La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que en la última reunión de la mesa de diálogo social que aborda la reducción de la jornada laboral "hubo avances" que le llevan a pensar que "hay posibilidad de acuerdo".

Díaz ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior a la celebración de un Consejo de Ministros que ha aprobado dos medidas relativas a su departamento: el anteproyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, y las medidas planificadas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en el ámbito laboral.

La vicepresidenta segunda ha revelado que durante el último encuentro con los agentes sociales en la mesa de diálogo fue "la primera vez que la patronal se adentró en el núcleo duro de la negociación", después de que el empresariado lleve meses participando en este foro sin hacer ninguna propuesta concreta.

Por este motivo, Díaz cree que hay "posibilidad de acuerdo"; en cualquier caso, como en otras ocasiones, la ministra de Trabajo ha avanzado que su intención es la de "aplicar el acuerdo de Gobierno" que fija una senda de reducción de la jornada, primero a 38,5 y después a 37,5 horas (en 2024 y en 2025 respectivamente).

Además, la vicepresidenta ha explicado que esta reforma (que se basará en una modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores) se hará a través de un anteproyecto de ley que el Ejecutivo pretende tramitar por la vía de urgencia (lo que reduce los plazos de tramitación parlamentaria para que la medida pueda entrar en vigor con mayor celeridad).

Se formaliza el plan de igualdad LGTBI en las empresas

En todo caso, Díaz ha insistido en que no se levantará de la mesa hasta que haya acuerdo y ha evitado poner un plazo concreto para el fin de la negociación: "Mi paciencia es infinita", ha dicho.

La titular de Trabajo también ha puesto en valor las medidas para evitar la discriminación y promover la igualdad de las personas LGTBI en las empresas, un plan que ya pactaron el Gobierno, los sindicatos y las patronales en el diálogo social y que ahora el Ejecutivo materializa a través de un decreto.

Tras la publicación de esta norma, las empresas de más de 50 trabajadores tendrán la obligación de iniciar una negociación con los representantes legales de sus trabajadores en el plazo de tres meses para implementar las medidas en el marco del convenio colectivo de la corporación. En el caso de no disponer de un convenio propio, el plazo para abrir la negociación se amplía hasta los seis meses.

La negociación en el seno de la empresa tendrá un plazo máximo de otros tres meses para alcanzar un acuerdo; si transcurrido este tiempo no se ha alcanzado un pacto, se aplicarán, como mínimo, las medidas recogidas en el Real Decreto aprobado este martes.

Entre las medidas planificadas se deberá incluir un protocolo frente al acoso y la violencia con prácticas preventivas y mecanismos de detección y de actuación.  El protocolo se aplicará tanto a las personas que trabajan en la empresa como a quienes solicitan un puesto de trabajo, al personal de puesta a disposición, proveedores, clientes y visitas, entre otros.

Además, se garantizará a todas las personas trabajadoras poder disfrutar los permisos que, en su caso, establezcan los convenios o acuerdos colectivos para la asistencia a consultas médicas o trámites legales, con especial atención a las personas trans sin sufrir discriminación por su orientación sexual o expresión de género.