzo, a través de quejas, reclamaciones y consultas de diversa índole. Los objetos de estas reclamaciones son tan variados como las competencias que se le atribuyen al órgano, pero todas comparten un mismo objetivo: tratar de cohartar las herramientas del resto de rivales electorales.

La JEC no ha sido el único órgano que los partidos han tratado de instrumentalizar en este sentido, aunque sí que ha sido el más constante en el tiempo, y también el más decisivo. La Diputación Permanente, que asumió algunas de las facultades del Congreso tras su disolución, también jugó un papel importante durante la precampaña, pero su utilidad fue más efímera y menos decisiva.

El órgano encargado de velar por la transparencia del proceso electoral irrumpió en la arena política tan solo un par de días después de la clausura de Congreso y Senado. PP y Ciudadanos elevaron una serie de reclamaciones a la institución en las que acusaban al Gobierno de utilizar recursos y herramientas de la Aministración Pública para hacer campaña electoral por el PSOE.

En concreto, las formaciones señalaban las ruedas de prensa del Consejo de Ministros y los denominados “viernes sociales” porque entendían que la publicidad de los decretos que aprobaba el Ejecutivo representaba de facto una publicidad del partido. Los de Pablo Casado llegaron a plantear incluso que se prohibiera hacer ruedas de prensa del Consejo de Gobierno durante la precampaña electoral, una reclamación que el órgano desestimó.

Sin embargo, la situación cambió cuando la JEC admitió una queja elevada por Ciudadanos para instar al presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, a retirar los lazos amarillos y otros símbolos independentistas de los edificios institucionales, dada la obligación de los poderes públicos a mantener la neutralidad durante el proceso electoral.

Torra se negó en un principio a retirar estos símbolos y protagonizó varios tiras y afloja con el órgano, que llegó a advertirle sobre las consecuencias penales de no obedecer sus resoluciones. Al final, tras una recomendación del Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán) el presidente de la Generalitat sustituyó los símbolos, y, aunque en los días sucesivos siguió la polémica, al final no hubo consecuencias. Sin embargo, el hecho de que el órgano admitiera la reclamación, abrió la veda a una dinámica que se ha prolongado durante toda la campaña electoral. Las formaciones comenzaron a enviar quejas a la JEC sobre actuaciones presuntamente irregulares de sus rivales políticos.

Tuits, publicaciones de Facebook, páginas web de instituciones oficiales y actos de campaña se convirtieron en objeto de reclamación de las formaciones, y la JEC se transformó en una suerte de árbitro que resolvía conflictos de toda índole. En algunas de sus resoluciones la institución les recordaba a los partidos que sus competencias eran limitadas, y que no podía sustituir a órganos judiciales como el Tribunal Supremo (le habían pedido permiso para que Jordi Sánchez, candidato de Junts per Catalunya al Congreso que tiene abierto un procedimiento judicial por el 1-O, celebrase un debate electoral en la cárcel).

La polémica con el voto de los diversos funcionales

El último episodio decisivo se produjo cuando la JEC paralizó el debate electoral de Atresmedia por la presencia de Vox, un partido que no tiene la representación necesaria a nivel nacional para ser considerado de interés general. Al final, la decisión del órgano derivó en la celebración de dos debates, y llevó al presidente del Gobierno (que solo iba a participar en uno) a acudir a las dos citas televisivas.

Pero la Junta Electoral no ha estado en la palestra de la campaña solo por las luchas partidistas. El órgano ha sido objeto de polémica por una decisión motivada tras la reforma de la ley electoral que amplió el derecho a voto a las personas con diversidad funcional. La institución emitió una instrucción en la que instaba a los miembros de las Mesas electorales (presidentes y vocales) a apuntar el nombre de las personas con diversidad funcional que acudieran a votar bajo sospecha de coacción en su decisión.

Unidas Podemos elevó una queja aduciendo que “vigilar” el voto de los diversos funcionales suponía de facto un hecho discriminatorio respecto del resto del electorado. La Junta no retiró la instrucción y optó por ampliarla a todo el electorado, de manera que el cuestionamiento del voto por coacciones seguirá vigente.