Los ciudadanos vuelven a las urnas en Castilla y León inaugurando un nuevo ciclo electoral en España tras las elecciones de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, está por ver cuál será el resultado y si, en función del mismo, el Partido Popular decide pulsar el botón del adelanto electoral en Andalucía. "Estas elecciones no son cualquier cosa, tampoco para mí, que voy después", afirmó hace poco el propio presidente andaluz, Juanma Moreno.

Con todo, cada vez que los ciudadanos acuden a las urnas surgen dudas sobre el funcionamiento del sistema electoral y se abre el debate sobre si habría que reformarlo. Sin embargo, y en primer lugar, hay que señalar que cada comunidad autónoma —además de Ceuta y Melilla— tiene su propio sistema de elección, que está regulado por su estatuto de autonomía. Por lo tanto, hay que diferenciar cuándo se habla de unas elecciones generales y cuándo se trata de unos comicios regionales. 

En el caso de las elecciones generales, la Constitución establece que el Congreso de los Diputados está compuesto de "un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados". Actualmente, la legislación establece 350 asientos. Del mismo modo, la Carta Magna recoge que la circunscripción electoral es la provincia; esto es, los ciudadanos eligen un número u otro de representantes atendiendo a si viven en una provincia u otra. Esto explica cuando a veces se critica que hay unos votos que valen más que otros. Técnicamente, es cierto, ya que hay lugares en España que están sobrerrepresentados. Normalmente, son las circunscripciones pequeñas, donde los partidos con mayor implantación territorial —es decir, el PP y el PSOE— salen muy beneficiados. Por ejemplo, una fuerza política necesita muchos más votos en Madrid que en Soria para conseguir un diputado.

¿Por qué hay provincias sobrerrepresentadas?

Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) otorga a cada provincia dos diputados fijos (150). A las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se les asigna un asiento a cada una, constituyendo en esos casos un modelo mayoritario de elección, ya que los partidos se enfrentan en un juego de suma cero. El ganador se lleva todo el pastel. El resto de sillones (248) se proporcionan en función del número de personas censadas con derecho a voto en cada provincia.

Esos dos diputados fijos contribuyen a que haya sobrerrepresentación y haya menos proporcionalidad. Esto se hace porque la Constitución obliga a asignar una representación mínima inicial a cada circunscripción. Después, la LOREG concreta que deben ser dos diputados. Reducir de dos a un diputado reduciría la sobrerrepresentación y no haría falta hacer una reforma constitucional. 

Otro elemento que aparece en la ley es el porcentaje mínimo de entrada en el Parlamento a nivel provincial. Las formaciones deben sacar más de un 3% de los votos en la circunscripción para poder tener posibilidades de conseguir representación y formar parte del proceso de asignación de escaños. Si se eliminara este requisito, el sistema podría acercarse más a la pluralidad de la sociedad, pero incrementaría el número de partidos y provocaría que agrupaciones de nichos excesivamente reducidos puedan acceder a las instituciones. En el lado contrario, están los que abogan por sustituir el límite provincial por un límite nacional. Esta idea es muy criticada ya que partidos como el PNV podrían quedarse sin representación.

El modelo D'Hondt

Una vez se supera la barrera del 3% provincial, los partidos acceden al sistema de reparto que se ejerce mediante el modelo D'Hondt, ejemplificado en el artículo 173 de la LOREG. La distribución se hace en función del número de votos obtenidos en la circunscripción. 

Pongamos un ejemplo del funcionamiento de este sistema de conteo. Se eligen ocho diputados en una circunscripción y hay 480.000 votos válidos emitidos. La votación está repartida en seis candidaturas (A, B, C, D, E y F), que han logrado obtener más del 3%. Los resultados son los siguientes: A(168.000 votos), B(104.000), C(72.000), D(64.000), E(40.000), F(32.000). Lo que hay que hacer es dividir el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3, etcétera, hasta un número igual al de escaños correspondientes a la circunscripción. Una vez hecha esta operación se distribuyen los diputados según las cifras más altas. La candidatura A obtendría cuatro escaños. La candidatura B, dos escaños, y las candidaturas C y D, un escaño cada una. 

Otros países emplean otros modelos de conteo, como el método Sainte-Laguë, el cociente Hare o la fórmula Droop. Aquí está la clave. Si se cambia el modelo de recuento y asignación pueden variar de manera significativa los resultados de unas elecciones. Hay que señalar que la actual fórmula perjudica a los partidos pequeños y beneficia a los grandes. Con el ejemplo anterior se puede ver que al partido D le cuesta conseguir un escaño 64.000 votos mientras que el partido A obtiene su cuarto asiento con 42.000.

Cómo es el sistema en Castilla y León

Según el estatuto de autonomía de Castilla y León, los miembros de las Cortes se denominan procuradores, elegidos por "sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, mediante un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio".

La circunscripción electoral es la provincia y, en este caso, se otorga a cada una un número mínimo de tres procuradores. Después se asignará un asiento por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500 habitantes. El sistema para contabilizar escaños es el explicado anteriormente: el modelo D'Hondt. En total, se escogen 81 representantes. Además del beneficio que les da la fórmula de conteo, el PP y el PSOE son muy competitivos en las circunscripciones pequeñas, por lo que siempre se benefician electoralmente. Sin embargo, la España Vaciada puede arrebatarles escaños en provincias como Soria, donde se llevaban todo el pastel. En el siguiente mapa se puede visualizar el número de escaños que se eligen en cada provincia.

El presidente de la Junta tiene la posibilidad de convocar elecciones. Una vez se ha elegido el nuevo parlamento, el mandato dura cuatro años si no se disuelve la Cámara de forma anticipada. A diferencia de otros territorios como Madrid, si se han convocado elecciones anticipadas, no hay que ajustarse a los tiempos de la legislatura originaria. Por lo tanto, los castellanoleoneses no estarán llamados a acudir a las urnas en 2023.