El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y la consejera de Educación Lucía Figar han comunicado al presidente regional, Ignacio González, su intención de dimitir para no ser un impedimento en la configuración de un gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

La decisión de ambos dirigentes se produce tras su imputación por pagos fraudulentos en el marco de la Operación Púnica.  Una decisión de tintes cosméticos teniendo en cuenta que ninguno de los dos forma parte de las listas de Cifuentes.

Según se ha informado en un comunicado, Salvador Victoria ha presentado su dimisión en los cargos del PP de Madrid que ostenta tras conocerse su imputación. Minutos después, la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Lucía Figar, ha hecho lo propio. 

Lo ha comunicado en un encuentro con periodistas convocado de forma extraordinaria, donde ha explicado que no quiere "perjudicar al PP ni a la formación de Gobierno a Cristina Cifuentes". "No tengo ningún apego al cargo ni quiero hacer uso de mi aforamiento", ha añadido la hasta ahora consejera.

En el caso de Figar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga contratos por valor de 80.000 euros que la Consejería de Educación habría firmado con Madiva, una de las empresas del presunto 'conseguidor' de la red Púnica, Alejandro de Pedro, para trabajos de posicionamiento 'on line', y con EICO para la elaboración de una página para estudiantes extranjeros llamada 'www.studyinmadrid.es', donde se recogían todos la oferta educativa de la Comunidad.

Por su parte, la instrucción dirigida por el juez Eloy Velasco investiga a Victoria por tres supuestos pagos en negro que desde la Administración regional se habrían reclamado a la empresa Indra.

La actuación presuntamente delictiva que se atribuye a Victoria, que declarará como imputado el 26 de junio, está relacionada con la labor del exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, que reclamó presuntamente a la empresa, adjudicataria de numerosos contratos de la Administración regional, pagos en negro por un total de 120.000 euros que tendrían a De Pedro como destinatario. 

El juez Velasco investiga las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y otras administraciones.