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MADRID.- El Ministerio de Defensa, dirigido desde hace dos semanas por la conservadora Mª Dolores de Cospedal, ha negado que el caso de Andrés Merino, en huelga de hambre desde el 22 de noviembre y que este martes ha tenido que ser hospitalizado, sea "un caso político". Culpa a la abogada del exmilitar y al Tribunal Superior de Justicia de Murcia del retraso en la ejecución del fallo que este órgano emitió el pasado mayo.

El citado tribunal dio la razón a Merino en un proceso contra Defensa, anulando una resolución del Ministerio que disponía que las lesiones que el exmilitar sufrió en Afganistán en 2004, y en ya en territorio nacional en 2013, no fueron en acto de servicio. A continuación los jueces le reconocían "su derecho a recibir la pensión que con arreglo a la legislación vigente le corresponde", además del sueldo que habría percibido durante los casi cuatro años que duró el proceso judicial.

El Ministerio, según ha explicado a Público uno de sus portavoces y la abogada de Merino, estima que el cálculo de la pensión del exsoldado debe hacerse con el porcentaje de minusvalía que un Tribunal Médico Militar le otorgó en 2004, del 16%. Dicho tanto por ciento, al estar por debajo del 24, no da opción a recibir una pensión vitalicia sino un pago único que, según los cálculos de su letrada, sería de unos 40.000 euros.

"Defensa interpreta la sentencia de manera que aunque se haya anulado la resolución, no se ha anulado el porcentaje de minusvalía que se incluía en ella, del 16%. Para ellos es todo nulo menos ese punto, el que les conviene", explica la letrada del exmilitar. "Interpretamos que lo que procede es el pago de una pensión vitalicia, como la de cualquier trabajador cuando se declara su incapacidad permanente total", continúa.
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Fallo del Tribunal Superior de justicia Murcia en el caso del exmilitar Andrés Merino, en huelga de hambre frente al Ministerio de Defensa.

Un portavoz de Defensa ha expuesto que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia "no especificó qué grado de discapacidad le corresponde". "Es absurdo pensar que el Ministerio se opone a que este señor cobre algo a lo que tiene derecho", manifiestan desde el Ministerio, haciendo incapié en que en el periodo de tres meses del que disponía para el cumplimiento voluntario de la sentencia, el departamento que ahora dirige Cospedal se ofreció a pagar la indemnización que, a su juicio, corresponde a Merino.

Según la versión del Ministerio, fue tras la negativa de éste a recibir una indeminzación en vez de una pensión vitalicia cuando Defensa pidió una aclaración al tribunal. Pese a ello, y ya con Merino en huelga de hambre, altos mandos militares volvieron a ofrecer un pago único al exmilitar para que abandonara la protesta.

"Se trata de un tema administrativo"

En cualquier caso, desde el Ministerio de Defensa niegan que el retraso en el caso de Andrés Merino se deba a falta de voluntad política, tal y como han denunciado diputados que han prestado su apoyo al exmilitar, como la socialista Zaida Cantera: "Este tipo de cosas no llega nunca a las altas esferas, ni hay ninguna responsabilidad política en ello".

"Con arreglo a la legislación vigente, que es lo único que menciona la sentencia, a Andrés Merino no le corresponde una pensión", aseveran desde Defensa

"Se pagan miles de pensiones al año. El problema es que el tribunal no ha aclarado si lo que hay que pagar es una indemnización o una pensión. El órgano que gestiona las pensiones en el Ministerio de Defensa es meramente administrativo. Teniendo esa resolución sobre su minusvalía, lo que no puede hacer un funcionario es saltársela. Con arreglo a la legislación vigente, que es lo único que menciona la sentencia, a Andrés Merino no le corresponde una pensión", aseveran.

Por tanto, en Defensa se preguntan "por qué este señor no se sienta ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y por qué Zaida Cantera no habla con los magistrados del tribunal para que aceleren la aclaración de este caso, en vez de decir que el Ministerio no quiere pagarle".