Curiosa imagen es la de, en el camino que lleva al penal de Sevilla I, observar una bandada de pájaros, como sombras negras recortadas sobre el cielo azul, mientras aletean libres en las cercanías de unos postes eléctricos. En el interior de la cárcel, la senadora de Podemos, Maribel Mora, hoy en la lista de Adelante Andalucía al Parlamento de Andalucía, celebraba un mitin al que el Ministerio del Interior prohibió el acceso a la prensa.

El acto, que se transformó en un coloquio con los presos, comenzó a las 5 de la tarde y terminó hacia las 7. “Ha sido muy emocionante. La gente ha intervenido un montón. Nos han hecho un montón de preguntas, y reflexiones. Han contado sus tristezas”, dijo la senadora a Público en una breve conversación telefónica tras el acto. Mora es una persona absolutamente implicada en la mejora de las condiciones de las cárceles, y en que se cumpla el principio constitucional de reinserción que debe presidir toda la política penitenciaria. Lleva más de 20 años trabajando por ello desde el asociacionismo, y ahora también en el Senado, soportando excesivas dosis de incomprensión e ingratitud.

Los lances previos al mitin fueron un capítulo más que añadir a la lista de sinsabores, porque al ministerio del Interior, quizás pensando más en lo que le pudiera esperar de cara a las próximas elecciones europeas, que se producirán previsiblemente con varios líderes del llamado procés encerrados en prisión, entre ellos el exvicepresidente de Catalunya, Oriol Junqueras (ERC), no le acababa de gustar la idea.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, un hombre también de profundos conocimientos de los derechos de los presos y de sus condiciones de vida, recurrió a la Junta Electoral Central (JEC) para que se pronunciase al respecto.

Y la Junta, en una decisión del pasado jueves, vino a avalar la celebración del mitin con los siguientes argumentos. “El artículo 24.2 de la Constitución, en su segundo inciso declara que “el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio”. “El artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, señala que -prosigue la decisión de la JEC- los internos podrán ejercitar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, sin exclusión del derecho de sufragio, salvo que fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena”.

Un precedente con foto. Granada, 1986

En la política española existe al menos un precedente de un acto electoral en prisión. Fue en las elecciones generales de 1986, en la capilla de la antigua cárcel de Granada, bajo un enorme crucifijo. Allí, Rafael Fernández Piñar y Pepe Cid de la Rosa, miembros del Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista, que fundó Santiago Carrillo después de romper con el PC, hicieron lo mismo que Mora esta tarde. Aquel acto, al contrario que este, quedó retratado por el fotoperiodista Juan Ferreras.

Mora, después de todos los problemas, se plantó en la prisión y, en la puerta del penal, habida cuenta de que Instituciones Penitenciarias prohibió el acceso a los medios de comunicación, atendió a las preguntas de los periodistas. “Queremos llegar a todos los rincones de Andalucía. Queremos que todo el mundo esté informado. Las personas presas son también nuestros vecinos. Lo que ellos vayan a votar les va a afectar. Ellos votan y tienen derecho a ser informados. Nos parecería muy positivo y muy bueno que el resto de los partidos pudieran hacerlo también”, dijo Mora. Junto a ella, los también candidatos de Podemos, Mari García, Ismael Sánchez, Nacho Molina y Sandra Heredia.

Mora reclamó transporte público para todas las prisiones -en Sevilla, las de Alcalá y Morón no lo tienen, dijo-, propuso un programa andaluz de prevención de la tortura y los malos tratos, y reclamó para la Junta de Andalucía las competencias sobre la ejecución de las penas, en manos del Gobierno de España en este momento. “Las cárceles son servicios públicos”, dijo Mora.