La huelga que mantuvo paralizado el aparato judicial gallego durante más de 3 meses resucita ahora con epílogo inesperado. El martes de la próxima semana, tres de los delegados sindicales que organizaron los paros pasarán por los juzgados acusados de coacciones, falta de respeto a la autoridad y escraches.

¿Judicialización, también, de la lucha sindical? Pablo Valeiras, uno de los imputados y portavoz de la Central Unitaria de Traballadores (CUT), no tiene ninguna duda. “Nos quieren escarmentar. Después del pulso que mantuvimos con la Xunta, están sitiando a los que organizamos la huelga. El Gobierno de Feijóo está actuando parapetado tras la Fiscalía y el sindicato denunciante (Unión Sindical Obrera) con una consigna clara: hay que ponerle las pilas a esta gente para que les entre el miedo en el cuerpo y no se atrevan a protagonizar nada parecido”, denuncia el líder obrero en conversación telefónica con 'Público'.

Valeiras viene a sugerir que Alberto Núñez Feijóo está calcando una de las estrategias con que Mariano Rajoy intentó reprimir las movilizaciones surgidas del 15-M: las multas a los movilizados –en este caso huelguistas-- como incentivo desmovilizador. Pues la mira sancionadora no solo apunta a los líderes sindicales. Trabajadores rasos de la Justicia gallega han sido identificados por los denunciantes, y las centrales temen que se tengan que enfrentar a multas por infracciones de discutible y discutido encaje penal. “Si ya ir a la huelga supone un sacrificio económico para todos nosotros –a mí me ha costado 6.000 euros--, imagínate sumarle estas multas arbitrarias e inquisitoriales por, sencillamente, participar en una concentración o en un escrache”, añade Valeiras.

Esta “protesta histórica” --como la calificó El País hace dos meses-- contra los recortes salariales y de personal orquestados por la Xunta, se inició el 1 de diciembre de 2017 y se convirtió en indefinida el 7 de febrero de 2018. Finalmente, el conflicto se saldó con un acuerdo no satisfactorio para todas las partes. UGT, CCOO, CSIF y Unión Sindical Obrera acabaron firmando la propuesta del Gobierno gallego, mientras que fue rechazada por Alternativas na Xustiza-CUT, el sindicato nacionalista CIG (cercano al Bloque) y el de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ, de ámbito nacional). Estos últimos acusan a los primeros de haberse plegado por razones incomprensibles o espurias a los designios de Feijóo. De hecho, se constata que firmaron unas condiciones prácticamente idénticas a las que habían rechazado airadamente apenas una semana antes. Lo sucedido entre medias lo confesó el propio vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una entrevista a La Voz de Galicia. El número dos del Gobierno gallego negoció en secreto y a espaldas del comité huelga con los sindicatos que finalmente se doblegaron a la propuesta, excluyendo a las tres otras centrales (que representan al 40% de los trabajadores gallegos del sector).

Pablo Valeiras, portavoz de la Central Unitaria de Traballadores (CUT)

También el director general de Xustiza de la Xunta, Juan José Martín, participó en estas maniobras en la oscuridad, como reconoció en entrevista concedida el pasado 5 de mayo a El Ideal Gallego: “Desde el mes de febrero mantuve contactos, a veces discretos, con todo el mundo que quiere contactar o se deja contactar”, confesó. Ese comité de huelga en la sombra, formado por CCOO, UGT, CSIF y USO y dos de los más altos funcionarios de la Xunta, discriminando al resto de representantes de los trabajadores. es lo que inspira a CUT a acusarlos de traición.

La división del frente sindical ha sido tan traumática que el sindicato mayoritario en el sector (USO) es una de las partes denunciantes del segundo en representación (CUT). “Hay que tener presente que SPJ-USO y la Administración gallega comparten parte de su estructura: varios altos cargos de la Xunta (jefes territoriales o incluso el propio director general de Emergencias) fueron en las candidaturas de SPJ-USO, o estuvieron liberados por ese sindicato. Cargos del sindicato son afiliados o afines al PP. Son el primer sindicato de Galicia, mientras que en el resto del Estado, salvo Andalucía, son residuales”, concluye Valeiras.

El líder sindical tendrá que comparecer el martes 26 en la sede de la fiscalía en Pontevedra. “La denuncia contra mí está dirigida a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y parte de un delegado sindical de USO en Ourense”, revela portavoz de CUP. “Estamos citados como investigados, anteriormente imputados, Josefina Iglesias (AXG-CUT), Quique Araujo (STAJ), y yo mismo. A mayores están también denunciadas varias trabajadoras, que por el momento no han sido citadas para prestar declaración. La citación es consecuencia de la declaración de un delegado sindical de SPJ-USO en Pontevedra que argumenta que todo estaba orquestado por nosotros, y que coaccionamos a los trabajadores a la hora de votar. El otro delegado que fue llamado a testificar, del Sindicato CSIF, dijo que fue una votación con tensión, pero que la calificó como algo normal después de una huelga tan larga y amarga”, concluye.

Este lunes, dirigentes sindicales de las centrales afectadas se reunieron en el Parlamento Galego con Marea, PSOE y Bloque para explicar esta presunta represión sindical. Las tres formaciones se comprometieron a presentar una pregunta parlamentaria al Gobierno gallego para pedir explicaciones sobre, en palabras de Valeiras, “la caza de brujas contra los sindicatos que no firmamos el acuerdo”.