Susana Díaz lo tenía todo calculado. La presidenta andaluza ha hecho coincidir la esperada presentación de su candidatura a la secretaría general del PSOE con el aniversario de su victoria en las elecciones autonómicas de marzo de 2015.

Esta semana no se cumplen dos años de legislatura, porque la falta de apoyos de un PSOE en minoría retrasó 80 días la investidura de la presidenta (que fue rechazada tres veces).

Además, la constitución del Parlamento, fecha oficial de arranque de la legislatura, no se produjo hasta el 16 de abril. Sin embargo, el Gobierno andaluz ha adelantado casi tres meses el balance de los primeros dos años del mandato de Díaz para hacer ostentación de sus políticas y exhibir la gestión de la presidenta, a cinco días de que presente oficialmente su candidatura a liderar el PSOE, el domingo en Madrid.

El Ejecutivo andaluz ha ofrecido un recorrido triunfal de todo el trabajo realizado en estos casi dos años para contrarrestar las críticas de la oposición, que vienen denunciando desde hace meses que el Consejo de Gobierno es un páramo desierto, que el gabinete de Díaz está a medio gas y que la presidenta está centrada en los líos del PSOE.

La batería de datos que ha arrojado este martes el Gobierno y todas sus consejerías sirven para lanzar la candidatura de Susana Díaz, que va a apoyarse mucho en su gestión como “un ejemplo de políticas de izquierdas”, a la par que exhibe su capacidad de diálogo con otras fuerzas, como Ciudadanos, el partido que sustenta su Gobierno.

Así, Díaz defiende que ha cumplido con más de la mitad de los compromisos de la legislatura, presume de haber reducido el paro en más de 140.000 personas, de destinar al fomento del empleo 2.287 millones de euros, de que Andalucía posea la mayor red de infraestructuras sanitarias de España y las tasas universitarias más bajas (congeladas desde 2011), de ser la primera comunidad en atención a dependientes (financiando el 78% de su coste, frente al 22% del Gobierno central) o de destinar ayudas de hasta 5.000 euros por familia en educación.

La formación de Albert Rivera, en cambio, ofrece un mensaje menos triunfalista. Los naranjas temen que las primarias del PSOE ralenticen la agenda legislativa de la Junta y, por primera vez, han acusado a Díaz de “no tener la cabeza en Andalucía”.

A modo de ultimátum, pero sin mucha contundencia, Ciudadanos ha advertido a la presidenta de que condicionará su apoyo en la negociación de los próximos Presupuestos andaluces (que coincidirá con el congreso federal del PSOE) a la aprobación de cuatro leyes contra el paro antes de verano.

El partido que sustenta al Gobierno de Susana Díaz cree que las primarias socialistas y el largo proceso congresual en el que se ha metido la presidenta pueden hacer perder el rumbo al Ejecutivo andaluz, y que algunas de las medidas comprometidas en el pacto queden en un cajón, como le ocurrió a IU cuando gobernaba con el PSOE en la legislatura pasada. La formación naranja tiene un doble discurso, bastante ambiguo, que pendula entre ser exigente y ser sumisos con los socialistas.

Por un lado proclaman su conformidad con el grado de cumplimiento del acuerdo de legislatura, que según sus datos se ha ejecutado al 53% en el ecuador del mandato, y por otro anuncian que retirarán su apoyo a Díaz si antes del mes de julio no se han aprobado en el Parlamento cuatro leyes y dos estrategias para la reactivación económica y la creación de empleo.

Se trata de la Ley de Emprendimiento, la Ley de Formación Profesional, la Ley de Mecenazgo y la Ley integral de Agricultura, todas ellas como parte de una estrategia de lucha contra el paro. Las otras tres medidas comprometidas son la Estrategia de captación de inversiones para Andalucía; la constitución de una mesa de trabajo para aplicar una nueva rebaja del IRPF y la creación de la oficina contra el fraude fiscal.

Para que entren en vigor en esta legislatura -siempre que se agoten los cuatro años de mandato y no haya adelanto electoral- las cuatro normas deben llegar al Parlamento en este periodo de sesiones, es decir, antes de julio, porque a partir de entonces el plazo de tramitación es de más o menos un año (entrarían en vigor en junio de 2018).

Ciudadanos lanza este mensaje a unos días de que Susana Díaz anuncie su candidatura a la secretaría general del PSOE. Teme que el proceso interno de los socialistas, en el que la andaluza parte como favorita, se solape con su labor como presidenta, y por eso apremia a Díaz a agilizar la tramitación de estas cuatro leyes. “Si quieren llamarlo ultimátum, llámenlo ultimátum. Lo que hay es una exigencia mayor”, advierte el presidente del grupo parlamentario, Juan Marín.

Doble discurso naranja

En realidad, el Gobierno andaluz ya ha presentado un calendario legislativo, aprobado hace unos días por el Parlamento, en el que las cuatro leyes que menciona Ciudadanos están fechadas para este periodo de sesiones. No es que el grupo naranja pida adelantar los plazos, es simplemente que reclama que se cumplan.

“La cabeza de Susana Díaz debe estar aquí en Andalucía, no en el PSOE federal”, avisa Marín. Sin embargo, el grado de exigencia de Ciudadanos no llega a pedirle la presidenta que dimita para dar paso a un relevo tranquilo, como le han pedido otros grupos, como PP, Podemos e IU. Marín se limita a decir que él, si fuera Díaz, dimitiría, y que si la presidenta hubiera estado centrada en Andalucía, la crisis de la sanidad pública que sacó a la calle a más de 50.000 personas manifestándose en Granada no hubiera ocurrido.

El pacto entre PSOE y Ciudadanos que hizo presidenta de Andalucía a Susana Díaz contiene 69 puntos, de los que ya se han cumplido 30. A grandes rasgos, ese documento se sustentaba en dos ejes: la lucha contra el paro y la lucha contra la corrupción, los dos asuntos que más preocupaban a los andaluces en 2015.

La formación naranja cree colmada sus expectativas respecto al primero de los ejes, que implicó la dimisión forzosa de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que no haya ningún diputado imputado en el Parlamento andaluz y que se creara una comisión de investigación sobre el fraude de las ayudas para la formación.

En cambio, en lo que respecta a la lucha contra el paro, Ciudadanos acusa a la Junta de no haber hecho lo suficiente, de ir mal encaminado y de trabajar demasiado despacio.

En Andalucía hay más de 900.000 parados, una cifra alarmante en el caso del desempleo juvenil, que alcanza incluso el 79% en algunas provincias, como Jaén. Marín ha pedido celeridad al PSOE, dejando escapar un argumento que irrita especialmente a los socialistas, y que durante muchos años fue el leit motiv de las críticas del PP: “Andalucía no puede vivir del subsidio y las subvenciones”.

La intensidad del mensaje de Ciudadanos, y la aparente presión sobre sus socios, contrasta con la tranquilidad del PSOE andaluz, que exhibe una comodidad absoluta respecto a la estabilidad del Gobierno y está plenamente concentrado en las primarias.

Marín no sugiere que vaya a romper el acuerdo de legislatura, pero sí amaga con no apoyar los próximos Presupuestos autonómicos de 2018, que empezarán a negociarse en junio o julio, coincidiendo con el proceso congresal del PSOE.

A todo esto, el PP andaluz es el partido más crítico con Ciudadanos, a quien reprocha su “docilidad y entreguismo” al Gobierno de Susana Díaz. Los populares cuestionan la credibilidad de los naranjas por esa forma de compaginar “sin pudor” el palo y la zanahoria, porque “dicen que van a sacar el palo, pero no tienen palo”, dice gráficamente un diputado popular. Las malas relaciones entre los populares y el partido naranja no impiden, sin embargo, que Marín deje abierta la posibilidad de gobernar con ellos en 2019, si el PP desbanca al PSOE andaluz como fuerza más votada.